Valoración positiva del sector renovables, porque aporta estabilidad y seguridad jurídica

El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado 22 de noviembre el Real Decreto Ley, por el que se prorroga el valor actual de la rentabilidad razonable de las instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos para los próximos 12 años, con lo que se palía la incertidumbre regulatoria de los proyectos existentes.

Según APPA, se trata de una norma "que evita la judicialización". Los sucesivos recortes a las energías renovables, que, tras la reforma del sector supusieron una reducción de la retribución del orden del 30% a las instalaciones, provocaron un aluvión de demandas contra el Gobierno. En las cortes de arbitraje internacionales, el Reino de España ha ido recibiendo diversas condenas al amparar a los inversores extranjeros la Carta de la Energía, algo que no sucede para los inversores nacionales. La nueva norma trata de devolver al sector renovable la estabilidad al evitar el vacío legal que se hubiera producido el 31 de diciembre de 2019 con el final del período regulatorio. Al fijarse la tasa de rentabilidad razonable para los próximos doce años se proporciona certidumbre a las inversiones y se da visibilidad a los ingresos futuros de un sector fuertemente regulado.

Para esta asociación, la próxima década será crucial para el desarrollo renovable nacional. El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima cifraba en más de 57 GW la nueva potencia renovable a instalar y en más de 101.600 millones de euros las inversiones necesarias. Inversiones que deberán ser efectuadas, en más del 80%, por parte de las empresas del sector. “Contar con una certidumbre sobre los activos existentes, que están funcionando desde antes de 2013, es fundamental para poder acometer nuevos desarrollos”, ha explicado el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig. “El sector ha vivido una gran cantidad de cambios regulatorios y debemos volver a la normalidad y a la planificación consensuada que nos dará certidumbre. Es necesario que todos los grupos políticos apoyen la vuelta a la racionalidad en un sector fundamental para la creación de industria nacional y empleo de calidad como es el sector renovable. Un sector que está llamado a ser el protagonista de nuestro modelo energético”, ha concluido Villarig.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha valorado muy positivamente el Real Decreto-Ley ya que establece un marco retributivo claro para los proyectos fotovoltaicos existentes. "Esta norma da respuesta a una necesidad urgente del sector fotovoltaico y renovable, que en los últimos años ha sufrido las consecuencias negativas asociadas a la inestabilidad regulatoria y a la constante incertidumbre que ésta supone", comentan.

La tasa de rentabilidad definida por el RD Ley, que permite a las instalaciones anteriores a 2013 mantener su actual tasa del 7,398% y fija en un 7,09% la tasa para las instalaciones posteriores, estará en vigor durante los próximos dos periodos regulatorios de seis años, a partir del 1 de enero de 2020.

El mantenimiento del valor de la rentabilidad razonable de aplicación al régimen retributivo especifico para los proyectos fotovoltaicos existentes es un paso importante hacia la estabilidad y seguridad jurídica y da señales positivas a futuro para los inversores. “Eliminar la incertidumbre es fundamental para atraer las inversiones necesarias para desarrollar los más de 30 GW de proyectos fotovoltaicos que se tienen que instalar a 2030 para cumplir con los objetivos definidos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima“ ha señalado Jorge Barredo, presidente de Unef.

Asimismo, desde esta asociación se alaba la iniciativa de concesión de la capacidad de acceso que se libere después del cierre de las centrales térmicas a tecnologías limpias en base a criterios medioambientales y sociales. “La fotovoltaica puede jugar un papel importante en aquellas zonas cuya economía está relacionada con los combustibles fósiles, al generar empleo local y cualificado, tanto en su vertiente de grandes proyectos, como en autoconsumo“, ha señalado Barredo.

Además, desde el sector fotovoltaico se espera que en el futuro inmediato se puedan regular las dos principales asignaturas que todavía quedan pendientes para asegurar un desarrollo estable del sector y atraer las necesarias inversiones. Por un lado, el establecimiento de un mecanismo de subastas de energías renovables homologable internacionalmente, y por otro lado, la definición de un proceso de ordenación de la concesión de los puntos de acceso y conexión a la red eléctrica que sea transparente, para evitar posiciones dominantes.

Para la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la aprobación del RDL facilita la aportación de las energías renovables en nuestro sistema energético para cumplir con los objetivos planteados en el borrador del PNIEC, y abordar los objetivos de incremento de renovables a 2030 y 2050 señalados por la UE. El RDL supone una medida importante para afianzar la seguridad jurídica para las instalaciones del sector eólico y una base fundamental para construir la confianza de los inversores de cara al reto de financiar la transición energética planificada en el PNIEC.

El RDL merece una valoración positiva en cuanto a que persigue garantizar un marco regulatorio y económico estable para el desarrollo de las energías renovables. La predictibilidad y estabilidad regulatoria son factores esenciales, ampliamente demandados por el sector eólico, sin los cuales sería imposible alcanzar el nivel de inversión y el empuje que serán necesarios en los próximos años para la transición energética que España debe acometer.

La energía eólica, como el resto de las energías renovables, precisa de una planificación energética con los distintos actores alineados, que proporcione una seguridad regulatoria y retributiva. La Transición Energética Española requiere de una inversión continuada en el tiempo de miles de millones de euros anuales en energías renovables y eficiencia energética. Para que este tipo de flujos de inversiones sean posibles es necesario salvaguardar la confianza de las empresas. La eólica tiene como previsión a 2030 duplicar su potencia instalada, lo que requiere de una inversión y estabilidad que haga posible la instalación de aproximadamente 2.200 MW/año.

El consenso entre las principales fuerzas políticas es fundamental para la convalidación en el Congreso del RDL. Este consenso político es un punto de inflexión para una economía descarbonizada y el desarrollo de las renovables en nuestro país. Supondrá un aliciente para atraer inversiones a largo plazo y dará estabilidad a las inversiones destenidas a descarbonizar la economía. Las medidas que dan confianza a los inversores acaban abaratando la financiación de las instalaciones.

El sector eólico coincide con el resto de las energías renovables en mostrar todo su interés y empeño por un marco regulatorio, que genere confianza y estabilidad, con una visibilidad a largo plazo que facilite las inversiones. El RDL aprobado hoy es un paso en la dirección correcta y, en parte, ha sido fruto del dialogo entre las instituciones y la industria, requisito para el éxito de la deseada planificación energética.