Tras el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros, CNC advierte de que también disparará los costes administrativos y de gestión

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) alerta de que la ampliación del objeto social de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) para la ejecución de actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana dejará fuera a las pymes especializadas en reformas, tras el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros, donde a su vez se aprobó el Real Decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En este marco, la patronal sostiene que hay un riesgo evidente de que SEPES acumule todas las actuaciones pendientes de ejecutar de diferentes administraciones en materia de reforma y rehabilitación debido al retraso en la implementación de los fondos europeos y licite un “macro contrato” que deje fuera a las pequeñas y medianas empresas especializadas en rehabilitación.

En esta línea, desde CNC proponen que no se huya de la normativa pública de contratos que debe favorecer a todo el tejido empresarial y, principalmente, a las pymes; por lo que defienden que sea cada administración la que saque sus propias actuaciones de rehabilitación a licitación, cumpliendo así los principios de igualdad de acceso y transparencia.

Asimismo, CNC considera que la ampliación de competencias también supone un incremento de la burocracia, puesto que implica mayores costes administrativos y de gestión y la sustracción de determinadas actuaciones de las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público, lo que en la práctica supone una menor transparencia.

Si bien la construcción reconoce algunos avances, como los relativos a la introducción de tres deducciones fiscales para impulsar la rehabilitación o a la creación de una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), alega que hay otro problema añadido. Y es que las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana implican, según ha fijado Europa, que un 70% de los residuos que se generen se reciclen. Por ello, propone actualizar el Real Decreto de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, que data de 2008, para ayudar a las empresas a abaratar costes y sortear trabas a la hora de apostar por la economía circular.

En cualquier caso, CNC plantea acelerar la ejecución de los fondos europeos para evitar “cuellos de botella” que retrasen el ritmo de recuperación, pidiendo a la Administración que actúe con agilidad ante la licitación de los proyectos, máxime teniendo en cuenta que la llegada de nuevas ayudas se encuentra supeditada al logro de determinados objetivos.

La patronal también advierte de que el retraso en la gestión de los fondos europeos se verá agravado por la falta de 700.000 trabajadores y el incremento en el precio de las materias primas; desafíos frente a los que insta a captar mano de obra cualificada a través de la Fundación Laboral de la Construcción, a derogar la Ley de Desindexación y a establecer un sistema para reequilibrar económicamente los contratos, de manera que pueda garantizarse tanto la viabilidad de los proyectos como la estabilidad de los contratos -nuevos y en curso-.

Según el presidente de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, “el plan de recuperación es para ayudar a la economía, pymes y autónomos… No tiene ningún sentido habilitar a una empresa pública para que realice la actividad que mayor impacto puede generar y que le corresponde al tejido empresarial. Además, SEPES no cuenta con los medios suficientes para su ejecución, lo que va a provocar un abuso en la subcontratación con perjuicio evidente sobre las pymes”.