El Barómetro Conama 2026 detecta carencias en el acceso a la información ambiental

La Fundación Conama presentó el 17 de junio en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid los resultados del Barómetro Conama 2026 para evaluar la aplicación real de la normativa ambiental en España. La investigación, basada en 211 encuestas y 23 entrevistas en profundidad, analiza la percepción de los profesionales e identifica el desconocimiento institucional como el principal obstáculo regulatorio. El estudio propone un total de 20 medidas concretas para fortalecer los derechos de información, participación pública y justicia ambiental en el territorio nacional.

El acto, presentado por la meteoróloga y presentadora de TVE Mónica López, fue presidido por el presidente de la Fundación Conama Antonio Lucio, quien aprovechó para presentar la nueva edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente – Conama 2026 –, que se celebrará en Ifema Madrid del 30 de noviembre al 3 de diciembre bajo el lema ‘Hacer’.

El hilo conductor de la presentación fue el grado de cumplimiento del Convenio de Aarhus, ratificado por España en 2004, que reconoce tres derechos fundamentales en materia ambiental: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Las conclusiones del barómetro exponen cómo se está aplicando en la práctica, qué avances se han producido y qué hace falta para que ese marco legal se convierta plenamente en una realidad cotidiana.

Según un análisis elaborado por la consultora Smaso, en la actualidad el acceso a la información es el pilar mejor valorado en los últimos años ya que el 83,9% de los profesionales ha solicitado información ambiental alguna vez a la administración pública. Sin embargo, el reto está en extender ese modelo al conjunto de las instituciones y avanzar hacia una transparencia proactiva.

El Congreso Nacional del Medio Ambiente – Conama 2026 – se celebrará en Ifema Madrid del 30 de noviembre al 3 de diciembre bajo el lema ‘Hacer’.

El informe, elaborado por la consultora Samso, mantiene que las principales barreras para acceder a la información medioambiental no son tecnológicas, sino de actitud, lo que avala que la solución está más cerca de la voluntad institucional y la formación de los funcinoarios y de la Admnistración que de grandes inversiones. Otro dato importante es que el 77,7% de los profesionales ha participado en algún proceso de consulta pública, lo que refleja una cultura participativa activa en el sector; experiencias como la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética o la Ley de Aguas de Extremadura revelan que cuando los procesos son genuinos y existe retorno real sobre las aportaciones, la participación genera legitimidad y confianza.

El encargado de desgranar los principales datos del análisis fue el socio fundador de Samso, Joan Herrera, quien afirmó que "España tiene el marco normativo, experiencias exitosas en los tres pilares y profesionales comprometidos con la mejora continua. El diagnóstico está hecho y las soluciones ya se han planteado a partir de las propuestas y barreras identificadas por los propios profesionales del sector. Hacer que se pueda es un compromiso colectivo que empieza por conocer los derechos que ya tenemos y que nuestro marco normativo ya protege".

El acceso a la justicia es el pilar con más recorrido de mejora en el panorama español. La Ley 27/2006 reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita para entidades ambientales, pero muchas organizaciones desconocen ese derecho o encuentran dificultades para activarlo. A ello se suman unos plazos judiciales que alcanzan de media los 19 meses en los Tribunales Superiores de Justicia —según datos del CGPJ recogidos en el Informe Nacional de Cumplimiento presentado ante la UNECE en 2025— y la falta de ejecución de sentencias favorables. El Barómetro identifica, sin embargo, experiencias positivas: la creciente abogacía pro-bono y la especialización judicial en el ámbito hídrico demuestran que el cambio es posible; las medidas necesarias son concretas y realizables: formación de funcionarios, instrucciones claras a los colegios de abogados, reducción de plazos y refuerzo en la ejecución de sentencias.

El hallazgo más transversal es también el más esperanzador: el principal obstáculo para la aplicación del mencionado convenio es el desconocimiento, que tiene solución. El 53,1% de los profesionales tiene un conocimiento nulo o básico del Convenio de Aarhus, incluyendo el 57,4% de quienes trabajan en la administración pública. La investigación reconoce el papel fundamental de la administración local como nivel más cercano a la ciudadanía y señala que sus dificultades responden a escasez de medios y acompañamiento técnico; en este contexto, las diputaciones provinciales, los cabildos y los consejos insulares emergen como actores clave para apoyar a los municipios, replicando experiencias ya exitosas en algunos territorios.

El informe concluye con tres recomendaciones prioritarias por su impacto y viabilidad a corto plazo. La primera es la formación obligatoria sobre el Convenio para todos los niveles de la administración, con especial atención a la local; la segunda es la obligación legal de retorno motivado en los procesos de participación, y la tercera la garantía efectiva del derecho a la asistencia jurídica gratuita para entidades ambientales previsto en la Ley 27/2006. 

