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Los embajadores de la UE aprueban nuevas normas sobre reciclaje y gestión de residuos

26/02/2018

El pasado 23 de febrero los embajadores de la UE respaldaron el acuerdo provisional sobre las cuatro propuestas legislativas del paquete de residuos alcanzado con el Parlamento Europeo el 18 de diciembre de 2017. El paquete de residuos dará lugar a un mayor reciclaje de residuos y contribuirá a la creación de una Economía Circular, mejorará la gestión de los residuos y fomentará la reutilización de material valioso incrustado en los residuos.

Las nuevas reglas establecen objetivos jurídicamente vinculantes para el reciclaje de residuos y la reducción de los vertederos con plazos fijos. Estos objetivos aumentarán la proporción de residuos municipales de residuos y envases que se reciclan, con objetivos específicos para el reciclado de los materiales utilizados en los envases. Las reglas también incluyen objetivos para reducir la cantidad de desechos municipales que se depositan en vertederos.

Los estados miembros acordaron los siguientes objetivos para la preparación de la reutilización y el reciclaje de los residuos municipales:

  • Residuos municipales para 2025: 55%.
  • Residuos municipales para 2030: 60%.
  • Residuos municipales para 2035: 65%.
Los Estados miembros deberán establecer, antes del 1 de enero de 2025, una recolección separada para textiles y para residuos peligrosos de los hogares. Además, deben garantizar que, para el 31 de diciembre de 2023, los biorresiduos se recojan por separado o se reciclen en la fuente (por ejemplo, el compostaje doméstico). Esto se suma a la colección separada que ya existe para papel y cartón, vidrio, metales y plástico.

Los objetivos específicos para el empaquetado serán los siguientes:

Imagen

Estos objetivos fomentarán el uso de envases reciclables y envases reutilizables.

Este paquete también establece requisitos mínimos para todos los esquemas de responsabilidad extendida del productor. Los productores deben asumir bajo estos esquemas la responsabilidad de la gestión de la etapa de desecho de sus productos. Los productores deberán pagar una contribución financiera para tal fin. Además, en la legislación de la Unión también se han introducido planes obligatorios de responsabilidad ampliada del productor para todos los envases.

El vertido de residuos conduce a la contaminación de las aguas superficiales, subterráneas, del suelo y del aire. Por lo tanto, la legislación también contiene un objetivo específico de reducción de vertederos. Los Estados miembros se esforzarán por garantizar que, a partir de 2030, no se acepten en un vertedero todos los residuos adecuados para su reciclado u otra recuperación, en particular en los residuos municipales. La única excepción se refiere a los desechos por los cuales el vertido arroja el mejor resultado ambiental. Además, los estados miembros se asegurarán de que para el año 2035 la cantidad de desechos municipales en vertederos se reduzca a un 10% o menos de la cantidad total de desechos municipales generados.

En general, los Estados miembros consideran que estos objetivos a nivel de la UE crearán la escala mínima para que la industria de la UE invierta en nuevas técnicas y tecnologías de reciclaje.

Antecedentes y próximos pasos

Esta legislación revisada aborda los problemas ambientales con implicaciones transnacionales, incluidos los impactos de la gestión inadecuada de los desechos en las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del aire y la basura, incluso en el medio marino. Garantiza que el material valioso incrustado en los residuos se reutilice, recicle y reinyecte de manera efectiva en la economía europea, y de ese modo ayude a avanzar hacia una economía circular en la que los residuos se utilicen progresivamente como recurso y se creen nuevas oportunidades económicas. Su objetivo es reducir la dependencia de la UE de la importación de materias primas promoviendo el uso prudente, eficiente y racional de los recursos naturales.

Ahora que los embajadores de la UE han respaldado el acuerdo provisional alcanzado entre la Presidencia de Estonia y el Parlamento Europeo el 18 de diciembre de 2017, la legislación se someterá al Parlamento Europeo para su votación y luego al Consejo para su adopción final. Entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial.

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