España debe acelerar la transformación de su modelo de gestión de residuos

España necesita acelerar la transformación de su modelo de gestión de residuos para cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea. Esta es la principal conclusión extraída de un informe —titulado ‘El modelo del reciclaje español en la economía circular: España Vs Europa’— del ‘think tank’ Europa Ciudadana en el que se realiza “un exhaustivo análisis de la presente regulación en España abordando los futuros retos a los que se enfrenta como país, como el nuevo Reglamento de Envases de la Unión Europea en el marco de Pacto Verde Europeo”.

El documento, señalan fuentes de Europa Ciudadana, aborda los desafíos a los que se enfrentan los Estados con la nueva normativa europea, con unos objetivos ambiciosos, y concluye que no todos los países parten de la misma situación. Aquellos Estados con sistemas en competencia están más preparados para adoptar la nueva legislación comunitaria que los países con sistemas monopolísticos, ya que la nueva regulación fomenta de manera efectiva la incorporación de nuevos operadores, según se desprende del informe.

“Aunque en un principio el modelo de reciclaje basado en pocos sistemas fue un mecanismo útil para el cumplimiento de la legislación europea, la gestión de residuos en España constituye una excepción ibérica que, a largo plazo, ha impedido la entrada de otros competidores, dificultando la innovación y los avances hacia una circularidad real”, concluye José Carlos Cano Montejano, presidente de Europa Ciudadana y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

El documento elaborado por el grupo de trabajo compara el modelo español con otros mercados del reciclaje en la Unión Europea, como Francia o Alemania, lugares en los que modelos con mayor competencia lleva varios años implantado. El caso alemán y el francés, según el texto, están considerados como modelos de éxito, puesto que la competencia "ha redundado positivamente tanto en las tasas de reciclaje como en la prestación del servicio a la población. Los sistemas en competencia como el francés o el alemán, añade Cano Montejano, han propiciado un “terreno fértil” para la innovación y la inversión en I+D+i.

La primera Ley de Residuos en España de 1998 sentó las bases para la regulación de la gestión de residuos fruto de la transposición de una directiva de la Comisión Europea, aunque hasta 2011 no se mencionó en el articulado la Responsabilidad Ampliada del Productor, el principio básico sobre el que descansa toda normativa de residuos, que como bien saben nuestros lectores es la responsabilidad que el fabricante de un producto asume sobre la gestión de sus residuos.

El sector de los sistemas de residuos en España se encuentra en un punto de inflexión, ya que a partir de 2024 los nuevos operadores que hayan obtenido la autorización de la Administración podrán comenzar a gestionar nuevos Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP). En este sentido, el informe de Europa Ciudadana emplaza a las administraciones a simplificar y hacer más asequibles los procesos de autorización para nuevos operadores, facilitando así la diversificación de la oferta y la aportación de nuevas soluciones que aumenten el índice de circularidad.

España se encuentra ante la encrucijada de abrir su sistema de SCRAPs para así adaptarse al enfoque de apertura que se ha adoptado desde la regulación europea, se apunta en el informe. Asimismo, se apunta en el estudio, “es evidente que —al menos nominalmente— se puede hablar de cierta competencia, al operar varios SCRAPs en nuestro país simultáneamente, pero resulta evidente que la parcelación de los mismos por tipo de producto y de desechos —envases de diversas categorías, aceites, baterías y pilas, residuos farmacéuticos, entre otros—, responde a una situación monopolística en cada uno de ellos, ya que el oferente suele ser único”.

“La apertura a la competencia de este sector es un hito fundamental para el reciclaje y para el correcto logro de los principios de economía circular, de forma que España tiene aquí un reto muy importante al que tiene que dar respuesta, superando esquemas clásicos —el de los SCRAPs monopolísticos por tipo de residuo— que han servido para dar respuesta durante bastante tiempo a las exigencias derivadas del bien común, y por lo tanto, han pasado prácticamente a formar parte de los servicios públicos llevados a cabo por prestatarios privados”, se advierte en el análisis de Europa Ciudadana.

Además, la propia estructura territorial española, diseñada constitucionalmente, hace que la superposición de administraciones en la implementación y transposición del Derecho de la Unión sea “más compleja”, dando lugar a “uno de los modelos más complejos de incorporación nacional de la normativa europea: el Estado central lleva a cabo el desarrollo legislativo, pero también hay normativa autonómica aplicable y ordenanzas municipales relativas a la gestión de residuos, su reciclaje, tratamiento. De esta forma, España presenta una compleja estructura multinivel que dificulta la asunción de los principios básicos plasmados desde la regulación supranacional”, lamentan desde Europa Ciudadana.

“Por todo ello, en la medida en que todavía se siga impidiendo el establecimiento de actores internacionales —a través de un sistema complejo de autorización de SCRAPs que dificulten exorbitantemente la misma, dificultando la concesión, o sometiéndola a gravosas condiciones de difícil cumplimiento para una empresa no española— se podría llegar al escenario de estar incurriendo en un grave incumplimiento del Derecho europeo por trato discriminatorio que eventualmente estaría entorpeciendo la realización tanto de la libertad de establecimiento como la libertad de servicios a nivel de la Unión Europea”.

En el estudio se afirma que nuestro país “debería aprender del ejemplo de algunos países europeos” y se cita como ejemplo el caso alemán, en el que “el sistema dual que se instauró en la década de los noventa ha sufrido una importante evolución, permitiendo observar hoy en día un mercado del reciclaje abierto a la competencia, con múltiples operadores que no están necesariamente ‘sectorializados’, siendo un sistema el alemán en el que se permiten estructuras societarias abiertas para los SCRAPs, y del cual nuestro país podría sacar importantes conclusiones”.

La apertura de España a nuevos SCRAPs no sólo abriría el modelo a la libre competencia —que se propugna explícitamente desde la propuesta de Reglamento de envases de la Comisión Europea— sino que también permitiría aprovechar para nuestro país la experiencia que estos grupos han desarrollado en otros países europeos. Este enfoque da lugar a ventajas tecnológicas, facilita la incorporación de la ‘ecomodulación’ y propicia una estructura de tarifas “que mejorarían la reciclabilidad real, incorporando también a productores, operadores e importadores extranjeros con gran presencia en nuestro país —se calculan alrededor de 34.000— y que mejoraría claramente el panorama del reciclaje de envases”, se propone en el análisis.

El estudio elaborado por Europa Ciudadana mantiene que es necesario implantar “programas incentivadores en los que los productores, a través de los SCRAPs correspondientes, ”motiven al ciudadano desde perspectivas distintas a las meramente conminatorias que, en nuestro país, no siempre resultan las más eficaces".

Otra de las propuestas incluidas en el estudio es el incremento de la transparencia, ya que "la incorporación de este principio repercutiría, sin duda alguna, en el aumento de las cantidades recicladas, con tratamientos de mayor calidad, que aporten mayor valor añadido al mercado y a la sociedad en su conjunto, ya que un modelo más transparente siempre redunda en mejores resultados". Además, concluye el informe, esta mejor y más diáfana información facilitaría "la incorporación de esquemas de economía circular en nuestro país, repercutiendo así positivamente sobre empresas, administración, y ante todo, sobre la ciudadanía en su conjunto".