La CNC alerta de que el coste fiscal eleva hasta un 25% el precio de la vivienda y exige una reducción de impuestos y tasas
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) advierte de que la venta, promoción y adquisición de viviendas en España implica el pago de hasta 14 tributos distintos, lo que incrementa en torno a un 25% el precio final del inmueble. La patronal propone un IVA superreducido del 4%, rebajas en el ITP y el AJD, y una clarificación de la base imponible del ICIO para aliviar la carga fiscal que, a su juicio, frena la oferta y el acceso a la vivienda.
La CNC considera que la fiscalidad es uno de los principales obstáculos para el acceso a la vivienda en España. Según sus cálculos, alrededor del 25% del precio final de un hogar corresponde a impuestos y tasas, un peso que se traduce en mayores dificultades tanto para construir como para adquirir vivienda.
La patronal denuncia que, desde la adquisición del suelo hasta la venta final, el proceso exige abonar hasta 14 tributos diferentes, repartidos entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Administración General del Estado. Por ello, reclama “voluntad política” para abordar una reforma fiscal integral que permita reducir costes y reactivar el mercado residencial.
Fiscalidad más ligera y coherente
CNC propone medidas de carácter fiscal para incentivar la construcción y el acceso a la vivienda. Entre ellas, destaca la aplicación de un IVA superreducido del 4%, tanto a la vivienda nueva como, de forma temporal, a las actuaciones de rehabilitación residencial, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de un parque edificatorio envejecido —más del 70% de los edificios presentan baja calidad energética—.
Asimismo, plantea rebajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para facilitar la movilidad residencial y el acceso a la propiedad y al alquiler. También defiende ampliar las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones sobre la vivienda habitual, al considerar que el tipo máximo vigente en España es el más alto de Europa.
Evitar la doble imposición y ajustar las plusvalías
La patronal propone ajustar por inflación las plusvalías inmobiliarias y eliminar la doble imposición en las ganancias de capital, permitiendo deducir en la cuota los impuestos satisfechos ante otras administraciones. En su opinión, solo deberían gravarse las plusvalías reales, una medida que evitaría el llamado efecto cerrojo, que desincentiva la venta y reduce la oferta de vivienda.
Pero también aboga por reducir los tipos de gravamen del IBI y otorgar mayor margen a los ayuntamientos para ajustar sus tipos según las necesidades locales, incentivando mediante bonificaciones progresivas las inversiones en eficiencia energética y mejoras estructurales.
Respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), reclama clarificar su base imponible y reducir su impacto en la inversión, evitando solapamientos con tasas urbanísticas y costes añadidos injustificados. Además, propone exenciones parciales para proyectos de rehabilitación sostenible y regeneración urbana.
Incentivos al alquiler y neutralidad fiscal
Entre las medidas orientadas al mercado del alquiler, CNC pide mayor neutralidad fiscal entre compra y arrendamiento, introduciendo incentivos fiscales a los arrendadores que ofrezcan precios asequibles. También sugiere integrar las rentas del alquiler en la base del ahorro, con tipos progresivos del 19% al 30%, equiparando su tributación a otros instrumentos de inversión.
La organización subraya que el problema no se limita al precio, sino también a la burocracia. Desde la compra del suelo hasta la entrega de llaves, cada fase del proceso —licencias, escrituras, tasas municipales, IVA o plusvalías— implica una sucesión de pagos a distintas administraciones.
Según el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, “el problema de la vivienda es tan complejo que solucionarlo exige combinar distintas medidas, entre las que también hay que destacar las de corte fiscal. Y la voluntad política es fundamental. Resulta desmedido que en un piso de 300.000 euros, en torno a 100.000 vayan destinados al pago de impuestos y tasas”.



