Andimat reclama al Gobierno mayor ambición técnica y certidumbre financiera en el nuevo PNRE

Andimat ha presentado sus comentarios al borrador del PNRE, reclamando mayor ambición y certidumbre financiera en la rehabilitación de edificios. La asociación destaca la importancia de medidas que promuevan la eficiencia energética, la reducción de la pobreza energética y la calidad en la ejecución de las obras, así como un marco estable que incentive la renovación del parque residencial.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha finalizado recientemente la fase de audiencia pública del borrador del Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE), documento estratégico que orientará la transformación del parque edificatorio español hacia un modelo de cero emisiones para 2050. Durante este proceso, que concluyó el 13 de diciembre, la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (Andimat) presentó un documento con comentarios en los que solicita un mayor nivel de ambición en aspectos como la lucha contra la pobreza energética y los objetivos de renovación del parque de edificios.

La asociación valora positivamente que el borrador reconozca el papel fundamental del aislamiento en la eficiencia energética y la descarbonización de los edificios, pero propone reforzar y concretar medidas más ambiciosas. Entre las recomendaciones destacan la priorización de la reducción de la demanda energética mediante mejoras en la envolvente, incorporando conceptos de 'confort pasivo' y control del 'robo de calor'; el endurecimiento de las exigencias del CTE-DB HE; el establecimiento de normas mínimas de eficiencia energética (MEPS) también para edificios residenciales; un esquema de apoyo financiero y fiscal más previsible y accesible, incluyendo que los Certificados de Ahorro Energético (CAE) consideren la vida útil del aislamiento; un aumento del impacto de la ayuda y acompañamiento al ciudadano mediante ventanillas únicas; la simplificación de trámites y agilización de la concesión de ayudas, especialmente para hogares vulnerables; el desarrollo urgente de una base de datos nacional de edificios para monitorizar la rehabilitación; y el fortalecimiento de la formación, control y calidad en la ejecución de obras.

Asimismo, solicitan un PNRE más ambicioso, estable e inclusivo, con datos más precisos sobre rehabilitación, para garantizar el cumplimiento de los objetivos europeos de descarbonización hacia 2050.

Uno de los ejes prioritarios del PNRE es la lucha contra la pobreza energética. No obstante, la patronal considera que las estrategias propuestas resultan insuficientes y plantea, entre otras medidas, la integración del concepto de confort pasivo en la normativa técnica, advirtiendo que los coeficientes actualmente establecidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE).

Según Andimat, “la reducción de la demanda energética en la edificación mediante actuaciones en la envolvente es una herramienta fundamental para combatir la pobreza energética. Es necesario establecer requisitos legales que garanticen el mantenimiento de condiciones de confort adecuadas en las viviendas, aspecto que hasta ahora no se regula de manera explícita, ni siquiera en el CTE”. La asociación insta al Ministerio a adoptar valores de transmitancia térmica más estrictos, como los recogidos en el Anejo E del DB-HE1, con el objetivo de lograr una reducción efectiva del consumo energético, “lo que de forma automática conducirá a edificios con consumos más bajos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Directiva EPBD”.

La asociación solicita, además, medidas adicionales de protección y apoyo a los colectivos más vulnerables para paliar la pobreza energética. En este sentido, se consideran los CAE Sociales como una medida clave, aunque se subraya la importancia de contemplar, al igual que en el resto de CAE de envolvente, el ahorro durante toda la vida útil, “para asegurar que los hogares vulnerables puedan acceder a rehabilitaciones térmicas profundas”. Desde un enfoque técnico, también proponen modificar el factor de ponderación del ahorro energético, Fp, de manera que se diferencie del utilizado para los CAE de carácter general. “El objetivo es hacer que las medidas para luchar contra la pobreza energética sean atractivas”, explican desde la asociación.

Por último, se reclama un rápido despliegue de las ventanillas únicas para asesorar sobre los trámites del proceso de rehabilitación, mejorando las vías de información existentes y ayudando a agilizar los trámites para acceder a las ayudas a la renovación de la envolvente.

En el ámbito regulatorio, han solicitado formalmente que las Normas Mínimas de Eficiencia Energética (MEPS) no se limiten únicamente al sector terciario, sino que se apliquen también de manera obligatoria a los edificios residenciales, con especial atención a los hogares vulnerables.

La asociación argumenta que establecer estas normas con fechas de aplicación concretas para viviendas “serviría como dinamizador de la rehabilitación, cuya tasa actual es desgraciadamente baja”. Estas exigencias deberían verificarse en momentos críticos del ciclo de vida del edificio, de modo que “para escritura de compraventa, licencia de primera ocupación, licencia de obra y otros, se compruebe el cumplimiento de los MEPS correspondientes”. De manera complementaria, señala que “el establecimiento de MEPS también para residencial debería ir acompañado de medidas fiscales y financieras complementarias, apoyo y acompañamiento técnico, y campañas informativas”.

Desde la asociación se ha prestado especial atención al apartado de ayudas y financiación del borrador del PNRE, considerando que constituye un factor clave para dinamizar la rehabilitación del parque edificado. Los comentarios enviados por la asociación destacan la incertidumbre que rodea a las ayudas públicas y los incentivos fiscales. En este sentido, señalan que “la aproximación de la fecha límite de ejecución de obras bajo subvención de los fondos Next Generation (junio de 2026) está planteando dudas en el mercado. Se desconoce qué va a ocurrir con aquellas obras iniciadas que cumplen los requisitos pero que podrían quedar fuera de los fondos por agotamiento de los mismos. Tampoco se sabe si está planificada o estudiándose una ampliación de plazos”. Por este motivo, consideran crítico que las deducciones fiscales por rehabilitación energética se prorroguen en 2025, ya que, según la asociación, “la falta de certidumbre puede provocar el retraimiento en la decisión sobre la ejecución de obras”.

Asimismo, han expresado su preocupación por el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), denunciando que actualmente solo se considera el ahorro del primer año tras la obra. La asociación reclama modificar la ley para que se compute el ahorro durante toda la vida útil del producto o sistema aislante, que se extiende durante décadas, dado que “esta falta de reconocimiento penaliza las actuaciones sobre la envolvente, desincentivando su uso”. La patronal subraya además que “se debe seguir permitiendo la emisión de CAE sobre la parte no subvencionada por otra vía de una actuación, asegurando que ayudas y CAE se puedan complementar para facilitar la rehabilitación de la envolvente de edificios, sin generar doble financiación. Son las medidas que más ahorros de energía aportan, pero a su vez las que requieren un mayor esfuerzo económico para implementarlas”.

La agrupación propone medidas para garantizar la calidad de las intervenciones y evitar fenómenos como el 'robo de calor' entre recintos adyacentes desocupados, un aspecto que según ellos hasta ahora no se ha tratado legislativamente. Para asegurar que los ahorros previstos sean efectivos, la asociación insta a la administración a implantar un sistema de vigilancia más robusto, realizando inspecciones en obra para verificar unos aspectos mínimos que garanticen la realidad de lo planificado en el proyecto. Solo mediante un escenario previsible, estable y técnicamente exigente, se podrá alcanzar el objetivo de rehabilitar las 1.377.000 viviendas previstas en el PNIEC para finales de esta década.