La situación actual nos está poniendo a prueba, tanto a nivel personal como profesional, ubicando la economía en una situación de incerteza constante, en la que muchos negocios y familias están sufriendo sus graves consecuencias. Era una situación impensable hace pocos meses. Pero para entender la situación y afectación de esta crisis sanitaria en el colectivo de empresas instaladoras es necesario analizar en qué situación se encontraba antes del inicio de la crisis sanitara.
Al finalizar el periodo de la crisis financiera del 2008, se estima que un 30% del sector desapareció. La crisis golpeó con fuerza y únicamente se mantuvieron activas aquellas empresas con poco apalancamiento o con una cartera de clientes diversificada. La demanda, entonces, se estabilizó significativamente, aunque por debajo de la que existía en la época precrisis. Las empresas y los instaladores empezaron a focalizarse en áreas como la eficiencia energética y a valorar los mantenimientos como un espacio seguro en el que moverse para asegurar una facturación estable, aspecto que requería de una formación técnica más especializada y enfocada a la solución de problemas técnicos, sin centrarse únicamente en las nuevas instalaciones.
Gradualmente y ya en situación de cierta estabilidad post crisis, la demanda fue creciendo, pero arrastrando aún las consecuencias de un sector que se centró especialmente en la obra nueva. Fue en ese momento cuando apareció uno de los problemas más graves relacionado con el crecimiento paulatino de la demanda: una brecha técnica de mano de obra cualificada en el mercado laboral. Las empresas no encontraban personal cualificado y los centros de formación profesional cerraban sus líneas de formación enfocadas a la profesión de empresa instaladora a pesar de la alta demanda de las empresas por incorporar a trabajadores cualificados, de tener un paro juvenil de cerca del 24% y de ser una profesión de futuro y bien remunerada. Se estaba generando un problema importante en un mercado efervescente, sobre todo por el despertar de las energías renovables y el papel protagonista del instalador en la transformación energética. A este problema, se añadían otras casuísticas como la fuerte competencia en el sector, el intrusismo, las políticas pasivas de seguridad industrial, la morosidad, la reubicación estratégica de empresas que intervenían en la cadena de valor de la venta en posiciones no naturales, etc.
Esto sucedió antes de estallar la crisis del COVID-19. Estábamos en un momento de cierta estabilidad, con problemas que no eran nuevos y relacionadas con la actividad de un sector todavía estaba en fase de recuperación. Las empresas tenían una mejor salud financiera que en 2008, menos apalancadas, con carteras más diversificadas y con estructuras más ajustadas. Ahora en una situación de crisis cíclica (que no se tornará en una crisis financiera si Europa es capaz de transfundir capital a un conjunto de países en clara anemia económica) la situación vuelve a ser nuevamente incierta y en algunos casos dramática.
El 14 de marzo, el Gobierno de España, anunció la activación del Estado de Alarma. Fue un momento histórico, no en el buen sentido, pero histórico, al fin y al cabo. Una situación completamente anómala para todos y llena de incertidumbre. A partir de la activación del Estado de Alarma, las prioridades se centraron en contener el avance del Covid-19 a través de la activación de políticas dirigidas des del Ministerio de Sanidad, manteniendo en un segundo plano la propia economía e impactando de manera muy severa en el pequeño tejido empresarial. Una situación compleja de equilibrar. En esos momentos, muchos nos preguntábamos como evolucionarían las prioridades a medida que avanzase la crisis, ¿prevalecería la sanidad frente a la economía o al contrario? La realidad fue que dicha balanza (aún hoy en día podríamos afirmar que sigue el mismo patrón) fue y es decantada según sea la saturación de los servicios sanitarios y especialmente de las unidades de cuidados intensivos.
Durante aquella crisis, la incertidumbre, como explicaba fue enorme. Los cuerpos de seguridad estaban completamente descoordinados. Policía nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Local, Ayuntamientos, Gobiernos de Comunidades Autónomas e incluso el propio Gobierno de España estaban sumidos en un grado muy elevado de descoordinación e improvisación. ¿Qué se consideraba servicio esencial? ¿Qué actividades podían proseguir con su actividad y cuáles debían cerrar? La redacción de Reales Decretos Ley, Órdenes Ministeriales, notas interpretativas, declaraciones, etc., eran constantes y mientras, en los controles establecidos en las carreteras, se obligaba a las empresas instaladores a volver a sus centros de trabajo prohibiendo su desplazamiento independientemente de las justificaciones o de los servicios que cubriesen (esenciales o no). Hubo una inundación masiva de información que en muchos casos era contradictoria o muy interpretable. Fabricantes, distribuidores y empresas instaladoras recibían informaciones opuestas y discordantes por varios canales. Informaciones que indicaban, en algunos casos, la obligatoriedad de paralizar parcial o completamente la actividad. Justo en el momento de máxima tensión, un estudio realizado por FEGiCAT reveló que un 80% de las empresas instaladoras declaraban haber perdido el 75% de su facturación. Las únicas opciones para salvar la actividad era acogerse a ERTES, ya fuesen por fuerza mayor o no, y solicitar un préstamo ICO para garantizar los flujos de caja y poder pagar nóminas, a proveedores y cumplir con diversas obligaciones. Las micropymes y autónomos quedaron en una situación de abandono total, viendo de forma impotente como continuaban cargando en sus cuentas sus obligaciones fiscales a pesar de no tener ningún tipo de ingreso. Fue el momento más duro de administrar. Al fin y al cabo, las asociaciones nos sentimos parte de las empresas que representamos. Vivimos junto a ellas esa desesperación. Finalmente, conseguimos a través de la fuerza del colectivo que el Gobierno de España cediera a muchas de nuestras peticiones, pero más tarde de lo que nos hubiese gustado.
