Ministros de la UE se someten a análisis de sangre para visibilizar la amenaza tóxica de los PFAS
Durante la reunión informal del Consejo celebrada el 10 de julio en Aalborg (Dinamarca), 32 ministros de Medio Ambiente y Clima de la Unión Europea participaron en una acción impulsada por el Gobierno danés, en colaboración con la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB) y ChemSec, consistente en someterse a análisis de sangre para detectar la presencia de PFAS, conocidos como “químicos permanentes” por su extrema persistencia en el medio ambiente y en el cuerpo humano, con el objetivo de sensibilizar sobre esta creciente amenaza sanitaria y medioambiental.
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente e Igualdad de Género de Dinamarca como una de las primeras acciones de su Presidencia del Consejo de la UE. Las pruebas están orientadas a detectar 13 tipos de sustancias PFAS, compuestos vinculados al cáncer, la infertilidad, enfermedades de la tiroides y debilitamiento del sistema inmunitario, y cuya presencia se ha documentado en prácticamente toda la población europea, incluidos niños, mujeres embarazadas y adolescentes.
“Debemos cooperar para combatir los PFAS”
Magnus Heunicke, ministro de Medio Ambiente de Dinamarca, subrayó que “los PFAS se acumulan tanto en el medio ambiente como en los seres humanos, y una vez que están presentes, son muy difíciles de tratar”. Añadió que “en los seres humanos, sabemos que los PFAS pueden, entre otras cosas, causar cáncer, y también pueden afectar a los entornos acuáticos y a los animales”. El ministro hizo un llamamiento a actuar de forma coordinada: “Es crucial que ahora tomemos medidas enérgicas contra la contaminación por PFAS, por lo que se deben tomar medidas en toda la UE para prevenir, contener y limpiar los PFAS. La contaminación está ocurriendo en toda la UE, y debemos cooperar. Ahora estamos destacando el problema al permitir que los ministros analicen su propia sangre para detectar PFAS”.
Junto a Alemania, los Países Bajos, Noruega y Suecia, Dinamarca ha presentado una propuesta conjunta a la Comisión Europea para prohibir la producción, venta y uso de casi todos los compuestos PFAS en virtud del reglamento REACH. Actualmente, los comités científicos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) evalúan el impacto sanitario, medioambiental y socioeconómico de esta propuesta, así como la viabilidad de alternativas más seguras.
“Nadie es inmune a la contaminación química”
Patrick ten Brink, secretario general de la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB), denunció que “nadie es inmune a la contaminación química, ni las personas ni el medio ambiente”. Ten Brink lamentó que “los productores de PFAS conocen desde hace tiempo los riesgos para la salud (cáncer, problemas de fertilidad, enfermedades de la tiroides y debilitamiento del sistema inmunitario) y siguen priorizando las ganancias sobre las personas”. También denunció que “estas empresas siguen presionando contra la normativa, ocultando la ciencia y engañando a los responsables de la toma de decisiones, mientras que las comunidades de toda Europa están expuestas a sustancias químicas tóxicas”. Según el secretario general de la EEB, “el coste de la inacción ya es asombroso y crece día a día. Necesitamos urgentemente que los contaminadores rindan cuentas y detener este ciclo de daños”.
Por su parte, Anne-Sofie Bäckar, directora ejecutiva de ChemSec, consideró que “esta iniciativa envía un mensaje contundente: los líderes europeos ya no están dispuestos a ignorar la crisis de las PFAS”. No obstante, advirtió que “las pruebas son solo el principio. Necesitamos una prohibición integral que abarque todos los usos de las PFAS, no solo los productos de consumo. Cualquier cosa menos que esto es una concesión a la presión de la industria y dejará a las comunidades y los ecosistemas expuestos para las generaciones venideras”.
El “veneno del siglo” en productos cotidianos
Los PFAS son un grupo de más de 10.000 compuestos químicos sintéticos empleados en procesos industriales y productos de uso diario, como utensilios de cocina antiadherentes, tejidos hidrófugos, envases de alimentos y espumas ignífugas. Su carácter persistente les ha valido el apodo de “productos químicos permanentes”. Las sustancias no solo contaminan el agua, el aire y el suelo, sino que también se acumulan en el cuerpo humano con efectos perjudiciales a largo plazo.
La comunidad científica ha alertado de que la exposición a PFAS representa una de las amenazas más graves para la salud pública en Europa. La magnitud del problema es tal que limpiar esta contaminación podría costar a la Unión Europea hasta 2 billones de euros en los próximos 20 años. Solo las labores de remediación medioambiental se estiman en 100.000 millones de euros anuales, sin incluir entre 52.000 y 84.000 millones de euros adicionales en costes sanitarios cada año.
El coste de décadas de ocultamiento
Al igual que en los casos del tabaco y los combustibles fósiles, los grandes productores de PFAS conocían desde hace décadas los impactos de sus productos en la salud y el entorno. Sin embargo, ocultaron deliberadamente la evidencia científica, minimizaron los riesgos, influyeron en las decisiones políticas y promovieron información falsa para evitar regulaciones que afectaran a su modelo de negocio.
Como consecuencia de estas prácticas, la respuesta política ha llegado con décadas de retraso, mientras la población y la naturaleza siguen pagando las consecuencias en forma de enfermedades, pérdida de biodiversidad y elevados costes económicos. Se estima que el impacto social total, entre remediación, sanidad y otros costes, asciende a unos 16 billones de euros al año.
Llamamiento a una prohibición integral
La actual propuesta de restricción de los PFAS presenta aún importantes vacíos legales. Entre ellos destaca la exención de su uso en pesticidas, una de las principales fuentes de contaminación ambiental. La ECHA prevé emitir su dictamen en 2026, momento en el que la Comisión Europea presentará una nueva propuesta que será discutida por los Estados miembros en el Comité REACH.
La presión de la industria química y de políticos conservadores en Alemania ha llevado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a suavizar su compromiso inicial de eliminación gradual de los PFAS, con el objetivo de ofrecer seguridad jurídica a las empresas. Las organizaciones no gubernamentales temen que este cambio de rumbo limite las restricciones a los productos de consumo, dejando fuera los usos industriales, responsables de al menos la mitad de las emisiones de PFAS al medio ambiente.
Dinamarca, la EEB y ChemSec impulsan esta campaña en respuesta a las peticiones de comunidades afectadas por PFAS en toda Europa, muchas de las cuales no han conseguido audiencia con la presidenta von der Leyen. La iniciativa reclama a la UE una prohibición integral de estas sustancias, el cierre de todas las lagunas normativas, una estrategia de limpieza efectiva y la exigencia de responsabilidades a los contaminadores. También aboga por el refuerzo del reglamento REACH, con el fin de evitar futuras crisis químicas y acelerar la acción reguladora.
