El veto andaluz a los residuos peligrosos deja 100.000 toneladas sin tratar
Andalucía ha bloqueado por completo la entrada de residuos peligrosos procedentes de otras comunidades autónomas tras la caducidad, el 26 de abril, de las últimas autorizaciones vigentes. La medida, amparada en la ley de economía circular andaluza, deja sin tratamiento más de 100.000 toneladas de residuos industriales y compromete la viabilidad de instalaciones especializadas en la comunidad. La Asociación de Gestores de Residuos Industriales y Peligrosos, Asegre, alerta de que la restricción vulnera la legislación estatal y daña la competitividad de la industria nacional.
El 26 de abril caducaron las últimas autorizaciones para el traslado de residuos peligrosos a Andalucía, completando así la aplicación total de la limitación prevista en la ley de economía circular de esta comunidad autónoma. Desde ese momento, más de 100.000 toneladas de residuos procedentes de otras regiones quedaron sin posibilidad de ser gestionadas en las instalaciones andaluzas especializadas que, hasta entonces, las trataban.
Asegre, la asociación que representa a los gestores de residuos industriales y peligrosos en España, advierte de que esta medida entra en conflicto directo con la ley estatal de residuos. La norma nacional establece el principio de proximidad geográfica aplicado a escala nacional como referencia para la gestión; esto es, que los residuos se traten en la instalación adecuada más cercana al lugar de generación, con independencia de los límites administrativos autonómicos.
Luis Palomino es el secretario general de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre).
Una interpretación distorsionada de la proximidad
Según Asegre, Andalucía aplica “de forma distorsionada“ese principio. La asociación pone como ejemplo que un residuo generado en Almería puede trasladarse a Huelva, recorriendo cientos de kilómetros dentro de la comunidad, pero no desde Badajoz, pese a encontrarse mucho más cerca. Con esta lógica, la Junta de Andalucía”introduce barreras artificiales dentro del país e impide tratar los residuos en la instalación adecuada más próxima”.
Las empresas de gestión de residuos andaluzas vienen sufriendo las consecuencias desde que la comunidad aprobó su ley de economía circular en 2023. Estas instalaciones, “altamente tecnificadas y con importantes inversiones asociadas”, operan ahora muy por debajo de su capacidad, lo que pone en riesgo su viabilidad económica y podría tener repercusiones en el empleo.
Impacto en la industria y en varias comunidades
El problema trasciende las fronteras andaluzas. Las empresas productoras de residuos de otras regiones se ven obligadas a trasladarlos a mayores distancias o a buscar alternativas fuera de España, con el consiguiente incremento de costes logísticos y operativos. Las comunidades más afectadas son Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Canarias, que son las que “pierden más capacidad de tratamiento disponible”.
Tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como la Secretaría para la Unidad de Mercado del Ministerio de Economía han analizado la restricción andaluza y cuestionan su encaje en el marco normativo estatal. Ambos organismos concluyen que “la ley nacional de residuos no permite prohibiciones generales al traslado entre comunidades autónomas” y que el sistema vigente se basa en un modelo de oposición caso por caso.
Un sistema integrado nacional, solución propuesta
Asegre también recuerda que existen medidas menos restrictivas capaces de alcanzar los mismos objetivos ambientales, y subraya que el principio de proximidad debe aplicarse atendiendo a la distancia real al lugar de generación del residuo y no a criterios territoriales administrativos.
La asociación defiende que la actividad de sus empresas asociadas debería articularse como “un sistema integrado español de gestión de residuos industriales”. En esa línea, señala que la ley nacional de residuos de 2022 establece expresamente la necesidad de una red estatal integrada de instalaciones que permita gestionar los residuos en la instalación adecuada más cercana.
Asegre considera imprescindible abordar la situación “desde una perspectiva nacional y coordinada, que garantice el correcto funcionamiento del mercado interior, la viabilidad de las infraestructuras y la competitividad de la industria”, con el objetivo de evitar medidas unilaterales que fragmentan el sistema y generan ineficiencias económicas, ambientales y de mercado.
