España debe cerrar el círculo de los RCD

Los residuos de construcción y demolición (RCD) representan algo menos del 39% de todos los residuos generados en la Unión Europea. Por lo que respecta a España, dispone de infraestructura y normativa suficientes para gestionarlos con eficiencia; sin embargo, una parte significativa del flujo sigue escapando a los circuitos autorizados. El problema no es técnico. Es sistémico.

Cada vez que se demuele un edificio, se reforma un local o se abre una zanja para tender una tubería, el suelo acumula toneladas de escombros, hormigón, metal, madera, plástico y cerámica. Ese material no desaparece. Va a algún sitio. La pregunta es a cuál.

En España, la respuesta depende de factores que tienen poco que ver con la voluntad de cumplir la ley y mucho con la distancia a la planta de tratamiento más cercana, el precio del transporte y el nivel de control que ejerza la administración en ese momento y en ese lugar. Es decir: depende de la economía del residuo, no de su regulación.

Y, sin embargo, la regulación existe, es exigente y lleva años en vigor. La Directiva europea 2008/98/CE fijó en su artículo 11 un objetivo que debía alcanzarse antes de 2020: que al menos el 70% en peso de los residuos no peligrosos procedentes de la construcción y la demolición fuera preparado para la reutilización, el reciclado u otra forma de valorización de materiales. No era una recomendación. Era un umbral operativo con fecha de vencimiento.

España trasladó ese mandato al ordenamiento interno a través del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que obliga a incluir estudios de gestión de RCD en los proyectos de ejecución y vincula el desarrollo de la obra a la correcta gestión del residuo que genera. Más recientemente, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ha ido más lejos: exige clasificar los RCD no peligrosos en al menos seis fracciones diferenciadas desde el 1 de julio de 2022, crea un sistema de trazabilidad digital y endurece el régimen sancionador. El marco normativo, en definitiva, no tiene lagunas evidentes.

La demolición mecanizada acelera los tiempos de obra, pero mezcla fracciones que después resultan costosas de separar en las planta de RCD.

Los residuos de construcción y demolición son, según los datos más recientes de Eurostat correspondientes a 2022, el mayor flujo de residuos de la Unión Europea. Representan el 38,4% del total generado por todas las actividades económicas y los hogares, equivalentes a 885 millones de toneladas. No es una cifra accesoria. Es la consecuencia directa de un modelo productivo que consume materiales a gran escala y que, al finalizar su ciclo, devuelve al sistema una masa enorme de recursos potencialmente reutilizables.

Esa magnitud convierte la gestión de los RCD en una variable estructural de cualquier política de economía circular. No se puede hablar seriamente de circularidad en el sector de la construcción ignorando lo que ocurre con los materiales cuando una obra termina o un edificio cae. Y lo que ocurre, en demasiados casos, es que ese material no llega a una planta de tratamiento autorizada.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha señalado en distintas ocasiones que una parte de los RCD generados en España no entra en los circuitos regulados. El volumen realmente gestionado por las plantas no coincide con el generado en las obras. Esa divergencia no es anecdótica. Tiene consecuencias económicas directas sobre los operadores que sí cumplen con la normativa, reduce la disponibilidad de materiales reciclados en el mercado y deteriora el equilibrio financiero de unas instalaciones que dependen de un flujo constante de entrada para mantenerse viables.

Para entender por qué persiste esa desviación, hay que abandonar la lógica normativa y entrar en la lógica económica. Los RCD no se generan en un punto único y estable. Se producen de forma dispersa, en obras de distintas escalas, duraciones y localizaciones. Cada intervención crea su propio flujo, y ese flujo tiene que recorrer un camino hasta la planta. Y ese camino tiene un coste.

Cuando la distancia entre la obra y la instalación autorizada más próxima es significativa, el coste del transporte puede superar determinados umbrales a partir de los cuales la lógica del menor coste inmediato se impone sobre cualquier otra consideración. Aparecen entonces alternativas que operan al margen del sistema: vertidos en terrenos sin autorización, gestores informales, itinerarios que no dejan rastro documental. El resultado no es solo una infracción administrativa: es una distorsión del mercado que penaliza a quien cumple la ley y premia (con menores costes) a quien no lo hace.

Ese diferencial competitivo es el lubricante del incumplimiento del marco normativo en el sector. No desaparecerá con más normativa si los mecanismos de control no son capaces de cerrar el espacio en el que opera. Y cerrar ese espacio requiere, ante todo, trazabilidad efectiva.

