El nuevo convenio de seguridad privada regula las subidas salariales hasta 2030 y la jubilación parcial

El nuevo Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad, publicado en el BOE el pasado 18 de abril, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2030. El acuerdo da continuidad al marco plurianual adoptado por el sector en los últimos años e introduce cambios que afectan tanto a las condiciones económicas como a determinados aspectos de la organización del trabajo.

Entre sus principales referencias se encuentra la evolución de las retribuciones. El convenio establece un incremento del 3% en 2026, del 3,5% en 2027, del 4% en 2028, del 4% en 2029 y del 4,5% en 2030 para todos los conceptos retributivos.

A esta evolución se suma una cláusula de garantía salarial vinculada al IPC. Para el primer periodo previsto, si el incremento del IPC general entre enero de 2023 y agosto de 2026 supera el experimentado por los conceptos retributivos desde finales de 2022, estos se actualizarán por la diferencia, con un límite máximo del 2%. Si procede, la revisión tendrá efectos desde enero de 2027. El convenio establece un mecanismo equivalente para el periodo comprendido entre 2027 y 2030, cuya eventual actualización tendría efectos desde 2031.

Para la Federación Empresarial Española de Seguridad (FES), la dimensión económica ha sido uno de los aspectos centrales de la negociación. La federación señala que durante este proceso ha defendido la necesidad de compatibilizar las mejoras de las condiciones laborales con la viabilidad de las empresas, especialmente de aquellas que operan con márgenes reducidos y mantienen una elevada dependencia de la contratación pública.

Otro de los cambios del convenio afecta a la jubilación parcial. El nuevo marco establece un régimen por el que las empresas deberán aceptar un determinado porcentaje de las solicitudes presentadas por trabajadores que reúnan los requisitos establecidos y hayan cumplido 63 años. Ese porcentaje se determinará anualmente tomando como referencia el nivel de absentismo por incapacidad temporal correspondiente al CNAE 80, Actividades de seguridad e investigación.

La medida comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027. El convenio contempla distintos porcentajes de aceptación en función del nivel de absentismo y establece los criterios que deberán utilizarse cuando las solicitudes superen el porcentaje que la empresa esté obligada a asumir. Entre ellos figuran la edad, el orden de solicitud, las jornadas efectivamente trabajadas durante el año anterior y la antigüedad en la empresa.

El acuerdo incorpora asimismo modificaciones dirigidas a mejorar la conciliación y la previsibilidad de los tiempos de trabajo. A la libranza de al menos un fin de semana al mes, ya contemplada con determinadas excepciones, se añaden nuevos periodos de descanso de 48 horas consecutivas que deberán coincidir, al menos parcialmente, con sábado y domingo. Será uno al año en 2027, dos en 2028 y tres a partir de 2029.

También se amplía la libranza vinculada a las fiestas navideñas. Los trabajadores librarán al menos una de las noches del 24 o del 31 de diciembre y la mañana del día siguiente correspondiente. Cuando las condiciones del servicio lo permitan en los supuestos establecidos por el convenio, la libranza alcanzará también al turno de tarde de ese día.

La planificación anual gana igualmente presencia. El convenio establece que, como mínimo, el 75% de los servicios de la empresa deberá disponer de cuadrante anual, una previsión que se aplica exclusivamente a los servicios fijos o estables. En ellos deberán figurar los días de servicio, descansos y periodos de vacaciones, dentro de las reglas previstas para la distribución de la jornada.

Para los servicios sujetos a órdenes mensuales de trabajo, estas deberán entregarse con al menos siete días naturales de antelación al comienzo del mes en el que vayan a surtir efecto. El propio convenio permite que empresa y representación legal de los trabajadores acuerden una antelación superior.

Entre las novedades económicas de carácter más específico figura la extensión del plus de radioscopia aeroportuaria al personal que presta servicio en puestos de control de carga y correo aéreo. Para acceder a estos servicios será necesario acreditar la formación y certificación exigidas en cada momento por la normativa aplicable.

La aplicación de esta ampliación será progresiva. El complemento comenzará a devengarse a partir del 1 de enero de 2027 y estará vinculado a servicios derivados de licitaciones públicas o privadas cuyos expedientes se inicien después de la publicación del convenio en el BOE.

El texto aborda otras cuestiones que deberán desarrollarse durante su periodo de vigencia, pero que todavía no implican modificaciones inmediatas. Entre ellas se encuentra la revisión del régimen de clasificación profesional, para la que se constituirá una comisión mixta que prestará especial atención al personal de seguridad mecánico-electrónica ante los nuevos desarrollos tecnológicos del sector.

Para FES, la firma del convenio tiene una relevancia añadida por su regreso a la Comisión Negociadora después de años de ausencia. La federación califica su participación como una reivindicación histórica de sus asociaciones y empresas asociadas y destaca que su presencia ha permitido incorporar a la negociación las circunstancias de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen una parte fundamental del tejido empresarial de la seguridad privada.

Su participación en las negociaciones ha implicado, según explica la organización, asumir responsabilidades y priorizar el interés general del sector. En algunos momentos, este planteamiento ha supuesto dejar al margen determinadas pretensiones para favorecer la consecución del acuerdo.

El resultado, a juicio de la federación, aporta certidumbre y ordena el marco laboral para los próximos años, aunque la firma del convenio no resuelve todos los problemas que afronta la seguridad privada. Persisten retos en los ámbitos laboral, regulatorio y económico que deberán seguir abordándose desde el diálogo y la cooperación. En este escenario, FES reafirma su compromiso con la representación empresarial y, de manera particular, con las pymes del sector.