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Tribuna de opinión

Cuando las fachadas pueden arder

Esta es la crónica de una devaluación normativa en la edificación por la cual el Documento Básico sobre Seguridad en caso de Incendios (DB-SI) deja de actuar bajo el principio de precaución por el que debería proteger a los residentes, y sin embargo prima al mercado.

El origen de la preocupación

El 14 de junio de 2017 se produjo el incendio de la Torre Grenfell, un edificio residencial con una rehabilitación térmica concluida en 2016. En Grenfell murieron 72 personas, una de las mayores tragedias vividas en Europa.

Parte superior de la Torre Grenfell. Foto: ChiralJon on Flickr.com
Parte superior de la Torre Grenfell. Foto: ChiralJon on Flickr.com.

Un cortocircuito fue el origen del incendio, algo no tan extraño. El revestimiento exterior del edificio actuó en la rápida propagación del mismo. Esta breve descripción conecta los elementos que en su día despertaron la preocupación de Adeces (Asociación Pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales) por la seguridad en la edificación: el incremento de la actividad rehabilitadora de edificios para reducir el consumo energético; las técnicas y materiales empleados en las fachadas en este proceso; y por supuesto, la posibilidad de que una simple operación de mantenimiento en fachadas, cubiertas, proximidades de ambas áreas, o un cortocircuito como en Grenfell, pueda ser la chispa que cause un siniestro de gran magnitud.

El silencio de las instituciones

Al poco tiempo del incendio de la Torre, Adeces se dirigió al ministro de Fomento de la época, a la sazón Iñigo de la Serna, para preguntarle si la normativa española contempla la utilización de productos combustibles en la rehabilitación de fachadas y si en su caso, el uso de estos productos podría contribuir a provocar un siniestro semejante al de Londres.

Es evidente que el interés de nuestra pregunta no era conocer si el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI) permitía el uso de productos combustibles (que en esa fecha post Grenfell ya sabíamos que sí); sino en conocer la valoración del riesgo que el ministro hacía del uso de este tipo de materiales. Sin embargo, no obtuvimos respuesta.

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No obstante, para Adeces, tan importante era conocer la opinión del ministro sobre el DB-SI y su contribución a la propagación de un incendio, como conocer las previsiones regulatorias a tenor de lo ocurrido en Londres, de ahí que preguntásemos: “¿tiene previsto el ministerio aumentar las exigencias en la utilización de materiales para la seguridad contra incendios en la construcción y rehabilitación de edificios?”

Nuestra inquietud tampoco mereció respuesta.

La génesis de una devaluación imprudente de la seguridad

En febrero de 2006 el DB-SI señalaba en relación con la propagación exterior de un incendio: “La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3, d2…”

Sin embargo, en 2011, Fomento optaba claramente por una norma menos restrictiva, es decir, dejaba de actuar a favor de la seguridad para hacerlo a favor del mercado.

Ese año el ministerio elaboró un documento titulado Criterios para la limitación de la propagación vertical en fachadas [del fuego] en el que deja clara su voluntad de reducir las exigencias normativas de 2006. Destacamos estas reflexiones:

  1. La reacción al fuego exigida a los acabados exteriores es muy restrictiva respecto a lo establecido en otros países.
  2. Revisión de las medidas establecidas para limitar la propagación exterior vertical por fachada a través de cámaras ventiladas en edificios altos.

Y sugería las siguientes modificaciones:

  • Bajar el nivel de reacción al fuego exigido con carácter general.
  • Permitir soluciones menos restrictivas si el edificio cuenta con un sistema de extinción automático (rociadores).

Fomento pudo haber seguido la norma sueca o finlandesa, pero no lo hizo. Incluso no sería extraño haber estudiado la norma francesa o la alemana.

Así pues, la norma española, que siempre había optado por las peores clasificaciones en la producción de humos (s3, máxima opacidad y por tanto mayor dificultad para la evacuación de personas) y la peor clasificación en la producción de gotas (d2, producción de gotas inflamadas), ahora reduce las exigencias de combustibilidad: donde antes exigía una clase B (no causa Flashover1), ahora permite clase C (Flashover a los 10 minutos).