En el debate quedó claro que la desinformación ambiental ha calado entre amplias capas de la población española.

La comunicación de los resultados del Barómetro fue precedida por la presentación oficial de una nueva edición de Conama, el Congreso Nacional del Medio Ambiente, el encuentro decano del sector y también el más relevante de España que se celebra cada dos años. El presidente de la Fundación Conama, Antonio Lucio, organizadora del congreso, trasladó las principales líneas estratégicas del evento de la mano de la meteoróloga y presentadora de TVE Mónica López.

Lucio subrayó que “se trata de visualizar y demostrar que se pueden hacer las cosas de otra forma y que ya existen proyectos e iniciativas en marcha de diferentes actores que están transformando nuestro territorio. Hay que hacer para creer que podemos hacer”. El presidente de la Fundación Conama destacó también que el encuentro es un congreso que va mucho más allá del medio ambiente.

El Conama es ,probablemente, el evento de sostenibilidad más transversal y diverso, ya que en un mismo espacio conviven durante cuatro intensas jornadas agentes tan relevantes como la administración pública, empresas, asociaciones y clústeres del sector, ONGs y entidades ambientales, sector educativo, sector primario o medios de comunicación, entre otros. La 13ª edición de este evento —que en su anterior cita contó con más de mil ponentes y 7.297 asistentes— tratará aspectos muy variados del sector ambiental. Su programa definitivo, destacan fuentes de la organización del congreso, se construye de manera participativa con el trabajo de 45 comités técnicos formados por más de 1.900 personas expertas que ya están trabajando para preparar el Conama 2026.

Durante la charla mantenida entre López y el presidente de Fundación Conama se repitió en varias ocasiones que lo importante no son las palabras, sino los actos: las acciones concretas que permiten avanzar en la mejora de la sostenibilidad ambiental. El presidente de la Fundación Conama afirmó que de las experiencias negativas se aprende mucho y que “lo importante es la acción”, destacando el papel que juegan las administraciones locales a la hora de aplicar medidas dirigidas a mejorar la calidad ambiental. Lucio llamó la atención sobre el papel que puede jugar España como país tractor, en parte también por su situación geográfica y su relación con Latinoamérica; en este sentido, Lucio anunció que este año Conama organizará un encuentro iberoamericano del medio ambiente en Panamá que permitirá visibilizar la dimensión internacional del Congreso Nacional del Medio Ambiente.

La periodista Cristina Monge señaló que es necesario formar a los profesionales que desarrollan su actividad en alguna de las múltiples vertientes del medio ambiente, en particular entre funcionarios de cualquiera de los tres niveles de la Administración, llegando a proponer que las Ofertas Públicas de Empleo incluyan cuestiones relacionadas con el entorno natural y la legislación aplicable.

La sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid fue el escenario en el que se presentó el Barómetro Conama 2026.

El evento incluyó un debate moderado por Mónica López en el que participaron el periodista Gumersindo Lafuente; el jefe de Soporte a la Operación de Red Eléctrica Sergio Pasero; el socio fundador de la consultora Samso Joan Herrera, la divulgadora sobre Economía Social en Eco Marina Vargas, y la socia de Samso Cristina Monge. Bajo el título ‘Neutralizar la desinformación a través de la comunicación’ los participantes denunciaron que tras los bulos que se difunden sobre fenómenos meteorológicos hay un deseo de torpedear la democracia; Lafuente señaló que la situación financiera de los principales medios de comunicación españoles impide destinar más inversiones a la actualización tecnológica de los periodistas, que pierden así cercanía con parte de la población que ha renunciado a informarse a través de medios de comunicación tradicionales en detrimento de influencers, los interlocutores utilizados por las redes sociales para desmotivar a los más jóvenes.

El evento fue clausurado por el subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Miguel González Suela, quien apuntó que hay mensajes negacionistas de trazo grueso y otros más sutiles, como ha sucedido con algunos bulos difundidos sobre la causa de la eutrofización del Mar Menor con los que se quiere transmitir la idea falsa de que la agricultura no es la principal responsable del deterioro ecológico de la laguna. Ese objetivo se pretende alcanzar diluyendo responsabilidades o repartiendo culpas, evitando así que la sociedad tome conciencia de las negativas consecuencias del excesivo uso de fertilizantes que, tras episodios de lluvias torrenciales, se acumulan en forma de nitratos en el Mar Menor.

González Suela llegó a afirmar que “la desinformación mata”, denunciando también el señalamiento al que han sido sometidos meteorólogos de la Aemet tras la Dana que asoló parte de la provincia de Valencia. Ante esta realidad, propuso, la Administración debe trabajar siempre bajo criterios de la evidencia científica, aunque admitió que para desactivar estos mensajes el dato no siempre es suficiente, por lo que es necesario trabajar desde otros lenguajes más actuales para así llegar a la población más joven.