sión asociados a dichas MTD, que serán exigibles a partir de agosto de 2022. Esto supondrá una importante inversión para elevar el nivel de calidad ambiental. También de modificaciones organizativas que transformarán el sector. Para ello se necesita una aplicación homogénea de la norma y de los criterios de autorización, evitando situaciones de distorsión de la competencia y que cada residuo sea tratado en instalaciones específicamente autorizadas según sus características. Importante estudio europeo para el sector Saliendo del plano legislativo y adentrándonos en el de estudios de relevancia, destacamos el que la Comisión Europea encargó a la consultora BIPRO para evaluar el sistema de la gestión de residuos peligrosos en 14 Estados de la UE, entre los que se incluye España. Tras un primer informe publicado en 2015, en 2018 se publicó un segundo estudio que analiza la situación actual de la gestión de los residuos peligrosos y los PCB. Las recomendaciones generales más destacables inciden en la importancia del régimen de responsabilidad compartida del residuo entre los actores de la cadena de gestión y considera que tendría un efecto autorregulatorio en el sector. También se considera que la responsabilidad compartida funciona como un incentivo para asegurar el tratamiento más adecuado. Si el productor mantiene parte de la responsabilidad sobre el residuo se fomenta la selección de gestores de residuos con buena reputación, en lugar de considerar exclusivamente el coste de la gestión. El estudio también destaca la importancia de una correcta clasificación de los residuos como paso previo para gestionarlos eficazmente. Y detecta que las inspecciones y el control se perciben como insuficientes en el caso de los intermediarios (recogedores, negociantes y agentes). Por otro lado, con respecto a los PCB, el estudio demanda que se defina la fecha límite para su eliminación, ya que el Convenio de Estocolmo requiere su eliminación gradual para el año 2025. Contexto nacional Partiendo de este estudio de la consultora BIPRO, analizamos las cuestiones más relevantes a nivel nacional, ya que se incluyen unas recomendaciones específicas para España. El estudio pide aplicar el “principio de responsabilidad compartida” en la legislación nacional de residuos y eliminar la opción que permite a los productores de residuos peligrosos delegar la responsabilidad del tratamiento en los negociantes. También se demanda un fortalecimiento de la Comisión de Coordinación. EstaComisión,en laque participan representantes de las Comunidades Autónomas y de las administraciones locales competentes enmateria de residuos, deben armonizar las prácticas de gestión. Además, a comienzos de 2018 se abrió un proceso de Información pública para la Estrategia Española de Economía Circular, que tiene un plan de acción 2018-2020 que cuenta con un presupuesto de 836 millones de euros y que se rige por cinco líneas principales de actuación: producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias, y reutilización del agua. También se sometió a información pública durante 2018 la modificación de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, que consiste en establecer la recogida separada obligatoria de los residuos peligrosos de origen doméstico y de residuos textiles antes del 31 de diciembre de 2024. Asimismo, incluye la obligación de recoger de forma separada los biorresiduos antes del 31 de diciembre de 2020 para los municipios de más de cinco mil habitantes y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto de municipios. Y el tercer proyecto que se sometió a información pública fue la modificación del RD 180/2015 de traslado de residuos. Esperamos The BAT conclusions document sets emissions limits associated with these BAT, which will be enforceable from August 2022. This will mean significant investment in improving environmental quality. It will also result in organisational changes that will transform the sector. Achieving this requires homogenous application of regulations and authorisation criteria in order to prevent distortion of competition and to ensure that each waste type is treated at facilities specifically authorised in accordance with the characteristics of the waste. Important European study for the sector Leaving behind the area of legislation and focusing on relevant studies, we would highlight the study carried out by consultancy firm BIPRO and commissioned by the European Commission to evaluate hazardous waste management systems in 14 EUMember States, including Spain. Following a first report published in 2015, 2018 saw the publishing of a second report which analyses the current hazardous waste and PCB scenario. The most significant general recommendations emphasise the importance of the system for shared waste management responsibility amongst the actors in the management chain. It is considered that this will have a self-regulating effect on the sector. It is also believed that shared responsibility will act as an incentive to ensure the most appropriate treatment. If producers maintain part of the responsibility for the waste, this provides an incentive to choose waste managers of good repute, rather than simply making the decision based on management costs. The study also underlines the importance of correct waste classification as a preliminary step to efficient management. And it identifies the fact that inspection and control are perceived as insufficient in the case of intermediaries (collectors, traders and agents). The study also calls for a deadline be set for doing away with PCB, given that the Stockholm Convention requires them to be phased out by 2025. National context Based on this study carried out by BIPRO, we can analyse the most relevant issues at national level, as the study includes specific recommendations for Spain. The study calls for the application of the “principle of shared responsibility” in national waste legislation and doing away with an option that allowed hazardous waste producers to delegate responsibility for treatment to traders. It also calls for reinforcement of the Coordination Commission. This Commission, in which the competent regional and local authorities are represented, should harmonise management practices. 2018 also saw the beginning of a public consultation process on the Spanish Circular Economy Strategy. The strategy includes a 2018-2020 action plan with a budget of 836 million euro. This plan has five main lines of action: production, consumption, waste management, secondary raw materials and water reuse. A public consultation process was also opened in 2018 regarding the modification of Act 22/2011 on waste and contaminated land. The modification sets out the obligation for segregated collection of household hazardous waste and textile waste by December 31st 2024. It also establishes the obligation for separate collection of biowaste by December 31 2020 in A fondo: Análisis 2018 | In depth: Analysis of 2018 FuturEnviro | Diciembre 2018-Enero 2019 December 2018-January 2019 www.futurenviro.es 17
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