Radiografía del sector 26 El sector del agua en 2022 Javier Romero de Córdoba, presidente de Asagua (Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua) Al finalizar cada año es bueno hacer el balance de lo que fue o, mejor dicho, de cómo le fue al sector del agua. No se trata de caer en la nostalgia, ni tampoco en la desesperanza. Lo que procede es una revisión objetiva y crítica de los avances, retrocesos o estancamientos que se han producido. Una vez más, 2022 ha defraudado las ilusiones de los agentes del agua. Las expectativas de cambios para bien no se han producido. La falta de inversión sigue siendo una constante, aunque para ser justos las licitaciones se han incrementado con respecto a 2021, lo que no ha sucedido con los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia que no acaban de llegar al tejido empresarial y no hablemos del PERTE del agua, que tras más de un año empieza a asomar tímidamente la patita. Es verdad que el año estuvo marcado por una serie de acontecimientos catastróficos impredecibles cuando todavía quedaban secuelas importantes del COVID-19, pero no es menos cierto que esa cultura de estabilidad en las inversiones tan añorada -es hora de programarlas de forma que el sector sepa con antelación lo que espera, desterrando los dientes de sierra, es decir, de hacer una planificación que sea sostenida y sostenible- es imprescindible para cumplir los objetivos económicos y sociales que todo buen gobierno debe procurar a sus gentes. Antes lo impidió el ajuste fiscal, ahora esas secuelas y la guerra. Hemos hablado de gobierno, de un gobierno en abstracto. Y de nuevo nos referimos a él. ¿No es su función hacer frente a estos avatares ayudando al tejido productivo? Sí, y así lo han entendido adoptando soluciones más o menos acertadas que, en algunos casos -sino en todos- han resultado insuficientes. El agua cumple unas funciones sociales indiscutibles, pero ello no puede hacernos perder de vista las económicas. Guste a no guste el agua tiene un valor, que no es otro que el gasto que supone el conjunto de operaciones a las que se somete para que llegue limpia y de calidad a los hogares y retorne otra vez a las masas de agua también limpia, incluidas las inversiones. Es importante subrayar que este precio del agua ha de ser satisfecho por el consumidor para garantizar la continuidad del servicio por cuanto tiene de utilidad para la conservación y mantenimiento de las infraestructuras. La realidad climática y demográfica de España nos dice que el agua no vale igual en todas sus partes, por eso se impone la creación de un regulador único que, atendiendo al principio de solidaridad, implante unas tarifas sensatas que incluyan todos los costes, como manda la Directiva Marco del Agua, y más o menos homogéneas. Para conseguirlo hay que lograr un pacto a escala nacional que lleva varios años dormido, así que en este aspecto ha continuado el estancamiento. No se ha cumplido la promesa de aprobar los planes hidrológicos de cuenca -hemos cambiado de año y no se han aprobado-, ni tenemos actualización de la Ley de Aguas ni Plan Hidrológico Nacional y el PERTE para la digitalización del ciclo del agua camina a ritmo lento, pero eso sí, se mueve. Cosa importante que lo haga ya que de su mano ha de aflorar la modificación de Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público y contribuirá a mejorar la gobernanza del agua. El COVID-19 y sus secuelas han estado presentes, a lo que se ha sumado una guerra en Europa que continúa. La presencia de estos acontecimientos ha hecho que los precios subieran de forma espectacular y se produjeran fuertes demoras en la entrega de los suministros; hechos que han afectado a la economía en general y al sector de la construcción y servicios en particular. Ante esta situación los gobiernos han reaccionado adoptando medidas más o menos afortunadas. En España se ha restablecido la revisión
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