Los incendios forestales disminuyen en 2020
Según el último avance informativo del Ministerio de Agricultura (MAPA) sobre la incidencia de los incendios forestales durante 2020, del 1 de enero al 11 de octubre, se constata una disminución del número de incendios y total de hectáreas quemadas. Durante 2020, la superficie forestal quemada ha sido de 62.904,39 ha frente a las 79.731,98 ha de media, igualmente el total siniestros es de 7.158 (2020), frente a la media en el último decenio de 10.617 ha.
La información dada por el Ministerio tiene carácter provisional, estando sujeta a ajustes derivados de la discriminación de incendios ocurridos en terrenos no forestales o la medición precisa de las superficies afectadas, entre otros.
El periodo más complicado de 2020 se ha producido a finales de agosto en el norte de España, en concreto en la provincia de Orense se desataron 11 graves incendios de manera simultánea, lo que provocó que se activara la Fase 2, por darse "una situación de emergencia que, en su evolución previsible, puede afectar gravemente a la población y a los bienes de naturaleza no forestal -principales vías de comunicación y redes de suministro”.
El balance provisional fija una disminución del número de incendios y del total de hectáreas quemadas.
Así durante lo que va de año, se ha vuelto a repetir la problemática de los incendios en las áreas urbano-forestal. Por ello, desde Tecnifuego, Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, se insiste en la necesidad de implementar los Planes de Emergencia en todos los municipios y urbanizaciones, llevar un mayor control para que se cumplan, y realizar una revisión de la legislación.
Cuando se trata de salvar a las personas, la emergencia se vuelve más acuciante, y la reacción de los equipos de extinción debe ser rápida y unánime. Por ello, Tecnifuego se ha sumado al planteamiento de numerosos expertos que reclaman a las autoridades un cambio en la legislación y en las políticas de gestión de los montes (prevención).
En este sentido, parece evidente que la legislación debe ser más exigente en el plano de la protección civil, haciendo un seguimiento sobre la implementación de los planes de autoprotección y una gran campaña de concienciación ciudadana sobre los incendios. Igualmente los accesos a las urbanizaciones y poblaciones deben estar abiertos y en perfectas condiciones para que puedan acceder los cuerpos de emergencia. La instalación de medidas de seguridad contra incendios, como hidrantes que aporten gran caudal de agua; la ignifugación de áreas perimetrales y las propias viviendas; la plantación de vegetaciones ignífugas en las calles, áreas de recreo y jardines de las viviendas; el fomento del pastoreo; y la recogida y limpieza del material inflamable durante el invierno, completan las medidas elementales que se deben tener en cuenta para mitigar los efectos de los incendios en la interfaz urbano forestal.
En lo relativo a desarrollar una legislación específica. Se trata de contemplar, como en otras áreas y actividades, la instalación de protección contra incendios activa (hidrantes, BIE, extintores, detección…) y protección pasiva de los edificios: reacción de los materiales (que no ardan o tarden en arder) y su resistencia para que no colapsen, y pueda haber evacuación; zonas confinadas y protegidas durante las horas que puedan tardar los equipos de rescate; que haya accesos y estén en perfectas condiciones para los cuerpos de emergencia, etc.
A la legislación hay que añadir la concienciación de las poblaciones. Para ello, es necesario lanzar campañas de concienciación periódicas que consigan involucrar a los ciudadanos en la prevención y cuidado extremo del monte.
Con prevención, equipamiento y concienciación, salvaremos del fuego muchas hectáreas cada año, hasta conseguir el objetivo de los servicios de salvamento y extinción #OIncendios.
