Andalucía tramitó hasta julio 3,7 millones de gestiones de residuos con SIRA

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía impulsó la transformación digital del sistema de gestión de residuos autonómico a través del Sistema de Información de Residuos de Andalucía (SIRA). Entre 2022 y julio de 2026, la plataforma registró unas 3,7 millones de operaciones administrativas para modernizar la relación entre la administración, las empresas y los operadores del sector, facilitando el acceso a la información, mejorando la trazabilidad de los residuos y simplificando los trámites necesarios para su gestión. El modelo regional se apoya en la aprobación en 2023 de la Ley de Economía Circular de Andalucía y en un despliegue inversor que supera los 48,5 millones de euros en infraestructuras directas.

Fuentes del Ejecutivo andaluz recuerdan en una nota de prensa que la plataforma SIRA fue desarrollada en 2021 por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. La herramienta, que se convirtió en el principal instrumento tecnológico para el seguimiento y control de la producción y gestión de residuos en la comunidad autónoma, responde a las exigencias establecidas por la normativa estatal y europea, que obligan a disponer de sistemas electrónicos capaces de integrar registros, plataformas y herramientas informáticas que permitan contar con información fiable y actualizada sobre el ciclo de los residuos.

La implantación de SIRA supuso un salto cualitativo en la modernización de la gestión ambiental. Durante el periodo comprendido entre 2022 y julio de 2026 se han realizado a través de esta plataforma unas 3.700.000 operaciones administrativas relacionadas con la gestión de residuos, lo que refleja el elevado volumen de actividad que concentra el sistema y su consolidación como instrumento de referencia para el sector.

Entre las funcionalidades incorporadas destaca la tramitación electrónica de 16 agrupaciones de tipos de procedimientos administrativos, que permiten realizar altas, ceses y modificaciones de productores y gestores de residuos, incluidos los transportistas. Gracias a esta digitalización, las empresas pueden gestionar electrónicamente los trámites vinculados a su actividad, reduciendo tiempos de tramitación y facilitando la relación con la administración.

El desarrollo de esta plataforma requirió una inversión superior a cuatro millones de euros, destinada a ampliar sus funcionalidades, mejorar la capacidad de gestión de datos y garantizar la interoperabilidad con otros sistemas informáticos. La herramienta presta servicio actualmente a 11.137 gestores de residuos, 2.852 instalaciones de tratamiento o gestión y 78.416 productores de residuos que operan en Andalucía. Dentro de este ecosistema digital, el colectivo más numeroso es el de transportistas de residuos, con más de 7.500 operadores inscritos, seguido de las empresas que realizan tratamientos de residuos, negociantes, agentes y otros operadores especializados.

El volumen de actividad registrado en SIRA pone de relieve el alcance del sistema. Solo en el ámbito de las notificaciones de traslado de residuos dentro del territorio nacional se contabilizaron más de 560.000 comunicaciones durante el periodo analizado, a lo que se suman decenas de miles de trámites relacionados con la comunicación previa de productores, modificaciones de registros o autorizaciones de instalaciones. A este esfuerzo se sumará también la creación de una nueva plataforma digital para el control de suelos contaminados, con una inversión aproximada de un millón de euros, que mejorará el seguimiento de expedientes relacionados con la recuperación de terrenos potencialmente contaminados y con los estudios previos necesarios para la implantación de nuevas actividades industriales.

El proceso de digitalización impulsado en la legislatura se integra en una estrategia más amplia de modernización de la gestión ambiental que también se apoya en el desarrollo de nuevas herramientas normativas y organizativas para impulsar la economía circular. En este contexto, uno de los hitos más relevantes fue la aprobación en 2023 de la Ley de Economía Circular de Andalucía, una norma calificada como “pionera” que convirtió a la comunidad autónoma en la primera región española en dotarse de un marco legislativo específico para promover este modelo productivo. Esta ley establece las bases para avanzar hacia una economía en la que los productos, materiales y recursos se mantengan el mayor tiempo posible dentro del ciclo económico, reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental asociado a su producción y consumo.

