Gestión y tratamiento de agua | Water management and treatment www.futurenviro.es | Noviembre-Diciembre November-December 2021 41 El agua forma parte de nuestro sistema de salud, como ha evidenciado la pandemia y la necesidad de extremar las medidas de higiene. Creo que ningún grupo político o social ha cuestionado el acierto del Gobierno español, así como de otros gobiernos de otros países, al acompañar las medidas para contener la pandemia del coronavirus con el denominado escudo social, que incluía la prohibición de cortes de agua. Una cuestión que sin duda merece un reconocimiento y una regulación más allá de este contexto. Deberíamos preguntarnos: ¿Qué sentido hubiera tenido insistir en la necesidad del lavado de manos con agua y jabón, para todo el mundo y en internet de todos y todas, si luego se corta el agua a quienes, estando en situación de mayor vulnerabilidad, sufren mayor riesgo de contagio? Atendiendo a que los efectos de la pandemia impactarían especialmente en los sectores sociales más vulnerables, el gobierno configuró en marzo de 2020, en pleno estado de alarma sanitaria, un escudo social que contemplaba, entre otros aspectos, la garantía del suministro de los servicios públicos de agua al conjunto de los hogares vulnerables. Inicialmente este escudo social se limitó temporalmente a la duración del estado de alarma; sin embargo, al persistir la situación de pandemia y experimentarse consecuentemente un incremento notable de la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad en la sociedad española, el gobierno renovó las medidas incorporadas en el escudo social mediante seis decretos ley sucesivos, de tal forma que actualmente están vigentes hasta finales de febrero de 2022. En cada una de estas renovaciones, la presión de la ciudadanía jugó un papel muy relevante, centrándose tanto en la necesidad de garantizar el escudo social, como en el reconocimiento del derecho humano al agua, en tanto que establece la obligación de disponer de un suministro continuo y suficiente y la prohibición de cortes por motivos de vulnerabilidad económica o social. Es en este contexto en el que se consolida la exigencia de pasar de la exigencia de mantener las medidas temporales de garantizar el suministro de agua al reconocimiento del derecho humano al agua en tanto que implica tanto la disponibilidad de un mínimo vital como la prohibición de cortes de suministro para las personas en condiciones de vulnerabilidad. Se plantea, en definitiva, la necesidad de introducir iniciativas legislativas que regulen el mínimo vital, en el marco del reconocimiento del derecho humano al agua. Comoquiera que la titularidad y la capacidad reguladora de los servicios de abastecimiento de agua corresponde a las administraciones locales, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) ha estimado prioritario determinar si la regulación del mínimo vital puede realizarse mediante una ley estatal, sin que se vea menoscabada la autonomía municipal. Consecuentemente, desde AEOPAS se solicitó a Eulalio Ávila Cano un estudio técnico legal sobre el tema; el informe que redactó y se puede consultar en la página la asociación https://www.aeopas.org. Esperemos que el año 2022 sea el año que España legisle el derecho humano al agua. Water is part of our health system, as the pandemic and the need for extreme hygiene measures have shown. I believe that no political party or social group has questioned the wisdom of the Spanish Government, as well as other governments in other countries, in accompanying the measures to contain the coronavirus pandemic with the so-called social shield, which included a ban on cutting off water supplies. An issue that undoubtedly deserves recognition and regulation beyond this context. We should ask ourselves: What would have been the point of insisting all over the internet on the need for everyone to wash their hands with soap and water, and then cutting off the supply of water to those in a situation of greater vulnerability, who are at greater risk of contracting the virus? In the knowledge that the effects of the pandemic would have a particularly adverse impact on the most vulnerable sectors of society, in March 2020, in the midst of the state of health alarm, the government implemented a social shield, which, amongst other measures, guaranteed the supply of public water services to all vulnerable households. Initially, this social shield was limited to the duration of the state of alarm. However, as the pandemic scenario persisted, resulting in a significant increase in poverty, inequality and vulnerability in Spanish society, the government extended the period in which the measures included in the social shield would be in force by means of six successive Royal Legislative Decrees. The result is that these measures will now be in force until the end of February 2022. Citizen pressure played a very relevant role in each of the extensions to the decree. The focus of this pressure was both on the need to guarantee the social shield and on the recognition of the human right to water, insofar as it establishes the obligation to have a continuous and sufficient supply and prohibits cuts for reasons of economic or social vulnerability. This situation has given rise to consolidation of the demand to move from the requirement to maintain temporary water supply guarantees to recognition of the human right to water. 2021 EN FORMA DE BALANCE, EN MODO PANDEMIA AN OVERVIEW OF 2021, IN PANDEMIC MODE
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