28 obedece a la necesidad de lograr un acuerdo entre los distintos agentes del agua para alcanzar un reparto equitativo de la misma entre las distintas administraciones. Conseguirlo no es tarea fácil, teniendo en cuenta que las competencias en materia del ciclo urbano del agua están residenciadas en los entes locales, que son más de 8.000, a las que hay que sumar, en su caso, las de las diputaciones, autonomías y Estado. Es difícil, pero se puede y se debe conseguir, máxime en estos tiempos de cambio en que los recursos escasean. La ciencia y la técnica están para ayudar a resolver el problema que consiste en evaluar los recursos disponibles y repartirlos se forma equitativa, ejecutando para ello las actuaciones necesarias, tarea que corresponde a los poderes públicos. Las opciones que se presentan son varias, así que hay que cohonestarlas. Al respecto, sirvan como ejemplo las leyes del ciclo urbano del agua de Castilla-La Mancha, centralista, y la de La Xunta de Galicia que se fija más en los entes locales; opciones elegidas en función de la distribución de la población en sus respectivos territorios; cuestión de gestión para distribuir los recursos. En coherencia con lo dicho, podemos definir 2023 como el año de los planes hidrológicos de cuenca, ya que su aprobación es inminente. Planes que se resumen en una inversión de casi 21.000 millones de euros, de los que 8.000 los ejecutarán la Dirección General del Agua, las confederaciones hidrográficas y las sociedades de aguas. Además, hay que añadir el dinero del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el específico del PERTE del agua, que se desarrollará en régimen de colaboración público-privada con una inversión total que alcanzará los 3.000 millones de euros y la inversión que contemplan los Presupuestos Generales del Estado. Se conforma así un buen futuro inmediato para el agua, en el que el reto es invertir para cumplir lo planificado. Parece que se acaba la penuria inversora de años atrás. Hacemos votos para que esta dinámica sea el comienzo de una era en la que la inversión no deje de ser sostenida y sostenible. Con ello gana el conjunto de la sociedad y mejora la salud del medio ambiente. Para cumplir este reto inversor se aventura la necesidad de una reforma en profundidad de las administraciones públicas que vaya más allá de la que dispone el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El plazo que media entre el anuncio de licitación de una actuación y su adjudicación supera los seis meses y con frecuencia alcanza al año, cuando no es mayor. Se impone una reforma estructural aligerando trámites y plazos. Desde que se concibe una actuación hasta que se licita pasan muchos meses, con lo que en ocasiones los precios ofrecidos no están actualizados y las licitaciones quedan desiertas, sobre todo en el contexto actual en el que las subidas de precios son tan importantes, los suministros se retrasan y los poderes públicos no toman medidas efectivas para revertir la situación. Hay un problema que acompaña al sector, podemos decir que desde siempre. No es otro que el de las bajas en las licitaciones. Desde tiempos pretéritos, el órgano de contratación Vista aérea de la EDAR de Almozara, en las inmediaciones de la ciudad de Zaragoza. "La ciencia y la técnica están para ayudar a resolver el problema que consiste en evaluar los recursos disponibles y repartirlos se forma equitativa"
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