La norma integra criterios de prevención de residuos, eficiencia en el uso de recursos y valorización de materiales, al tiempo que refuerza la coordinación entre las administraciones públicas y los agentes económicos y sociales implicados en la gestión de los residuos. Con ello, Andalucía se adelanta al propio calendario normativo de la Unión Europea, que tiene prevista la aprobación de una ‘Ley Europea de Economía Circular’ en 2026, situando a la comunidad autónoma en una posición avanzada en la transición hacia este modelo productivo.

En paralelo al desarrollo normativo, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente avanzó en la elaboración de la Estrategia de Economía Circular de Andalucía, concebida como el instrumento de planificación que orientará las políticas públicas en esta materia durante los próximos años. Este documento definirá objetivos, sectores prioritarios y líneas de actuación destinadas a reforzar la circularidad de la economía andaluza, movilizando tanto recursos públicos como privados.

Para coordinar estas actuaciones se creó además la Oficina Andaluza de Economía Circular, un nuevo servicio administrativo encargado de impulsar, coordinar y realizar el seguimiento de las medidas destinadas a promover este modelo productivo. Junto a ella, la Junta impulsó el Centro de Innovación en Economía Circular, concebido como un espacio de colaboración entre administraciones, empresas, universidades y agentes sociales orientado a fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en este ámbito.

El impulso a la economía circular durante la legislatura también se apoyó en un importante esfuerzo inversor destinado a mejorar las infraestructuras de gestión de residuos en la comunidad autónoma. Entre las actuaciones ejecutadas o en ejecución se incluyen la construcción de plantas de tratamiento, la implantación de puntos limpios municipales y la clausura y restauración ambiental de vertederos históricos. En conjunto, estas actuaciones movilizaron más de 48,5 millones de euros en inversiones directas en infraestructuras, de los cuales cerca de 43,3 millones corresponden a obras ya finalizadas y 5,2 millones, a actuaciones actualmente en ejecución. Estas intervenciones permitieron ampliar la red de instalaciones destinadas a la gestión de residuos y mejorar la capacidad de tratamiento de distintas fracciones, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de reciclaje y valorización establecidos por la normativa europea.

Entre las actuaciones desarrolladas destaca la construcción de la planta de compostaje de Villamartín, en Cádiz, destinada al tratamiento de la fracción orgánica de los residuos municipales. Esta infraestructura, que supuso una inversión superior a 12 millones de euros, hizo posible impulsar sistemas de recogida selectiva puerta a puerta y mejorar de forma significativa la separación de residuos en origen. El refuerzo de la red de instalaciones también se materializó en la creación de nuevos puntos limpios municipales, con la implantación de 21 infraestructuras de este tipo en distintos municipios andaluces durante la legislatura y la ejecución de otros cuatro proyectos adicionales actualmente en marcha.

A esto se suma el importante apoyo financiero destinado a las entidades locales para mejorar la gestión de los residuos municipales. Durante la legislatura se concedieron más de 154 millones de euros en subvenciones dirigidas a financiar proyectos relacionados con la recogida separada de biorresiduos, la construcción de plantas de tratamiento o la mejora de instalaciones existentes. Estas ayudas se enmarcan en distintas líneas de financiación vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y han permitido reforzar la capacidad de los municipios para implantar sistemas de recogida selectiva y tratamiento de residuos orgánicos. Solo las actuaciones destinadas a la recogida separada de biorresiduos concentraron más de 51 millones de euros, a los que se suman inversiones dirigidas a nuevas plantas de tratamiento y a la modernización de infraestructuras existentes.

En paralelo a estas actuaciones, la administración autonómica siguió desarrollando instrumentos destinados a favorecer la valorización de residuos y su reincorporación al ciclo económico. Durante la legislatura se otorgaron seis condiciones de subproducto y nueve declaraciones de fin de condición de residuo a materiales procedentes de procesos industriales, permitiendo que sustancias que anteriormente se desechaban puedan transformarse en nuevos recursos productivos.

Asimismo, se inscribieron quince nuevos sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) en el ámbito de los aparatos eléctricos y electrónicos, reforzando así el principio de responsabilidad de los fabricantes en la gestión de los residuos generados por los productos que introducen en el mercado.