La ética del rescate
Paula Llull03/10/2014
Desde hace dos días, el espeleólogo español, Cecilio López-Tercero, que quedó 12 días atrapado a 400 metros de profundidad en la cueva Intimachay (Perú) durante su expedición, está sano y salvo.
Todo ha sido gracias al extenso despliegue de ayuda humanitaria, cuyo gasto por cierto, no ha sido sufragado por su propio país. El gasto que sí que cubrieron las arcas españolas fue el del traslado y repatriación de un sacerdote llamado Miguel Pajares, infectado por el Ébola, un virus tropical con demasiadas probabilidades de contagio.
Aunque la misión de Cecilio no era laboral, quizás ambos se pusieran en peligro de forma consciente. ¿Cuál es el límite implícito del estado para decidir a quién se rescata y a quién no? ¿Es el hecho de estar trabajando la premisa para poner dinero público en un rescate?
El debate no es nuevo. Se apaga y resurge de forma intermitente cuando se dan estos casos de elevado impacto mediático. Uno de los ejemplos más sonados, el de Óscar Pérez, que murió en 2009 en el Latok II, uno de los ochomiles más temidos, esperando una ayuda que nunca llegó. El presidente del club de alpinismo al que pertenecía Óscar, Manolo Bara, se preguntó en su momento y en voz alta cómo explicaría a la opinión pública qué hacían dos jóvenes en una montaña tan complicada y remota y por qué había que ayudarles. O el caso de los tres guardias civiles que fallecieron durante el rescate de un excursionista.
Rescate Cecilio López. Imagen de rpp.com
Hoy, de nuevo, se reabre el debate. ¿Debe el estado sufragar todos y cada uno de los accidentes sufridos por deportistas de riesgo? ¿Debe, por consecuencia directa, poner en peligro la vida de los bomberos, militares y policías que conforman las fuerzas y cuerpos de seguridad por una imprudencia individual? ¿Hasta dónde llega el riesgo que hay que asumir por parte de las autoridades? Al fin y al cabo, su trabajo lleva estos riesgos implícitos, pero supongo que no a toda costa. En general aceptamos que los cuerpos de seguridad están para eso, sin hacer distinciones entre las víctimas.
En Euskadi, por poner un ejemplo, se optó en 2011 por la aprobación de una normativa donde se indica cuáles son los rescates cuyos gastos deberán ser sufragados por el accidentado y su seguro (normalmente los seguros de dichos deportistas no cubren ni un 10% de los gastos que podría representar, por ejemplo, un accidente en el Annapurna), y cuáles corren por cuenta del Gobierno vasco.
Partamos ahora de la base que (hipotéticamente) la decisión de ayudar a alguien (o no) en función de si éste alguien ha desarrollado conscientemente una conducta de riesgo es éticamente correcta.
Entonces, ¿tampoco se les debe sufragar, por ejemplo, un tratamiento de cura y rehabilitación a aquéllos que han tenido un accidente de tráfico pero no llevaban cinturón? ¿Enserio? Es el mismo caso. Un inconsciente que no ha hecho caso de las campañas de la DGT. O el inacabable debate de los tratamientos para la cura del cáncer de los fumadores.
El problema es que si no hubiera sido por el crowdfunding, la solidaridad asociaciones de espeleología y el Gobierno Peruano, Cecilio no lo hubiera podido contar en primera persona. Me pregunto cómo habría podido el gobierno español defender su renuncia a prestar la ayuda necesaria en tal caso.
Ah, se me olvidaba. El espeleólogo tampoco habría salido vivo de allí sin la ayuda de varios concejales del ayuntamiento de su pueblo, que han hecho algunas donaciones. Y una nota de prensa para que lo supiéramos.
¿Qué opináis sobre esta controversia? ¿Se debe financiar cualquier rescate o hay que establecer límites? ¿Qué ocurre si el accidentado no dispone de seguro, o medios económicos?
Todo ha sido gracias al extenso despliegue de ayuda humanitaria, cuyo gasto por cierto, no ha sido sufragado por su propio país. El gasto que sí que cubrieron las arcas españolas fue el del traslado y repatriación de un sacerdote llamado Miguel Pajares, infectado por el Ébola, un virus tropical con demasiadas probabilidades de contagio.
Aunque la misión de Cecilio no era laboral, quizás ambos se pusieran en peligro de forma consciente. ¿Cuál es el límite implícito del estado para decidir a quién se rescata y a quién no? ¿Es el hecho de estar trabajando la premisa para poner dinero público en un rescate?
El debate no es nuevo. Se apaga y resurge de forma intermitente cuando se dan estos casos de elevado impacto mediático. Uno de los ejemplos más sonados, el de Óscar Pérez, que murió en 2009 en el Latok II, uno de los ochomiles más temidos, esperando una ayuda que nunca llegó. El presidente del club de alpinismo al que pertenecía Óscar, Manolo Bara, se preguntó en su momento y en voz alta cómo explicaría a la opinión pública qué hacían dos jóvenes en una montaña tan complicada y remota y por qué había que ayudarles. O el caso de los tres guardias civiles que fallecieron durante el rescate de un excursionista.
Rescate Cecilio López. Imagen de rpp.com
Hoy, de nuevo, se reabre el debate. ¿Debe el estado sufragar todos y cada uno de los accidentes sufridos por deportistas de riesgo? ¿Debe, por consecuencia directa, poner en peligro la vida de los bomberos, militares y policías que conforman las fuerzas y cuerpos de seguridad por una imprudencia individual? ¿Hasta dónde llega el riesgo que hay que asumir por parte de las autoridades? Al fin y al cabo, su trabajo lleva estos riesgos implícitos, pero supongo que no a toda costa. En general aceptamos que los cuerpos de seguridad están para eso, sin hacer distinciones entre las víctimas.
Otro debate, el más delicado es, como siempre, el tema del dinero. ¿Quién paga los rescates? ¿y cuáles se pagan?
En Euskadi, por poner un ejemplo, se optó en 2011 por la aprobación de una normativa donde se indica cuáles son los rescates cuyos gastos deberán ser sufragados por el accidentado y su seguro (normalmente los seguros de dichos deportistas no cubren ni un 10% de los gastos que podría representar, por ejemplo, un accidente en el Annapurna), y cuáles corren por cuenta del Gobierno vasco.
Partamos ahora de la base que (hipotéticamente) la decisión de ayudar a alguien (o no) en función de si éste alguien ha desarrollado conscientemente una conducta de riesgo es éticamente correcta.
Entonces, ¿tampoco se les debe sufragar, por ejemplo, un tratamiento de cura y rehabilitación a aquéllos que han tenido un accidente de tráfico pero no llevaban cinturón? ¿Enserio? Es el mismo caso. Un inconsciente que no ha hecho caso de las campañas de la DGT. O el inacabable debate de los tratamientos para la cura del cáncer de los fumadores.
El problema es que si no hubiera sido por el crowdfunding, la solidaridad asociaciones de espeleología y el Gobierno Peruano, Cecilio no lo hubiera podido contar en primera persona. Me pregunto cómo habría podido el gobierno español defender su renuncia a prestar la ayuda necesaria en tal caso.
Ah, se me olvidaba. El espeleólogo tampoco habría salido vivo de allí sin la ayuda de varios concejales del ayuntamiento de su pueblo, que han hecho algunas donaciones. Y una nota de prensa para que lo supiéramos.
¿Qué opináis sobre esta controversia? ¿Se debe financiar cualquier rescate o hay que establecer límites? ¿Qué ocurre si el accidentado no dispone de seguro, o medios económicos?
