Andimac alerta sobre la caída del 82% en ayudas a la rehabilitación y urge a clarificar el nuevo Plan Estatal de Vivienda

Andimac advierte de un desplome del 82% en las solicitudes de ayudas a la rehabilitación durante el primer semestre de 2025, lo que anticipa un freno a la actividad del sector en España. La asociación, que representa a la distribución profesional de materiales para edificación y rehabilitación, subraya la necesidad de acelerar y clarificar el nuevo marco de ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, mejorar la dotación presupuestaria y optimizar los instrumentos de apoyo para garantizar la modernización del parque residencial y el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética.

Según los datos recopilados por la asociación que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación (Andimac), las solicitudes de ayudas a la rehabilitación en España registran un descenso significativo durante 2025. Entre enero y junio se tramitaron 11.716 solicitudes, frente a las 65.737 registradas en el mismo período de 2024, lo que supone una caída del 82%. En 2023 se habían solicitado 52.564 ayudas, reflejando un descenso del 77% en comparación con ese año.

La asociación advierte que esta reducción impactará directamente en la demanda de la actividad rehabilitadora, especialmente a medida que finalicen en agosto de 2026 las obras actuales y las vinculadas a los Fondos NGEU. Por ello, la patronal considera urgente acelerar y clarificar el nuevo marco de ayudas del Plan Estatal de Viviendas 2026-2030, definiendo de manera precisa los instrumentos de apoyo y la dotación prevista.

A nivel cuantitativo, el despliegue de fondos hasta la fecha se ha mostrado insuficiente: el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) estimaba rehabilitar hasta 410.000 viviendas entre 2021 y 2026, mientras que se espera que las ayudas finalmente alcancen unas 320.000 unidades. En junio de 2025, las ayudas definitivas para mejora energética sumaban un total de 246.000 viviendas.

Andimac advierte que el actual ritmo de rehabilitación edificatoria representa un riesgo para la modernización del parque inmobiliario. La actividad anual apenas alcanza las 27.000 unidades, lo que supone unas 275.000 viviendas rehabilitadas en la última década, cifras muy inferiores a las 160.000 unidades anuales comprometidas en la primera versión del PRTR y lejos del objetivo de 300.000 unidades por año para 2030. Según la asociación, esta situación contribuirá a agravar la obsolescencia del parque y evidencia la falta de políticas preventivas sostenidas en datos concretos.

La patronal señala que España podría desaprovechar los fondos europeos destinados a mejorar la calidad del parque edificado. Por ello, Andimac reclama prolongar la disponibilidad de estos fondos más allá de agosto de 2026 y propone la implementación de campañas dirigidas a la ciudadanía para fomentar una cultura de la rehabilitación, tanto para mejorar el bienestar colectivo como para cumplir con los objetivos de eficiencia energética.

Asimismo, la patronal viene advirtiendo desde hace tiempo de las limitaciones del actual marco de regulación de las ayudas para la rehabilitación. Entre ellas, la enorme dispersión que existe hoy en día; la falta de actualización de sus niveles de intensidad estimados a los costes reales de los materiales. A nivel autonómico, destacan las barreras detectadas ante la ausencia de preconcesiones que prolonga los tiempos administrativos, además de no adelantar las ayudas a los propietarios pese a disponer desde hace meses de los recursos en tesorería, lo que impide incentivar la toma de decisión.

La asociación advierte que, una vez agotados los fondos disponibles, el país no puede asumir el riesgo de no implementar medidas contundentes en rehabilitación edificatoria. Esto requiere tanto dotación presupuestaria directa, mediante ayudas a las familias, como indirecta, a través de incentivos fiscales.

Según la asociación, la falta de acción no solo dificultaría el cumplimiento de los compromisos de descarbonización y ahorro energético, sino que también incrementaría el riesgo de pérdida de valor de los inmuebles —donde reside el 70% del ahorro de las familias— y aceleraría la degradación de la vivienda construida durante el desarrollismo, núcleo histórico de las ciudades españolas.