Cómo paliar la pobreza energética desde la rehabilitación

Greenward Partners, compañía especializada en la activación del capital ecológico en España, aboga por que se articulen con urgencia mecanismos y proyectos de renovación energética en los sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada es crucial. Solo mediante la eficiente interacción entre subvenciones, ayudas, garantías y créditos blandos del sector público con financiación en escala desde el sector privado, los colectivos más desfavorecidos podrán acceder a los recursos necesarios para afrontar la rehabilitación energética de los edificios donde viven.

A consecuencia de la crisis COVID-19, solo durante los primeros meses del estado de alarma en España, cerca de 40.000 personas (más de 200 peticiones diarias) habrían solicitado beneficiarse del bono social eléctrico, el principal programa público destinado a compensar los gastos de suministro de energía para usos térmicos como calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, según datos del Ministerio de Transición Ecológica.

A junio de 2020, según el Boletín de Indicadores Eléctricos de la CNMC, el número de consumidores acogidos al bono social ascendía a 1,3 millones, su máximo histórico.

Con una cifra de consumidores vulnerables extremos situada también en máximos (620.100), el Gobierno ha decidido destinar más recursos al bono social térmico. La partida impulsada desde el MITECO ha pasado de 95 millones de euros en 2020 a 109 millones en 2021, lo que implica un incremento superior al 15%.

El último informe del MITECO publicado en 2020 con la actualización de indicadores de pobreza energética (con datos de 2019), muestra que:

• El 7,6% de la población no pudo mantener una temperatura apropiada en su hogar.
• El 6,6% incurrió en retrasos en el pago de las facturas de los suministros
• El 16,7% de la población tuvo un gasto energético desproporcionado respecto a su nivel de ingresos.
• El 10,6% de los domicilios estaba afectado por la pobreza energética escondida (no consumen energía).
• En total, 10 de cada 100 hogares en España sufrían pobreza energética en 2019.

Los recursos públicos disponibles para hacer frente a la rehabilitación energéticamente eficiente de edificios y hogares, muy limitados para afrontar las necesidades totales en España, deberían dedicarse mayoritariamente a desarrollar proyectos para los colectivos más vulnerables en cuestión de pobreza energética.

Los principales objetivos vinculantes para la UE en 2030 en materia de energía son: 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) que ha presentado España a la UE, lograr un 39,5% de mejora en eficiencia energética.

Sólo para el sector de la edificación, el objetivo en 2030 en España es disminuir el consumo de energía final en 43.464 GWh respecto al consumo actual, correspondiendo el 73,7% de esta reducción a los usos térmicos. El 60,7% del objetivo de disminución del consumo se concentra en el sector residencial, donde se prevé la rehabilitación de la envolvente de 1,2 millones de viviendas y la sustitución de más de 3,5 millones de sistemas de calefacción y agua caliente. Sin embargo, en 2019 se realizaron tan solo 31.000 renovaciones al año en España, según información de visados de reforma publicada por el MITMA.

Para contextualizar el reto económico, la reforma integral de un edificio de 20 viviendas de 100 m2 con finalidad de eficiencia energética, incluyendo envolvente, calderas de calefacción y agua caliente y otros elementos, podría superar fácilmente los 300.000 euros. Los costes de estudio, asistencia técnica y puesta en marcha de una renovación energética pueden ser muy elevados y disuasorios. Para los ciudadanos económicamente más desfavorecidos y las comunidades vecinales de los barrios más degradados, el reto es imposible de superar.

Las necesidades de inversión en eficiencia energética en España para 2021-2030 superan los 85.000 millones de euros; más de 40.000 de ellos corresponden a proyectos de descarbonización del parque edificado. Es imposible que las cuentas públicas, incluso con el apoyo desde EU Nextgeneration, financien en solitario la inversión que se necesitará en los próximos diez años para cumplir los objetivos de eficiencia energética en edificios que exige la Unión Europea. De hecho, el gobierno español ya prevé en el PNIEC y en la ERESEE 2020 que el 80% de estos volúmenes de inversión provengan del sector privado.

Además, los actuales sistemas de subvenciones públicas no están siendo plenamente efectivos porque sus importes son muy limitados, implican trámites administrativos complejos y largos, y el beneficiario ha de anticipar la inversión.

De cara a la financiación, los proyectos integrales de renovación energética suponen afrontar un coste de inversión inicial significativo y con periodos de payback en forma de ahorros energéticos por encima de los 10 años, lo que los convierte en operaciones percibidas por las entidades financieras como poco atractivas por su mayor riesgo y su perfil de inversión de largo plazo.

No hay en el mercado productos y estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste del proyecto, a largo plazo, a tipos de interés competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan el riesgo de la operación y permitan su desarrollo a escala.

Es crucial que se articulen con urgencia mecanismos y proyectos de renovación energética en los sectores de población con rentas bajas, para los que una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada

Desde Greenward se aboga por que la participación ciudadana en el sistema energético sea incentivada, acompañada y potenciada desde la Administración Pública, específicamente desde la órbita municipal, la más cercana al ciudadano, a través de una estrategia holística de información, capacitación, ayudas técnicas y, en casos de comunidades en sector de baja renta, una inteligente política de subvención y ayudas que incentiven la entrada de inversión privada.