La trazabilidad es el concepto central alrededor del cual gira todo el debate sobre la gestión de los RCD. No porque no existan mecanismos formales para garantizarla, sino porque su aplicación efectiva depende de una cadena de agentes cuya coordinación resulta, en la práctica, difícil de asegurar.

El productor del residuo, el transportista, el gestor autorizado y la administración competente forman una secuencia en la que cualquier discontinuidad introduce opacidad. La Ley 7/2022 ha dado pasos importantes en este sentido al crear el Sistema Electrónico de Información de Residuos, que pretende digitalizar el seguimiento del flujo desde su generación hasta su destino final. Pero la herramienta, por sofisticada que sea, solo es tan útil como la información que recibe. Si algún agente de la cadena no registra lo que debe registrar, el sistema pierde coherencia.

La trazabilidad, en ese contexto, no puede concebirse únicamente como un requisito administrativo. Tiene que funcionar como un elemento operativo que condiciona el comportamiento de todos los participantes. Y para que eso ocurra, el control tiene que ser suficientemente creíble como para que el incumplimiento deje de ser la opción más barata.

España dispone de una red consolidada de instalaciones de tratamiento de RCD capaces de procesar mediante trituración, cribado y clasificación las distintas fracciones que componen este flujo. Las plantas más modernas incorporan sistemas de separación óptica y tecnologías de clasificación que permiten obtener áridos reciclados con características homogéneas, recuperar metales y separar otras fracciones valorizables. El nivel técnico alcanzado por estas instalaciones es, en muchos casos, equiparable al de los países europeos con mayor tradición en el reciclaje de residuos de construcción.

El problema no está, por tanto, en la capacidad instalada, sino en el flujo que la alimenta. Cuando el residuo llega a la planta mezclado, sin clasificación previa en origen, la tecnología disponible puede compensar parcialmente esa deficiencia, pero a un coste mayor y con un resultado de menor calidad. La separación que debería haberse hecho en la obra se traslada a la planta, con el consiguiente impacto en la eficiencia operativa. La tecnología puede corregir, pero no sustituir, una buena gestión en origen.

Esto tiene una implicación directa: la calidad del material recuperado depende de cómo se gestiona el residuo antes de llegar a la planta, no solo de lo que ocurre dentro de ella. Y la gestión en origen es precisamente el eslabón más difícil de controlar en un sistema tan disperso como el de los RCD.

La deconstrucción selectiva no siempre requiere tecnología sofisticada: a veces basta con ir más despacio y con criterio, pero esa forma de demoler va en contra de la rapidez que se impone en la demolición actual.

Incluso cuando el sistema funciona correctamente y la planta recibe un flujo de calidad, aparece un segundo problema, situado en la salida del proceso: la demanda de materiales reciclados no crece al mismo ritmo que la capacidad de producirlos.

En obra civil, el uso de áridos reciclados está relativamente consolidado en aplicaciones de menor exigencia estructural: rellenos, capas de firme, terraplenes. En edificación, sin embargo, la penetración es mucho más limitada. Las especificaciones técnicas, la normativa aplicable y, en algunos casos, la desconfianza que genera entre proyectistas y promotores el origen reciclado del material, actúan como frenos que ralentizan su incorporación al mercado.

El resultado es una paradoja que condiciona todo el modelo: cuanto más eficiente es la capacidad de tratamiento, mayor es la necesidad de que el mercado absorba el resultado. Si esa absorción no se produce, los materiales se acumulan, su valor cae y la rentabilidad de las operaciones de reciclaje se deteriora. La circularidad, en ese escenario, no se detiene por falta de tecnología. Se detiene por falta de demanda.

La contratación pública es el instrumento con mayor capacidad inmediata para modificar esa dinámica. Cuando los pliegos de licitación de obras públicas exigen el uso de áridos reciclados, el mercado se ajusta. La demanda deja de ser incierta y el material reciclado deja de competir en desventaja con los materiales vírgenes. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha avanzado en esa dirección al incorporar progresivamente criterios ambientales en sus procesos de contratación, pero el margen de expansión de esta palanca sigue siendo muy amplio.

