Greenward Partners confía en que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética incorpore en el Senado un planteamiento más ambicioso en materia de rehabilitación de edificios y eficiencia energética

15/04/2021

Greenward Partners, primera compañía especializada en la activación del capital ecológico en España, considera enormemente positivo que España vaya a disponer de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pero lamenta que el texto aprobado por el Congreso de los Diputados, el pasado 8 de abril, suponga una oportunidad perdida en materia de rehabilitación energética:

“La rehabilitación energética es una materia tan importante para lograr los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea, que resulta sorprendente que solo sea objeto de un artículo -el 8- y de escasos puntos repartidos a lo largo de la Ley”.

“La Ley carece de medidas concretas que sirvan para impulsar la rehabilitación energética en España y se limita a remitir al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y a la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE) como instrumentos de referencia”.

“No resuelve uno de los grandes obstáculos que frenan el desarrollo de la rehabilitación energética en España: la financiación, sobre todo teniendo en cuenta que las inversiones en esta materia previstas en los diferentes planes del Gobierno resultan insuficientes para lograr la neutralidad climática”. En este sentido, Greenward Partners recuerda que:

Las necesidades de inversión en eficiencia energética en España para 2021-2030 superan los 85.000 millones de euros y alrededor de la mitad de esa cantidad (más de 40.000 millones) corresponde a proyectos de descarbonización del parque edificado, de acuerdo con las estimaciones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).
El 75% del parque inmobiliario español se construyó antes de que entraran en vigor las primeras Directivas sobre eficiencia energética y el 80% de esos edificios seguirá en pie en 2050. Adicionalmente, 8 de cada 10 edificios son energéticamente ineficientes (calificaciones energéticas E, F o G).
La tasa de renovación de edificios en España se sitúa en aproximadamente el 0,2%, una cifra que dista mucho del 3% recomendado por la UE. La consecución de ese objetivo supondría un importante impulso a la economía española. Desde el punto de vista del empleo, hoy en día, en España la tasa de ocupación de la rehabilitación es del 2,2%, mientras que en países de nuestro entorno como Portugal, Francia o Italia se sitúa en el 3,9%.
El sistema de financiación PACE ha sido el principal motor de inversión privada en eficiencia energética por importe superior a 9.000 millones en USA.

“Valoramos muy positivamente que se haga referencia expresa a la promoción de la eficiencia energética en los edificios habitados por personas en situaciones de vulnerabilidad. Y consideramos que los recursos públicos disponibles para hacer frente a la rehabilitación energéticamente eficiente de edificios y hogares, muy limitados para afrontar las necesidades totales en España, deberían dedicarse mayoritariamente a desarrollar proyectos para los colectivos más vulnerables en cuestión de pobreza energética”. En este sentido, Greenward Partners recuerda que:

El último informe del MITECO publicado en 2020 con la actualización de indicadores de pobreza energética (con datos de 2019), muestra que:

El 7,6% de la población no pudo mantener una temperatura apropiada en su hogar.
El 6,6% incurrió en retrasos en el pago de las facturas de los suministros.
El 16,7% de la población tuvo un gasto energético desproporcionado respecto a su nivel de ingresos.
El 10,6% de los domicilios estaba afectado por la pobreza energética escondida (no consumen energía).
En total, 10 de cada 100 hogares en España sufrían pobreza energética en 2019.
Esta situación se ha visto agravada en 2021, por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19:
Solo durante los primeros meses del estado de alarma en España, cerca de 40.000 personas (más de 200 peticiones diarias) habrían solicitado beneficiarse del bono social eléctrico.
A junio de 2020, según el Boletín de Indicadores Eléctricos de la CNMC, el número de consumidores acogidos al bono social ascendía a 1,3 millones, su máximo histórico.

“Celebramos la inclusión de las cuestiones de circularidad en el entorno de la construcción y rehabilitación energética que aparece por primera vez en el art.8., aunque echamos en falta la concreción de los parámetros de referencia que se deben cumplir para alcanzar el requisito de tener la menor huella de carbono, máxime cuando se establece como criterio discrecional a las administraciones que otorgarán las licencias y permisos”.

“Aplaudimos las medidas incluidas en el artículo 30 que establecen que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero se destinen a la financiación de los costes del sector eléctrico para el fomento de las energías renovables, pero no comprendemos que no se incluya también la eficiencia energética como beneficiaria”.

“Valoramos positivamente que se incorpore la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y confiamos en que, no solo se haga con el fin de facilitar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las Comunidades de Propietarios, sino también los proyectos de rehabilitación energética. Además, sería deseable que se adelantara la fecha de modificación propuesta en la LCCTE, dado que se trata de una cuestión urgente, que ha sido reivindicada por el sector de la eficiencia energética desde hace mucho tiempo”.

“Celebramos el planteamiento de reforma del sector eléctrico, incluido en la disposición final decimoquinta y que permitirá la participación de los consumidores en los mercados energéticos, incluida la respuesta de demanda mediante la agregación independiente, así como la generación distribuida”.

Por todo ello, Greenward Partners, confía en que:

“Estos aspectos sean tenidos en cuenta y, en su paso por el Senado, el texto del Congreso sea completado con medidas y mecanismos concretos que sirvan para impulsar definitivamente la rehabilitación energética en línea con las directrices marcadas por la Unión Europea. En ese sentido, sería deseable la incorporación de instrumentos que permitan superar el obstáculo de la financiación y que fomenten la colaboración público-privada, que tanto está contribuyendo a la evolución en los países de nuestro entorno”.