www.futurenviro.es | Febrero-Marzo February-March 2022 54 A fondo: Análisis 2021 | In depth: 2021 Analysis no hubiera actividad. Y es muy importante poner en marcha los pozos de emergencia, que el regadío necesita que se tramiten con agilidad, si de verdad se quiere cumplan su función de auxilio para salvar la arboleda de la muerte y mitigar los desastrosos efectos socioeconómicos de la falta de agua para riego en las explotaciones agrícolas y ganaderas de toda Andalucía. Pero además sería necesario que las administraciones se pusieran a pensar en el medio-largo plazo, promoviendo infraestructuras hidráulicas que aumenten la capacidad de regulación y eviten la dependencia meteorológica. La planificación hidrológica es el instrumento para hacerlo, pero los planes hidrológicos que en estos momentos se tramitan para el próximo ciclo hidrológico tienen un marcado perfil ecologista que prioriza las llamadas inversiones verdes en perjuicio de las infraestructuras hidráulicas. Resulta enormemente paradójico que el Plan Hidrológico del Guadalquivir cifre el déficit de la Cuenca en 300 hm3, mientras contempla obras en su plan de inversiones que servirán para aumentar la capacidad de regulación en unos escasos…8 hm3. Es decir, que si efectivamente se ejecuta el Plan, al cabo de cuatro años, lo que le habríamos restado al déficit de la Cuenca es menos de un 3%. A este ritmo de inversión en obras de regulación harían falta 150 años para compensar el déficit hidrológico del Guadalquivir. La excepción positiva en la planificación hidrológica del Guadalquivir es la inclusión de la modernización del arroz, que la CHG parece dispuesta a asumir en su integridad, con una inversión superior a los 220 millones. En esta dirección, en el último trimestre del año, se producía la constitución de la Mesa de Modernización del Arroz, creada para dar seguimiento e impulso a este proyecto, y en la que participa nuestro presidente, José Manuel Cepeda. Según se ha informado, el proyecto más avanzado es el de la mejora del tramo común que se espera licitar en el transcurso del año 2022. Sin embargo, echamos en falta grandes inversiones, ya aprobadas en planes hidrológicos previos, como la modernización del Rumblar y las Vegas de Granada, la presa de Velillos y la de Castillo del Montizón. En realidad, la única obra de regulación que aparece es el Recrecimiento del Agrio y los estudios alternativos (no las obras, sino los estudios y proyectos) de Cerrada de la Puerta y San Calixto. Por otro lado, esa carencia de inversiones en nuevas infraestructuras tampoco es compensada con una apuesta decidida por la construcción de balsas y pequeñas presas a nivel de zona regable. Finalmente, 2022 debería ser el año en que cambia la situación de la Breña II y Arenoso, cuya gestión los regantes exigimos que pase a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y que incomprensiblemente sigue en manos de ACUAES, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera. La consecuencia es que los costes de explotación y conservación de estos dos embalses cuestan a los usuarios de riego exactamente el doble que el resto de embalses del Sistema de Regulación General, el coste de la amortización igualmente el doble, al tener un periodo de amortización de 25 años frente a 50 del resto de presas de España, y por último, un IVA inaceptable que ya supone más de 2,4 millones de euros al año. Nos gustaría contar otra cosa, pero desgraciadamente el futuro inminente se presenta lleno de nubes negras para el regadío andaluz, y desgraciadamente no son de lluvias, sino de problemas y preocupaciones. But public authorities also need to start thinking in the mediumlong term and develop water infrastructures that increase regulation capacity and prevent dependence on weather conditions. Hydrological planning is the instrument for doing so, but the next cycle of river basin management plans, currently being processed, have a strong environmentalist profile that prioritises so-called green investments to the detriment of water. It is highly paradoxical that the Guadalquivir River Basin Management Plan estimates the water shortage of the basin at 300 hm3, while the investment plan only envisages the construction of water infrastructures that will increase regulation capacity by a mere 8 hm3. In other words, if the Plan is implemented in its current form, the deficit of the river basin district would be reduced by less than 3% over a four-year period. At this rate of investment in regulation works, it would take 150 years to compensate the Guadalquivir water deficit. The positive exception in the Guadalquivir River Basin Management Plan is the inclusion of the modernisation plan for rice irrigation systems. The River Basin Management Authority seems willing to fund this in its entirety, with investment of over 220 million. As part of the plan, the last quarter of 2021 saw the constitution of the Rice Modernisation Board, created to monitor and develop this project. Feragua President, José Manuel Cepeda, is a member of the Board. Reports suggest that the project on which most progress has been made relates to the improvement of the common section and the contract for this project is expected to be put out to tender in the course of 2022. However, we are still awaiting some of the major investments ratified in previous River Basin Management Plans, such as the modernisation of the Rumblar and Vegas de Granada systems, the Velillos dam and the Castillo del Montizón dam. In reality, the only regulation infrastructure that features in the plan is the heightening of the Agrio dam and the study of alternatives (not the works, but the studies and design plans) for Cerrada de la Puerta and San Calixto. Moreover, this lack of investment in new infrastructures is not offset by a firm commitment to the construction of reservoirs and small-scale dams at irrigable area level. Finally, 2022 should be the year in which the situation of the Breña II and Arenoso reservoirs is changed. We irrigation farmers are calling for it to be managed by the Guadalquivir River Basin Management Authority. Incomprehensibly, the management of these reservoirs remains in the hands of ACUAES, under the auspices of the Ministry for Ecological Transition and Demographic Challenge, directed by Vice President Teresa Ribera. The consequence is that irrigation users pay twice as much for the operation and maintenance of these two reservoirs than for the remaining reservoirs in the General Regulation System. Depreciation costs are also twice as much, given that these reservoirs have a depreciation period of 25 years compared to 50 years for other dams in Spain. Moreover, these reservoirs are associated with an unacceptable VAT rate, which now accounts for outlays of over 2.4 million euros per annum. We would like to be able to tell a different story but, unfortunately, dark clouds cast a long shadow over the immediate future of Andalusian irrigation. Unfortunately, these are not rain clouds but rather clouds that will bring problems and worries.
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