Industria prepara el levantamiento de la moratoria a las renovables con la subasta de 700MW

Ayer, la Comisión Nacional de los Mercados de Competencia (CNMC) anunciaba la intención de Industria de convocar subastas de potencia eólica y biomasa con derecho a incentivo y un borrador de orden ministerial con los parámetros retributivos para ello, lo que supondría el levantamiento de la moratoria de renovables vigente desde la entrada en La Moncloa del Ejecutivo en 2012.

Concretamente, el Gobierno permitiría la instalación de 500 megavatios (MW) eólicos y 200 MW de biomasa, los primeros registrados durante esta legislatura y que recibirán el nuevo incentivo que sustituyó a las antiguas primas. Según la memoria económica de los documentos remitidos, los sobrecostes de la potencia eólica serán de unos 21 millones anuales tras su entrada en funcionamiento, mientras que los de la biomasa se situarán en 130 millones anuales, que serían cargados sobre los peajes de la tarifa eléctrica conforme las instalaciones vayan entrando en funcionamiento. Esto supone el reconocimiento a la necesidad del país de instalar más potencia eólica para cumplir los objetivos europeos de consumo de energías renovables de 2020.

Industria indica que en la actualidad se encuentra en pleno proceso de planificación de los sectores de electricidad y gas, y que como parte de este trabajo cree que será necesario un incremento de la potencia instalada de tecnologías renovables. En el caso de la eólica, se permitirá instalar nueva potencia y también renovar la existente, mientras que en el caso de la biomasa, la incorporación de nueva potencia permitirá mejorar la gestionabilidad del sistema eléctrico, al tiempo que servirá de estímulo para el desarrollo de las áreas rurales.

Desde la APPA señalan que esta propuesta es una prueba más de la improvisación con la que actúa el Gobierno en materia energética, y añaden que es lamentable que desde la Secretaría de Estado de Energía se hable ahora del consenso necesario para definir el futuro mix energético de nuestro país y haga una propuesta de subastas de instalaciones renovables de espaldas al sector, con el que no ha mantenido ningún tipo de interlocución al respecto.

De hecho, la propuesta del Ministerio no se corresponde siquiera con sus propias previsiones incluidas en el documento de planificación de infraestructuras eléctricas, donde ya se reconoce que es necesario desarrollar nuevas inversiones renovables para cumplir con los objetivos obligatorios para 2020. Se prevé que en los próximos cinco años las renovables en su conjunto aumenten su potencia instalada en unos 8.500 MW. Más aún, desde APPA no se entiende que tras esa previsión el Ministerio “saque a subasta” solamente 700 MW, 500 de ellos eólicos y 200 de biomasa, y deje fuera otras tecnologías como la minihidráulica y la fotovoltaica.

Para APPA será difícil que se cubran las subastas pues se basan en el mismo modelo de inseguridad jurídica que ha ahuyentado a los inversores del sector renovable español. La propuesta, según la asociación, más parece una operación de imagen cara a Bruselas y a la opinión pública, con el mensaje de que el Gobierno levanta la moratoria renovable, cuando de momento no es así.

Las condiciones poco realistas de las subastas y los plazos que contempla la Ley de Sector Eléctrico harán difícil que se materialicen los proyectos, para los que será poco menos que imposible conseguir algún tipo de financiación.

APPA vuelve a reclamar una regulación que dé estabilidad al sector de renovables, con el objetivo de que España cumpla con sus compromisos europeos en materia energética y que nuestro país apueste de forma decidida por las tecnologías renovables, que se han convertido ya en la opción más rentable, segura y limpia de generación eléctrica.