Fueron momentos complejos de gestionar. Las federaciones y asociaciones de instaladores no tuvimos momentos de descanso. La publicación de textos legales nos obligaba por pura responsabilidad a realizar un trabajo intensivo de interpretación y análisis, de contrastar la información con las Administraciones Públicas, con el único objetivo de trasladar una información veraz al colectivo. Reuniones con políticos, peticiones al Congreso de los Diputados, etc. Los días se fusionaban. Era necesario reaccionar rápido, pero aún más importante era trasladar una información clara y directa, aspecto que chocaba en muchas ocasiones con otros agentes del sector que trasladaban ocasionalmente información maquillada e interesada. El trabajo asociativo ha sido impresionante, tanto en la defensa del colectivo como en aclarar y trasladar informaciones. Incluso en Cataluña realizamos una compra colectiva de EPIs, sin tener experiencia en actuar como central de compras, en un momento de extrema volatilidad de precios y en una situación en la que todos los distribuidores habían roto stocks. FEGiCAT y los gremios que la forman fueron capaces de suministrar 60.000 mascarillas y 8.000 litros de gel hidroalcohólico a los instaladores asociados en el punto más álgido de la pandemia, poniendo su propia seguridad en riesgo. Todo un ejemplo de compromiso personal y profesionalidad.
Los datos empezaron poco a poco a ser más alentadores. A medida que las cifras de contagios se reducían y las UCIs se liberaban de la presión a la que habían estado sometidas, el Gobierno de España relajó las restricciones en la actividad económica abriendo la posibilidad de reactivar determinados sectores. En nuestro caso, la Orden SND 385 y las aclaraciones facilitadas por el Ministerio de Industria fueron determinantes. Previo análisis, se trasladó la información con todas las precauciones que la situación requería y el sector empezó a reactivarse. Las empresas instaladoras empezaron a actuar en locales y viviendas a las que se les había prohibido su actuación. En esos momentos, aun teniendo instrucciones claras, continuaba existiendo una descoordinación enorme entre los cuerpos de policía y de seguridad. Tocaba de nuevo, como asociaciones, hacer valer nuestra posición de fuerza colectiva para que el sector no se viera ralentizado. El resultado fue muy satisfactorio una vez más.
Me atrevería a decir que la actividad ahora mismo es frenética. Frenética no implica necesariamente que sea óptima. Esa diferencia se justifica por la urgencia desmesurada e instaurada en la sociedad en la que se percibe la exigencia de dar una respuesta rápida a las necesidades no cubiertas en el periodo del Estado de Alarma, bien fuese por miedo a contactar con desconocidos o por la situación del estado de confinamiento. Se prevé que este estado será transitorio y muy probablemente se mantendrá hasta finales de septiembre, cuando finalice el periodo de vigencia de los ERTEs. Será a partir de ese momento cuando se verán realmente los efectos reales de esta crisis. Las previsiones no son nada optimistas. Por ello es más necesario que nunca trabajar a fondo en iniciativas que ayuden a reactivar el sector. Europa está marcando el camino hacia la transición energética. España está haciendo grandes avances, pero todavía está en la cola, ya no de Europa, sino comparándonos con nuestros colegas europeos que están potenciando al máximo estos vectores de recuperación. Las energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad eléctrica serán fundamentales en la reactivación de la economía. No deberíamos perder nuevamente la oportunidad de convertirnos en un referente.
Ahora debemos acostumbrarnos a vivir en un contexto si cabe más volátil e incierto. Como dicen los “gurús” de la estrategia, antes de la crisis sanitaria vivíamos en un entorno VUCA (Volátil, Incierto -Uncertainty en inglés-, Complejo y Ambiguo). Ahora deberían encontrar otro término para definir la situación actual, mucho más compleja de interpretar y predecir. Lo que debemos tener claro como sector es que es más necesario que nunca reinventarse, formarse continuamente en nuevas tecnologías y estar preparados para el cambio. Si algún sector tiene por delante un futuro esperanzador es el vinculado con la energía. Si los cambios se producían con rapidez antes de la crisis sanitaria, ahora van a una velocidad vertiginosa. Tendremos que estar atentos y aprovechar las oportunidades que, en todas las situaciones complejas y de crisis, aparecen.
Las energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad eléctrica serán fundamentales en la reactivación de la economía. No deberíamos perder nuevamente la oportunidad de convertirnos en un referente.
Es más necesario que nunca reinventarse, formarse continuamente en nuevas tecnologías y estar preparados para el cambio
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