• Préstamos para la Activación del Capital Ecológico (PACE): instrumento que permite canalizar el capital de inversores institucionales privados para cubrir al 100% la financiación de proyectos de mejora energética de los edificios y sin coste para los propietarios. Los préstamos se pagan a efectos netos con los ahorros generados por las mejoras, con recurso exclusivo contra los propios inmuebles, sin que el propietario asuma la deuda por la totalidad de la inversión a título personal y con la participación del ayuntamiento como agente de recobro. Es el instrumento, de entre los existentes en el mercado internacional, que menor consumo de recursos públicos implica, al viabilizar significativamente la financiación privada mediante el refuerzo de la seguridad jurídica del repago.
• Súper Ecobonos: desgravación o crédito fiscal por el importe de la inversión en renovación que se puede transferir a inversores que financien esta y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos. Ha sido implantado con gran éxito en Italia.
• Medición y monetización de servicios de flexibilidad y demanda que generan los proyectos de eficiencia energética: nuevas estructuras como la propuesta por Greenward en su Paper 3 “MEETS” o similares programas a nivel internacional bajo la denominación de “Pay for Performance” (P4P) que retribuyen además del ahorro, la flexibilidad y posibilidad de reducir y aplanar la curva de demanda, harán más atractivos y viables proyectos a escala en zonas urbanas con independencia de la renta de los propietarios.
• Comunidades Energéticas Locales (CEL): permiten a ciudadanos, autoridades locales y pymes ser socios de proyectos energéticos ligados a renovables y eficiencia energética en sus localidades. Incluyen el derecho de los consumidores a participar en proyectos a través de los cuales puedan producir, consumir, almacenar o vender energías renovables, así como compartir dichas energías en el seno de la comunidad.
• Certificados de Ahorro Energético (CAE): sistema para medir y cuantificar los ahorros obtenidos en proyectos de eficiencia energética, de modo que se puedan monetizar transfiriéndolos a compañías obligadas legalmente al cumplimiento de esas cuotas de ahorro, entre ellas, comercializadoras de gas y electricidad.
• Proyectos de regeneración urbana a escala de barrio: camino ideal y preferente, no solo por las economías de escala que se generan, sino porque habilitando fórmulas de compensación de edificabilidad se puede sufragar una parte muy importante de las actuaciones en esos edificios de baja renta y en situación de pobreza energética. Según los datos de los Catálogos de Barrios Vulnerables de España, ya en 2011, había en España 918 barrios y áreas estadísticas vulnerables en 132 ciudades. La conclusión central de esta investigación es que durante las dos décadas analizadas, los desequilibrios internos de las ciudades españolas aumentaron de forma significativa y continuada, en un doble proceso de incremento y concentración espacial de población vulnerable.
• Banco Verde: entidad que aglutine la inversión púbica y canalice otro tanto de la inversión privada para provocar un efecto multiplicador en la financiación de proyectos de eficiencia energética, promoción de energías limpias y de la economía descarbonizada. En este sentido, Greenward ha elevado a la Administración Pública la posibilidad de transformar en Banco Verde el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), dependiente del MITECO, dotándole de nuevas capacidades ejecutivas y aportaciones económicas.

NOTA: Si se destinaran al banco verde emergente según este modelo las aportaciones anuales con que cuenta el FNEE -de unos 250 millones de euros-, las nuevas aportaciones derivadas del ICO, de las líneas del Banco Europeo de Inversiones, de la participación en el mercado de derechos de emisión y de un recurso extraordinario dentro del plan NextGeneration EU, los fondos podrían superar los 2.000 millones de euros. Mediante la atracción del capital privado, podría multiplicarse por cuatro cada euro de inversión del FNEE en financiación de proyectos de renovación energética, pudiendo superar los 8.000 millones de euros al año.

Sería necesario que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se está tramitando, tanto a nivel nacional como autonómico, incorpore medidas para hacer accesibles estas herramientas que permitan confluir el capital público y el privado de cara a la rehabilitación energéticamente eficiente, con especial referencia a los ciudadanos que sufren pobreza energética.

La implantación en nuestra legislación de estos esquemas de colaboración público-privada ayudaría a transformar el panorama energético español y serían un arma de gran eficacia para disminuir las tasas de pobreza energética, porque hay un enorme volumen de recursos financieros en manos de capital privado (fondos de pensiones y otros inversores institucionales, principalmente) que demandan proyectos de inversión “verde”, estable, sostenible y a largo plazo.

España necesita normativas eficaces e instituciones especializadas que sean capaces de dar soluciones innovadoras y canalizar eficientemente estos ingentes recursos del ahorro privado que actualmente están infrautilizados.

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales y autonómicos de rehabilitación de viviendas será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal, que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad.

Los municipios son absolutamente clave para coordinar y focalizar estrategias y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones y proyectos autonómicos y municipales, etc.

Los municipios adquieren especial protagonismo en el modelo de financiación PACE, cuya adopción es voluntaria y requiere de la estructuración de un Programa de Administración para su correcta implantación a nivel local. Greenward ha elaborado la guía/manual de implantación de un sistema PACE para su divulgación entre ayuntamientos.