Con la participación de técnicos y expertos de la administración

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea introdujo el principio de cautela como una nueva dimensión a tener en cuenta en la gestión de riesgos para las autoridades europeas. Buscando garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente mediante tomas de decisión preventivas en caso de riesgo, su ámbito de aplicación es mucho más amplio y se extiende asimismo a la política de los consumidores, a la legislación de la Unión Europea relativa a los alimentos, a la salud humana, animal y vegetal.

Precisamente el rol que este principio de precaución (también denominado ‘de cautela’) desempeña en los procesos de toma de decisiones científicas en el ámbito europeo y comprender la vocación eminentemente técnica y científica de la toma decisiones en la Unión, fue el tema a debatir en el evento organizado por AEPLA y patrocinado por Bayer CropScience el pasado jueves 28 de septiembre en Madrid, que moderó el periodista Pablo González Pinilla.

Abrió la jornada Carlos Palomar, director general de AEPLA, que defendió el papel que los productos fitosanitarios tienen en la agricultura por ofrecer, sin duda alguna, más beneficios que riesgos. Y señaló: "Así lo ha determinado el órgano regulador europeo de manera transparente y garantista siguiendo los procedimientos establecidos".

El evento contó con la participación de Natalia Nogueira, consejera técnica de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal en el MAPA, que afirmó: ‘La evaluación del riesgo de sustancias activas conlleva una ingente cantidad de trabajo de revisión de estudios y documentos por parte de la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea (EFSA en inglés), organismo competente de la evaluación de productos fitosanitarios previa a su autorización. Se trata de un proceso en el que igualmente participan de manera activa los Estados miembros’.

"Hay que respetar el trabajo científico que hay detrás de cada evaluación de una sustancia, así como el que realizan las instituciones evaluadoras EFSA y ECHA. No es posible cuestionarlo todo", indicó la europarlamentaria Clara Aguilera. Quien añadió: "Debemos evitar la demagogia y leer y estudiar los informes científicos. El principio de cautela está siendo una traba para la innovación en Europa. Con la verdad y la ciencia, llegaremos a todos los sitios".

La sucesión de cisnes negros a nivel europeo está haciendo que Europa esté cambiando la forma de actuar, tal y como señalaba Susana del Río, miembro del Comité de Expertos Independientes de la Comisión Europea, quien en relación con el principio de cautela afirmaba: "sin perder la seguridad del proceso y el robusto fundamento científico, debemos adaptarlo de forma equilibrada a los nuevos objetivos y las nuevas necesidades para que Europa no se quede atrás. A ello debe responder el modelo regulatorio y el reparto competencial".

En más de una ocasión, por parte de grupos activistas, se ha puesto en entredicho la independencia de la EFSA. Precisamente la que fuera ponente del Reglamento que obliga a publicar todos los informes científicos en los que se apoyan las decisiones europeas, la ex europarlamentaria Pilar Ayuso, insistía en que la EFSA "trabaja con un rigor científico excelente y una gran transparencia. Se rechazan muchas propuestas de la Comisión Europea basadas en el mejor conocimiento científico".

Y en relación con el principio de cautela señalaba que, de haberse aplicado de la misma forma a las vacunas contra el COVID como se aplica a los fitosanitarios o medicinas de las plantas, "los europeos estarían todavía sin vacunar". En su opinión, los productos fitosanitarios (que no pesticidas) deben ser evaluados y aprobados exclusivamente en base a su calificación científica.

Uno de los aspectos que se abordaron durante la jornada fue la controversia que de manera reiterada surge en torno a la renovación del proceso de autorización del glifosato. Precisamente, la especial sensibilidad que genera ha provocado el acortamiento de su plazo de renovación. Al respecto se refirió Natalia Nogueira afirmando que "ha sido una iniciativa ciudadana europea la que ha puesto presión social en el proceso, generando además una sobrecarga de trabajo y recursos en EFSA y los Estados miembros que no puede realizarse cada cinco años".

Por su parte, Susana del Río añadía en este punto: "La iniciativa ciudadana se contempla en el Tratado para dar voz a la ciudadanía, pero la misma debe darse igualmente a la autoridad científica".

En relación con este acortamiento del plazo de renovación del glifosato, que conforme a lo establecido en la norma debería ser de quince años, AEPLA pide defender un marco normativo sólido y el criterio científico que fomente y no frene la innovación, tan necesaria para lograr la sostenibilidad de la agricultura.