La pobreza energética en Cataluña se sitúa por encima de la media estatal
Según la encuesta de condiciones de vida del 2015 realizada por el Institut de Estadística de Cataluña, la pobreza energética ha afectado un 7% de los catalanes durante el último año. Este hecho sitúa el territorio catalán por encima de la media española (6,3%) y provoca que hasta 511.551 personas hayan tenido problemas para pagar las facturas de suministros en Cataluña.
de 25ºC en verano, en la habitación principal), así como disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio justo.
Comparativa con otros países
En España hay un 18% de riesgo de no poder mantener una temperatura confortable en el hogar. Este valor se encuentra en unos niveles parecidos a países como el Reino Unido (19%), Francia (15%) o Alemania (15%), pero es muy superior en otros estados como Luxemburgo (2%), Finlandia (4%) o Suecia (3%). En el otro extremo, se sitúan países como Bulgaria (70%), Grecia (48%), Italia (44%) o Portugal (43%).
Causas de la pobreza energética
Las principales causas que conducen al consumidor a ser vulnerable a la pobreza energética son, por una parte, los bajos ingresos y, por otra, factores como la baja
calidad en las edificaciones (hogares ineficientes energéticamente) y el incremento de los precios de la energía. En los últimos diez años, la electricidad se ha encarecido un 50% a pesar de que el nivel de vida y el poder adquisitivo de la población han disminuido.
El presidente del Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña, Albert Mitjà, ha destacado “la importancia de luchar contra esta situación mediante la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios”. Mitjà también ha propuesto “adaptar medidas europeas como las alemanas o belgas, en las cuales parados de larga duración se forman para informar de la situación y llevar a cabo auditorías energéticas en los hogares”.
Normativa catalana
La principal medida que hay en Cataluña para afrontar la emergencia en la vivienda y la pobreza energética es la Ley 24/2015. Ésta quiere garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial.
