APPA Biomasa reclama 645 nuevos MW para cumplir los objetivos a 2020
Por otro lado, la Planificación Energética 2015-2020 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) prevé la instalación de 8.537 MW renovables nuevos, de los que 275 MW, según el documento, corresponden a biomasa, biogás, RSU y otros, en conjunto. Para cumplir los objetivos del PANER, la Planificación, en lugar de los 275 MW previstos, debería haber contemplado la instalación de los 645 MW mencionados, de los que 470 MW serían de biomasa sólida y 175 MW de biogás.
En el caso de que las nuevas adjudicaciones se hagan mediante subastas, APPA Biomasa pide al nuevo Gobierno que se corrijan los requisitos de adjudicación de la subasta de enero para evitar resultados poco realistas como los que en ella se dieron. El hoy Gobierno en funciones desoyó las recomendaciones de los productores, que pedían entre otras cosas que se limitara la participación a empresas de un mismo grupo para impedir que agentes externos al sector de la biomasa pudiesen distorsionar el resultado y se terminaran adjudicando bloques de potencia que, finalmente, pudieran no ser ejecutados. El mecanismo de adjudicación finalmente adoptado era permeable a la especulación y muy excluyente, especialmente para las pequeñas cogeneraciones con biomasa en industrias y las plantas pequeñas y medianas de biomasa, que no podían competir en la subasta debido a las grandes diferencias en economía de escala.
La situación a la que se vieron abocadas algunas empresas las llevaron a entrar en la subasta a cualquier precio y ofertar reducciones del 100% sobre la retribución a la inversión de salida, a lo que contribuyó el mecanismo marginalista de la subasta.
APPA Biomasa pide un apoyo sostenido al sector por los beneficios energéticos, ambientales y sociales que la generación con esta tecnología renovable conlleva. Más concretamente, demanda que las instalaciones de biomasa no tengan límite máximo de producción de 6.500 horas -como no lo tienen las instalaciones de cogeneración- y que se elimine el impuesto del 7% sobre la producción eléctrica. Ambas reivindicaciones son consideradas claves por los productores para permitir el desarrollo del sector de la biomasa en nuestro país.