La torre Windsor ardiendo la mañana del 13 de febrero. Foto: Mdiagom
La torre Windsor ardiendo la mañana del 13 de febrero. Foto: Mdiagom.

Muchos profesionales estimaron positivo el cambio; pero otros, los menos, entre ellos, el jefe de bomberos de Barcelona, hablaron de los riesgos.

También lo hicieron en 2014 el ITec y la Fundación Fuego2 que describen los riesgos de propagación de un incendio por la fachada: daños en la propia fachada, transmisión a otros edificios y a las plantas superiores e inferiores. Riesgos derivados de la relación entre los nuevos sistemas constructivos, el impulso del ahorro energético y el incremento del aislamiento térmico.

Ambas entidades advertían que, “en otros lugares del mundo donde estos sistemas llevan décadas siendo instalados sí existe una preocupación al respecto, puesto que ya se han producido graves incendios involucrando víctimas mortales y considerables daños materiales”.

La continua y temeraria devaluación de la norma

Ahora, la propuesta de 2018, bajo el pretexto de una ausencia de regulación pretende permitir el uso de materiales aislantes combustibles y acabados exteriores de clase D (Flashover antes de 10 minutos) en edificios de hasta 18 m de altura. Es decir, sólo una letra por encima de la peor clasificación posible, E. Es una devaluación temeraria que inevitablemente provocará trágicos sucesos.

Esta actualización permitiría, en caso de aprobarse, que más del 80% de los inmuebles empleasen materiales y soluciones más combustibles y peligrosas. Este aspecto resulta especialmente relevante porque el 93% de las viviendas son susceptibles de ser rehabilitadas ya que están construidas antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE), con poca o ninguna exigencia térmica. En consecuencia, la mejora térmica puede conllevar un empeoramiento de la seguridad en la edificación.

De nuevo surge la conexión entre rehabilitación y técnicas y materiales empleados en la misma. Solo falta una causa que provoque una chispa.

La propuesta que baraja Fomento es incompresible, ya que, aunque mejora la clasificación de las gotas y la equipara a los países más exigentes (d0, materiales que no producen gotas), sin embargo, no lo hace en combustibilidad (que como se ha visto incluso empeora para la mayor parte de la edificación); ni se mejoran los humos (continúan siendo s3), sobre todo teniendo en cuenta que son responsables del 75% de las muertes en caso de incendio.

La propuesta de las organizaciones sociales

Con estos antecedentes diversas organizaciones sociales elaboraron un documento (octubre 2017) que hicieron llegar a responsables políticos del gobierno central, autonómicos y corporaciones municipales, así como a responsables de los cuerpos de bomberos.

Las organizaciones expresaban las mismas preocupaciones que hoy relatamos en este artículo e incluían una serie de propuestas para tratar de recuperar el papel prioritario de la seguridad en las edificaciones.

Fruto de los contactos desarrollados en el plano político es la presentación de una Proposición No de Ley para su debate en la Comisión de Fomento para mejorar las exigencias básicas sobre seguridad en la edificación3. Debate que es conveniente activar, teniendo en cuenta la próxima aprobación del DB-SI en los términos que conocemos.

En esencia la propuesta de las organizaciones se centra en los siguientes aspectos, tomando en consideración la experiencia de Grenfell y las normas comparadas:

