Kioto ya está en marcha
El objetivo final del Protocolo es reducir entre 2008 y 2012 un promedio de un 5,2 por ciento de las emisiones a la atmósfera de los seis gases que provocan el efecto invernadero: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluocarbono, perfluorocarbono y el hexafluorocarbono de azufre.
Aunque EEUU firmó el Protocolo, decidió no ratificarlo en 2001 por los supuestos daños que iba a acarrear su cumplimiento en la economía del país. La Casa Blanca también se ha mostrado contraria a que a los países en desarrollo no se le exija el recorte de emisiones de gases.
Enfrascados en estas discusiones, la entrada en vigor se retrasó durante años, debido a negociaciones interminables y ratificaciones que no llegaban hasta que Rusia decidió en noviembre pasado dar el empujón definitivo al Protocolo con su aprobación. Y es que para que el pacto se convirtiera en jurídicamente obligatorio se necesitaba que los países causantes de un 55 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono lo ratificaran.
España con Kioto
Para llegar a conseguir estos niveles, el Gobierno ha adoptado varias iniciativas, entre ellas el decreto ley por el que se regula el régimen de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y la posterior asignación individualizada a casi mil instalaciones energéticas e industriales de los límites que podrán arrojar.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, las emisiones de dióxido de carbono por habitante están en España un 35 por ciento por debajo de la media europea (el informe se ciñe a los quince países y no incluye a los diez que se incorporaron el pasado año).
Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE disminuyeron entre los años 2001 y 2002 en un 0,5 por ciento, aunque el Protocolo de Kioto prevé una reducción de hasta el 8 por ciento para el periodo 2008-2012.
El Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión aprobado por el Gobierno para cumplir esos objetivos prevé estabilizar durante los próximos tres años las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en los niveles medios del periodo 2000-02, y comenzar un descenso más acentuado de esas emisiones a la atmósfera a partir del año 2008.
Según las previsiones del Gobierno, el Plan debería servir para que, al final de la década, España sólo supere los niveles de 1990 en un 24 por ciento.
Para conseguir el objetivo del 15 por ciento, el Ejecutivo prevé reducir las emisiones en un 2 por ciento gracias a los sumideros (efecto de absorción del CO2 de los bosques), y acudir a los mecanismos de flexibilidad previstos en el Protocolo para compensar el siete por ciento restante.
Entre esos mecanismos de flexibilidad destaca la posibilidad que un país tiene de compensar su exceso de emisiones contaminantes invirtiendo en tecnologías limpias en terceros países, y en ese sentido España ha suscrito ya acuerdos de entendimiento con Argentina, México, Colombia, Panamá o Uruguay.
Otro de los mecanismos flexibles activados por España ha sido el de comprometerse con el Banco Mundial a invertir 205 millones de euros en adquirir derechos para emitir a la atmósfera 40 millones de toneladas de dióxido de carbono durante el periodo 2005-2015.
El acuerdo con el Banco Mundial compromete a España a adquirir los derechos para emitir cuarenta millones de toneladas, a un precio de cinco euros por tonelada.
El compromiso incluye la creación del Fondo Español de Carbono y la participación de España en el Fondo de Biocarbono y en el Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario, ambos del Banco Mundial.
El Banco Mundial invertirá dichos fondos en la financiación de proyectos limpios en países en vías de desarrollo, proyectos que tienen el denominador común de generar beneficios medioambientales y que se puedan medir en términos de reducciones de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, de las cuales España se convertirá en titular.
El sector químico, con Kioto
También la industria en su conjunto ha logrado reducir su cuota, pasando del 24,46 por ciento al 22,73 por ciento. Por el contrario, la energía y el transporte han incrementado su peso y, actualmente, ambos capítulos suponen la generación de más de la mitad de las emisiones de gases con efecto invernadero (53,28 por ciento).
La industria química es, según afirma Feique, el único sector industrial que entre 1990 y 2002 ha logrado reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, principalmente debido a la paulatina implantación de tecnologías cada vez más limpias, la mejora de la eficiencia energética y el desarrollo del Programa Compromiso de Progreso.
Por lo que respecta a las previsiones en el sector químico, éstas muestran que no sólo no se producirá un incremento, sino que incluso se reducirán un 25 por ciento, ya que las emisiones pasarán de 11,864 millones de toneladas equivalentes de CO2 a 9,045 millones en 2012. Esta reducción estará principalmente motivada por la evolución hacia la fabricación de HFC’s con procesos de producción más limpios, así como por el incremento de su reciclaje.
Paralelamente a esta reducción del 25 por ciento de las emisiones, el sector químico elevará el valor de la producción de 17.069 a 41.479 millones, lo que supone un crecimiento del 143 por ciento en euros corrientes (un 92 por ciento a precios de 1990).
En consecuencia, el sector químico, que en 1990 generaba 0,69 kt de CO2 por cada millón de euros, generará sólo 0,22 en 2012. Es decir, triplicará su eficiencia.
