La nueva ordenanza de convivencia de Barcelona entrará en vigor el 15 de febrero
Tras veinte años en vigor, la ordenanza de convivencia de la ciudad de Barcelona, que entrará en vigor el 15 de febrero, se actualiza y se transforma “en un texto consensuado que refuerza el civismo, la responsabilidad compartida y la mediación”. Además, “apuesta por la protección de personas vulnerables con más medidas alternativas a la sanción” y por mejorar la coordinación con los servicios sociales.
La nueva ordenanza introduce cambios significativos para adaptarse a una sociedad más plural y a un uso más intensivo del espacio público, informaron fuentes del Ayuntamiento de Barcelona. Entre las medidas más destacadas, desde el consistorio se enumeran las siguientes:
- Endurecimiento de sanciones y nuevos agravantes: consumo de alcohol en espacios con presencia de menores, hasta 1.500 euros; prohibición de rutas etílicas, hasta 3.000 euros; micciones en zonas sensibles, hasta 750 euros.
- Nuevas conductas infractoras: promoción de pintadas no autorizadas; no diluir micciones de animales, hasta 300 euros; conductas contra la libertad sexual y la dignidad.
- Introducción del concepto de aporofobia —odio o menosprecio contra personas sin recursos— como eje discriminatorio.
- Refuerzo en el cobro efectivo de sanciones, incluyendo el pago inmediato para infractores no residentes para evitar impunidad.
- Medidas sociales y preventivas: mediación, alternativas a la sanción para personas vulnerables y planes preventivos como el despliegue de lavabos públicos.
Mejoras en los mecanismos de recaudación
La reforma también refuerza los mecanismos de recaudación para garantizar la efectividad de las sanciones, que actualmente supera el 50%. Para evitar situaciones de impunidad, se amplía el cobro inmediato a todas las infracciones (leves, graves y muy graves) para personas no residentes.
El texto incorpora el 34% de las enmiendas presentadas en fase de exposición pública, y se creará una comisión de seguimiento bimestral con participación de todos los grupos municipales para controlar la aplicación efectiva de la norma.