Frente a la fragmentación tradicional del sector, en la que distintos operadores intervienen en fases separadas y estancas del proceso, está emergiendo un modelo distinto: el de estructuras que controlan varias etapas del ciclo, desde la demolición hasta la valorización del material resultante. Esta integración vertical no responde solo a una lógica de negocio. Responde a la necesidad de reducir los puntos de desconexión que generan ineficiencia y opacidad.

Cada transferencia entre agentes es un momento en el que la información puede perderse, el control puede debilitarse y el incentivo para desviar el residuo puede activarse. Reducir el número de esas transferencias, o asegurarse de que cada una de ellas queda registrada de forma verificable, es una de las vías más efectivas para mejorar la coherencia del sistema.

La digitalización cumple aquí un papel de conexión más que de innovación aislada. Las plataformas que vinculan en tiempo real a generadores y gestores, los sistemas de documentación electrónica y las herramientas de seguimiento del flujo no transforman el sistema por sí solos, pero introducen una transparencia que hace más difícil mantener la opacidad sobre la que se apoyan muchas de las desviaciones.

Hay un cambio más profundo que no depende de la tecnología sino de la manera en que se concibe el proceso constructivo en su conjunto. Durante décadas, la demolición ha sido una operación de derribo: se tiraba abajo lo que había y se gestionaba la mezcla resultante. Esa mezcla heterogénea de hormigón, cerámica, madera, metal y yeso es precisamente la que más dificultades presenta en el proceso de valorización, porque separar fracciones mezcladas tiene un coste muy superior a haberlas mantenido separadas desde el principio.

La alternativa se llama deconstrucción selectiva: en lugar de derribar el edificio de una vez, se desmonta por partes, separando materiales en origen y preservando la calidad de cada fracción para su posterior valorización. El enfoque no exige necesariamente tecnología adicional. Exige una reorganización del proceso, más tiempo y una planificación que anticipe el destino de cada material antes de que la obra comience. En términos de resultado, la mejora es sustancial: las fracciones recuperadas llegan a la planta con mayor pureza y el proceso de valorización puede operar con mayor eficiencia.

Este cambio de lógica conecta con una transformación más amplia que el sector tiene por delante: dejar de ver el residuo como el subproducto inevitable de la actividad constructiva y empezar a verlo como un flujo de recursos cuya gestión debe integrarse desde la fase de diseño. Cuando un edificio se proyecta teniendo en cuenta cómo se desmontará en el futuro, el ciclo del material empieza a cerrarse antes de que la primera piedra se coloque.

El diagnóstico, en definitiva, no apunta a carencias tecnológicas ni a vacíos normativos. España tiene normas, tiene infraestructuras y dispone de la tecnología necesaria para aprovechar mucho mejor los RCD.

La presión regulatoria seguirá aumentando, no tanto en la creación de nuevas obligaciones como en la capacidad de verificar su cumplimiento. La trazabilidad tenderá a convertirse en un requisito ineludible, y la profesionalización del sector reducirá progresivamente los espacios de informalidad que hoy permiten que una parte del flujo se desvíe sin consecuencias. Al mismo tiempo, la integración de criterios de circularidad en la contratación pública y en el diseño de proyectos consolidará la demanda de materiales reciclados y reducirá la brecha que hoy existe entre la capacidad de producción y la absorción por el mercado.

Los residuos de construcción y demolición son, en ese sentido, un indicador preciso de la eficiencia del sistema constructivo en su conjunto. Su volumen no disminuirá mientras la actividad constructiva se mantenga, algo que parece evidente que será así, incluso es más que probable que crezca. Pero el destino de estos RCD puede cambiar de forma significativa. La diferencia entre un sistema que acumula escombros y otro que los convierte en recursos no está en lo que se sabe, en lo que se puede y debe hacer; está en si se hace.

La demanda de materiales reciclados no crece al mismo ritmo que la capacidad de producirlos

La diferencia entre un sistema que acumula escombros y otro que los convierte en recursos no está en lo que se sabe, en lo que se puede y debe hacer; está en si se hace

Cuando un edificio se proyecta teniendo en cuenta cómo se desmontará en el futuro, el ciclo circular del material empieza a cerrarse antes de que la primera piedra se coloque

La mezcla heterogénea de hormigón, cerámica, madera, metal y yeso es precisamente la que más dificultades presenta en el proceso de valorización, porque separar fracciones mezcladas tiene un coste muy superior a haberlas mantenido separadas desde el principio