el progresivo desarrollo de este vector energético (como la aprobación de la Hoja de Ruta del Biogás), y que esto ha llevado a que a día de hoy haya más de 200 proyectos en desarrollo, siguen existiendo una serie de barreras administrativas, regulatorias, económicas y fiscales que están limitando la inversión en nuevas infraestructuras de producción de biometano, reduciendo la penetración de éste en el sector gasista y perjudicando la economía y el empleo de las zonas donde se podrían desarrollar estos proyectos”, enfatizó Joan Batalla, quien recordó que los mecanismos de incentivos gubernamentales introducidos en Francia, Alemania, Dinamarca o Suecia han resultado vitales para potenciar el desarrollo de esta tecnología y para incentivar tanto al inversor como al consumidor. Entre las principales barreras regulatorias identificadas por Sedigas se incluyen la falta de un marco legal y normativo que regule de forma eficaz y con incentivos y cuotas ambiciosas (y alineadas con el objetivo europeo de que un 10% del consumo de gas sea biometano) esta actividad, la incapacidad de disponer de un acceso competitivo a los residuos o un marco normativo y fiscal que sea capaz de regular los usos del biometano que no estén relacionados con aplicaciones estrictamente eléctricas, como sería la inyección en la red gasista. En este ámbito, Sedigas considera necesario que se modifiquen las normas medioambientales existentes para hacer partícipe al biometano en el cumplimiento de los objetivos en materia de descarbonización del sector energético y otros sectores. Asimismo, apela al desarrollo urgente de una regulación específica que asegure un acceso competitivo a los residuos y que genere señales de precio a los generadores de los mismos, para que valoren de forma adecuada las emisiones evitadas y les permita internalizar los costes. En cuanto a barreras administrativas, el principal reto a superar es la complejidad para obtener permisos y la demora en los trámites (por la involucración de muchas administraciones y la falta de recursos de estas) que se acaba trasladando a la ejecución de los proyectos, así como la inexistencia de un proceso de tramitación homogéneo a nivel nacional (en la actualidad hay 17 procesos distintos, uno por cada comunidad autónoma). Las medidas propuestas por Sedigas para acelerar la tramitación administrativa incluyen la definición de proyectos de interés estratégico para la transición energética y la creación de una oficina coordinadora o de seguimiento de estos en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco); el incremento de los recursos económicos necesarios para la tramitación de expedientes autorizadores; el fomento de la figura de Encomienda de Gestión en materia de medio ambiente y de energía; o la homogeneización de criterios. Por último, las principales barreras identificadas en el ámbito económico y fiscal están relacionadas con la ausencia de incentivos específicos de apoyo a la producción, inyección en red y consumo de biometano; los impuestos asociados tanto a la generación (como el que grava el autoconsumo), como al punto de consumo; y, los costes logísticos derivados de la alta dispersión de los residuos. Desde Sedigas se insiste en que el biometano puede ser rentable, pero son necesarias medidas de apoyo para dar seguridad y una señal de precio adecuada al promotor. n Potencial de producción de biometano por comunidades autónomas. 67 BIOENERGÍA
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