Andalucía destina 10 millones de euros a apoyar la compra de vehículos de recogida de biorresiduos en municipios
La nueva línea de subvenciones se enmarca en el esfuerzo del Gobierno andaluz por modernizar los servicios públicos de recogida y tratamiento de residuos, ante el “notable incremento” en la producción global de desechos causado por “los nuevos hábitos de consumo, el aumento de la población y las dificultades para gestionar adecuadamente los residuos generados”. En este contexto, la normativa europea exige planes eficaces de gestión y prevención con el fin de recuperar recursos y minimizar la contaminación mediante el reciclaje.
España adaptó estas directrices comunitarias a través de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que atribuye a los ayuntamientos una responsabilidad clave en la recogida separada y el tratamiento de residuos. En el caso de Andalucía, el Estatuto de Autonomía asigna a la Junta la competencia para “planificar, supervisar y controlar esta gestión”, lo que se traduce en políticas territoriales como planes y subvenciones específicas.
A través del Pirec 2030 y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —financiado con fondos NextGenerationEU— la Junta de Andalucía ha movilizado un total de 166 millones de euros para ayudar a las entidades locales en la implantación y mejora de la recogida separada de biorresiduos.
Refuerzo de capacidades locales con respaldo europeo
Uno de los principales instrumentos estratégicos es el Plan Integral de Residuos de Andalucía (Pirec 2030), que promueve la reducción de residuos, la valorización material y la inversión en infraestructuras. Este plan presta especial atención a las zonas rurales, donde las condiciones geográficas y demográficas dificultan una recogida eficiente.
A través del Pirec 2030 y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —financiado con fondos NextGenerationEU— la Junta de Andalucía ha movilizado un total de 166 millones de euros para ayudar a las entidades locales en la implantación y mejora de la recogida separada de biorresiduos.
La nueva convocatoria, publicada en régimen de concurrencia competitiva, complementa estas actuaciones anteriores. Se centra específicamente en la adquisición de vehículos de recogida de residuos orgánicos, dando prioridad a aquellos con “cero emisiones directas de dióxido de carbono” frente a los modelos propulsados por combustibles fósiles. Según recoge la Junta, esta línea de ayudas “promueve sistemas de recogida más sostenibles” y forma parte de la hoja de ruta hacia una comunidad autónoma “comprometida con la descarbonización, la modernización de sus servicios públicos y el cumplimiento de los estándares europeos de sostenibilidad”.
Plazos, condiciones y criterios de concesión
Las ayudas, cuyo plazo de solicitud será de un mes desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se financiarán con cargo a los presupuestos autonómicos y contarán con una dotación de 10 millones de euros repartida en dos anualidades: 5 millones en 2025 y otros 5 millones en 2026.
Las entidades beneficiarias —ayuntamientos, mancomunidades, consorcios o empresas públicas locales— deberán cofinanciar al menos el 10 % del coste del vehículo, además del IVA correspondiente. La ayuda podrá cubrir hasta el 90 % del presupuesto aceptado, con un máximo de 300.000 euros por vehículo y un límite global de 2 millones de euros por entidad solicitante.
En cuanto a los criterios de adjudicación, la convocatoria establece que se valorarán aspectos objetivos como “la población atendida por el servicio, el tipo de emisiones del vehículo solicitado y el porcentaje de financiación aportado por la entidad local”.
Andalucía afianza su estrategia circular
Desde la aprobación en marzo de 2023 de la Ley de Economía Circular de Andalucía, el Gobierno autonómico ha reforzado su liderazgo en la implantación de políticas sostenibles transversales. Esta ley establece un “marco estratégico para fomentar el uso eficiente de los recursos y evitar que los residuos generados acaben en vertederos”.
La norma también pone de relieve la corresponsabilidad entre la administración autonómica y las entidades locales para facilitar la transición hacia un sistema de gestión de residuos “más eficiente, limpio y resiliente”.
La convocatoria de estas nuevas subvenciones constituye un paso más en la construcción de un modelo económico circular, en el que las administraciones desempeñan un papel clave para “reforzar la capacidad operativa de los municipios” y ayudarlos a cumplir los objetivos de reciclaje marcados por la normativa europea y estatal.