  • Que las fachadas de edificios con tres o más plantas sean aisladas o revestidas con materiales o soluciones Euroclase A, con opacidad de humos s1 y producción de gotas d0. Es decir, evitar los materiales combustibles.
  • Prohibir el uso de materiales combustibles en aquellos espacios ocultos (interior de paredes, trasdosados) por los que trascurran conductos eléctricos.
  • Exigir que los materiales empleados sean sometidos a los ensayos propios que certifiquen su comportamiento frente al fuego, independientemente de las soluciones en las que se integran.
  • Mejorar los sistemas de evaluación y análisis de comportamiento. Los actuales distan de ser asimilables a lo que ocurre en un incendio real en la fachada de un edificio o en fachadas ventiladas.
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Además, las organizaciones sociales recordaban en su propuesta que NO se trata de un asunto de naturaleza técnica [la seguridad en las edificaciones] sino de responsabilidad política que viene definida por la aprobación de normas. Normas que en este caso deben mejorar la seguridad de los edificios en los que viven o trabajan los ciudadanos.

Finalmente, concluían, que todos los ámbitos de responsabilidad política deben sentirse concernidos, ya sea porque tienen capacidad normativa en el ámbito de sus competencias o capacidad inspectora, señalando de este modo tanto a la administración central, como autonómica y local.

El silencio de las organizaciones profesionales

Tanto o más que la reducción de exigencias sobre la seguridad, llamó la atención de Adeces el silencio de las organizaciones profesionales ante el incendio de Grenfell.

¿Qué tenía que pasar para que los colectivos técnicos implicados hablasen?

Creíamos y creemos que, aunque la norma es la manifestación de una voluntad política, la opinión técnica sobre seguridad debe expresarse.

Lo hicieron los arquitectos ingleses, los bomberos alemanes, ¿no había nada que decir por parte de colectivos profesionales en España?

El 24 de julio de 2018, se empezaron a resolver algunas de nuestras dudas al respecto.

Tecnifuego, cuyo valor añadido radica en ser una Asociación profesional sin ánimo de lucro que agrupa a las empresas dedicadas a la protección contra incendios, había efectuado una comunicación pública en el que expresaba su posición sobre la Seguridad en caso de Incendio en los Edificios e incluía una propuesta de regulación en función de las alturas, alta ocupación o dificultad de evacuación.

Baste decir aquí y ahora que esta propuesta restringe la clasificación de humos como máximo a s2, no como la norma vigente y la propuesta Fomento (s3) y la producción de gotas a d0 en todos los casos.

Por lo que se refiere a la combustibilidad, Tecnifuego propone A2 en caso de edificios de gran altura, en los patios manzana y de luces (por la dificultad de acceso de los bomberos) y en las rehabilitaciones de fachadas que soportan vías de evacuación. La exigencia se sitúa en A1 en la rehabilitación de barrios con callejuelas angostas y estrechas y que no permiten el acceso a los equipos de bomberos, independientemente de la altura.

Siete meses más tarde, el pasado 7 de febrero la Comisión de Seguridad de Col·legi/Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya hacia público un documento sobre el fuego en fachadas5. A los efectos que ahora importan en el estudio y en su presentación se hicieron varias reflexiones que corroboran las preocupaciones de las organizaciones sociales:

  1. La normativa española carece del nivel de detalle y especificaciones de otros países europeos.
  2. La dinámica del fuego se ve favorecida por las fachadas por su verticalidad y contacto con el aire.
  3. La propagación del incendio se puede ver incrementada por los requerimientos de eficiencia energética y el aislamiento térmico combustible.
  4. Lo que realmente importa de una fachada son los materiales que la componen porque esos materiales pueden producir gases tóxicos y caída de gota.
  5. Los ensayos sobre estudios de los materiales no se producen en condiciones representativas.
  6. Se reclama una modificación normativa que considere: tipologías de edificios, alturas, dificultad de evacuación o de acceso a los bomberos.

Para finalizar, desde Adeces tan solo cabe esperar que los responsables políticos y los técnicos del ministerio comprendan la materia tan sensible que se traen entre manos.

Por otra parte, Tecnifuego y el col·legi/Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya merecen todo nuestro respeto y reconocimiento por su esfuerzo; esperamos sea compartido por otros profesionales. Desde aquí les brindamos nuestra colaboración para abordar conjuntamente una regulación que proteja más y mejor a las personas.

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