Andalucía “consolida su liderazgo en gestión de residuos con el tratamiento de más de 22 millones de toneladas de ‘no peligrosos’ al año”
Los últimos datos que maneja la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular respecto al reciclaje de residuos sitúan en más de 5 millones de toneladas las referentes a residuos no peligrosos, distribuidos en cerca de 2,4 millones de toneladas de materia orgánica reciclada, 1,35 millones de toneladas de metales reciclados y 1,3 millones de toneladas de reciclaje de otro tipo de materia inorgánica, detallaron en una nota de prensa fuentes del Ejecutivo autonómico. Respecto a los residuos peligrosos, esos mismos datos establecen que el reciclaje es de aproximadamente 300.000 toneladas al año, principalmente de residuos orgánicos.
Se trata de un “avance notable dada la complejidad que implica el reciclaje de estos residuos debido a su naturaleza diversa y complicada”. Así lo señala la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Junta de Andalucía, Carmen Jiménez. “Cada vez más, los datos de reciclaje vienen a reflejar el compromiso de la comunidad y de las administraciones con la sostenibilidad”, agregó Jiménez.
En este sentido, desde la Junta de Andalucía se destaca que la Ley de Economía Circular de Andalucía, la LECA, que ha cumplido un año en vigor, refrenda cómo “el residuo deja de ser un problema para convertirse en una oportunidad gracias al impulso de un nuevo modelo circular y a la colaboración activa de los ciudadanos”.
Economía Circular como hoja de ruta
“La Economía Circular se ha establecido como la estrategia del Gobierno andaluz para alcanzar un futuro sostenible y generador de empleo. Con un aumento del 91% en la partida presupuestaria destinada a sostenibilidad y economía circular, se han implementado diversas medidas de apoyo a los municipios, indispensables en la transición hacia un modelo económico más sostenible y resiliente”, añaden las mismas fuentes.
Entre las líneas de actuación de la consejería se incluyen subvenciones para la implantación y mejora de la recogida separada de biorresiduos (como por ejemplo, la introducción del contenedor marrón); para la construcción de nuevas plantas de tratamiento de biorresiduos recogidos o para la mejora de las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes; convenios con los ayuntamientos para la ejecución de nuevos puntos limpios, “y otras actuaciones mediante las que la Junta materializa una apuesta decidida hacia un nuevo modelo de protección ambiental en la que la lucha contra los efectos del cambio climático es una de las principales acciones de la economía circular”.
