qquieredenunciar los plazos de pago abusivos de las grandes constructoras asociaciones DD La Asamblea General de APIMA ha acordado sumarse a una iniciativa de asociaciones gremiales de Andalucía para estudiar acciones legales que permitan denunciar el abuso generalizado de las grandes empresas constructoras, que les imponen plazos de pago de hasta 180 días en los contratos. También se aprobó desarrollar un reglamento para otorgar un Certificado de Cualificación Profesional a los asociados que se comprometan a cumplir un estricto código ético y de buenas prácticas empresariales situación, la Administración debería tomar cartas en el asunto, investigar y preguntar a las grandes constructoras cómo establecen los periodos y términos de pago. Y pedir que le entreguen los contratos para comprobarlo. De esa manera, aunque el proceso será lento y tendrá un largo recorrido, la Administración podría acabar verificando que los pagos superan ampliamente los 60 días. Y, en consecuencia, establecer las sanciones correspondientes, que pueden llegar a ser muy elevadas: hasta el 10% de su cifra de negocio, con multas de hasta 12.000 euros diarios. De momento, las asociaciones empresariales andaluzas implicadas piensan centrar su actividad en su comunidad. Ahora tienen que empezar a enhebrar el hilo en la aguja: coordinarse para aumentar su representatividad y reunir los fondos económicos necesarios para costear el asesoramiento jurídico y las futuras acciones legales. El presidente de Apima explica que los constructores esgrimen, ante las quejas, la alternativa del confirming, un documento que permite acudir el banco y hacer efectivo el pago de la factura… previo descuento del interés. Franscico Javier González opina que se trata de «un truco y una tomadura de pelo porque al final nosotros tenemos que pagar intereses por culpa de sus retrasos en abonarnos nuestro dinero». Otro de los temas importantes planteado en la asamblea fue la aprobación del proyecto de crear un Certificado de cualificación profesional que otorgará Apima, y estará regido por un futuro reglamento que aprobará la asamblea. Esta acreditación solo se entregará a las empresas asociadas que se comprometan a respetar una serie de principios éticos y de buenas prácticas empresariales, así como a un estricto cumplimiento de la legalidad en su actividad profesional. En ese sentido, deberán firmar una declaración y aportar toda la documentación requerida. Los asociados recibirán el Certificado y lo podrán exponer públicamente Durante la Asamblea General de la Asociación Profesional de Instaladores de Pavimentos de Madera de Andalucía - APIMA, celebrada el 23 de octubre en el Parador Nacional de Úbeda, se debatió el problema de los plazos de pago abusivos de las grandes constructoras. Y se analizaron posibles medidas legales para intentar combatir la práctica generalizada, en los contratos, de imponer a los parquetistas -como a muchos otros gremios- que cobren sus trabajos a 180 días, a pesar de que la ley establece un plazo máximo de 60 días. Esta situación, además de ilegal, se considera económicamente insostenible, pero ninguna empresa afectada puede permitirse denunciarla ya que eso le condenaría a no volver a trabajar con estas compañías. La actual ley contra la morosidad (Ley 15/2010) entró en vigor hace ya cinco años, pero las cosas continúan igual que siempre. Este problema se da en toda España y afecta a todas los oficios que trabajan para estas grandes empresas constructoras. El presidente de Apima, Francisco Javier González, informó que la Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Placas de Yeso laminado y Techos – ADIPA se había puesto en contacto con él para conocer la situación en nuestro sector (de hecho, es la misma que en el suyo). ADIPA ya había iniciado conversaciones con otras asociaciones empresariales andaluzas sobre este problema. Y les facilitó un informe para que en Apima conocieran más a fondo el tema. La asamblea resolvió colaborar con estas entidades para realizar acciones conjuntas y buscar soluciones, a medio y largo plazo, a este orden de cosas. González explica que ya se han realizado consultas con diferentes juristas para empezar a reunir información sobre qué tipo de acciones se pueden realizar para denunciar, e intentar erradicar, unas prácticas que están totalmente generalizadas en nuestro país. La ley establece que estas denuncias las pueden efectuar las asociaciones empresariales, e incluso las cámaras de comercio, para no perjudicar a las empresas particulares. Este problema se podría denunciar ante la Comisión Nacional de Competencia o bien, en el contexto de Andalucía, en el Consejo de la Competencia de la Junta. Por otro lado, la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia garantiza el régimen de confidencialidad de las denuncias de forma que, en teoría, las constructoras no podrían conocer su origen. En este punto, e informada de la 30 - PAVIMENTOS
RkJQdWJsaXNoZXIy Njg1MjYx