APPA anuncia recurrir el nuevo sistema retributivo de las energías renovables ante la Comisión Europea
La aprobación del Real Decreto 413/2014 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos es, para la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA, un paso más en la estrategia de acoso y derribo al sector de las energías renovables. Por esa razón, APPA piensa recurrir este Real Decreto y toda la normativa del Gobierno ante la Comisión Europea y todas las instancias judiciales, tanto nacionales como internacionales.
Según el comunicado emitido por la asociación, el nuevo Real Decreto cambia radicalmente todas las condiciones sobre las que se hicieron las inversiones y sumerge al sector en una total inseguridad jurídica, impropia de un país desarrollado, al aplicar medidas retroactivas que han hecho de España el país del mundo con más litigios internacionales. La puntilla que llevará al sector español de renovables a una situación crítica será la publicación de la Orden de parámetros retributivos prevista en el nuevo Real Decreto, actualmente en tramitación.
Desde APPA se preguntan a qué intereses sirve un Gobierno que, en su objetivo de acabar con el llamado déficit de tarifa y bajo la excusa de reducir el precio de la electricidad, sólo ha venido actuando contra las tecnologías del ya extinto Régimen Especial y, especialmente, contra las energías renovables, las grandes damnificadas de su pretendida reforma energética cuando, paradójicamente, son las renovables las que con su entrada en el mercado reducen de manera significativa el precio de la electricidad. Como el diagnóstico ha sido equivocado al considerar como principales culpables del déficit a las renovables, el Gobierno comete un tremendo error histórico al aplicarles todo tipo de recortes y hacerlo de modo retroactivo.
El Real Decreto aprobado introduce más inestabilidad regulatoria pues deja en el aire la viabilidad de las instalaciones renovables existentes o futuras, ya que contempla la posibilidad de modificar cada tres años los parámetros retributivos de las mismas de forma arbitraria, obviando que con este esquema de apoyo y con la “rentabilidad razonable” establecida por el Gobierno en el Real Decreto no se habría instalado ni un solo MW renovable en España. Esta normativa ahuyenta cualquier posibilidad de inversión, española o extranjera, en el sector de las renovables en nuestro país y compromete seriamente los objetivos europeos asumidos por el propio Gobierno español. Y, lo que es más grave, España da claramente marcha atrás en la apuesta por tener un sistema eléctrico autosuficiente, limpio y competitivo en el futuro, al contrario de lo que están haciendo prácticamente todos los países en el mundo.
APPA continúa explicando que la nueva normativa prima la ineficiencia técnica y económica, al remunerar a las instalaciones en función de las inversiones realizadas y de su potencia en lugar de primar la generación eléctrica, lo que dificultará la operación del sistema y su competitividad en el corto, medio y largo plazo. Del mismo modo, no se incentiva el ahorro y la eficiencia por parte del consumidor al penalizar la contratación del término de potencia y no el consumo de kWh de electricidad.
A partir de ahora, con la nueva reglamentación aprobada y la que está en tramitación, habrá instalaciones renovables -principalmente eólicas y minihidráulicas- que con apenas diez años de vida cobren menos por la energía que generen que instalaciones nucleares con más de cuarenta años de existencia. Se da la paradoja de que en las horas que generan abaratan el precio y, por tanto, no alcanzan a cobrar el precio medio anual de la electricidad. Todo ello, a pesar de ser tecnologías limpias que no contaminan ni generan residuos.
Según el comunicado de APPA, el Ministro en su comparecencia volvió a señalar a las primas a las renovables como únicas causantes del déficit de tarifa, sin mencionar otros costes que proyectados en el tiempo, como hace demagógicamente con la vida útil de las instalaciones renovables, habrían evitado la generación del déficit de tarifa o lo habrían reducido significativamente. Entre estos costes, cabe citar los costes extrapeninsulares, la interrumpibilidad, los pagos por capacidad o el bono social. Además, el Ministerio utiliza de forma engañosa, sin rigor y con mensajes sesgados el dato del impacto económico de lo que cuestan las primas a las renovables durante toda la vida útil de las instalaciones -200.000 millones, según el Ministerio- para justificar el tremendo recorte que aplica a las diferentes tecnologías renovables, sin mencionar los ahorros que generan –más de 214.000 millones de euros- y sin tener en cuenta los beneficios que aportan al sector eléctrico y a la economía española.
Para APPA, el Gobierno con su política anti-renovable renuncia a la posición de privilegio que nuestro país ocupaba para hacer de este sector uno de los pilares de la nueva economía, basada en el desarrollo de las energías renovables, un mercado que registra crecimientos anuales en todo el mundo.
