El homenaje a quienes construyen nuestro futuro

España necesita construir más viviendas. La creación de nuevos hogares supera ampliamente el ritmo al que se construyen casas, y esa brecha provoca dificultades para emanciparse, para formar una familia o para encontrar un hogar a un precio asumible. No estamos ante un problema que pueda resolverse con una medida aislada ni con soluciones de corto recorrido. Necesitamos una política de vivienda sostenida en el tiempo, capaz de reunir consensos y actuar sobre las causas.

El primer paso es desbloquear el desarrollo urbanístico y recuperar la seguridad jurídica. No tiene sentido que obtener una licencia pueda llevar más tiempo que construir una vivienda, ni que algunos desarrollos permanezcan durante años atrapados en trámites administrativos. Agilizar procedimientos, reducir plazos y actualizar los instrumentos normativos no significa rebajar las garantías, sino hacer que la Administración esté a la altura de las necesidades del país.

Tampoco podemos ignorar el coste de construir. La presión sobre los materiales, la energía, la financiación y la fiscalidad condiciona la viabilidad de muchos proyectos. A ello se suma la escasez de profesionales, que amenaza con convertirse en uno de los principales cuellos de botella. Necesitamos aliviar las cargas que encarecen la vivienda, establecer mecanismos de revisión de precios que permitan afrontar las variaciones de costes y reforzar la formación para atraer talento al sector. Sin empresas capaces de invertir y equipos preparados para ejecutar las obras, los objetivos quedarán en papel mojado.

Este desafío no termina en la vivienda. España necesita renovar sus infraestructuras, mejorar la movilidad, modernizar sus redes de transporte y agua y avanzar hacia un modelo energético más sostenible. Para ello, la contratación pública debe ofrecer estabilidad, seguridad jurídica y condiciones económicas compatibles con la realidad de las obras. Cuando un contrato deja de ser viable por una evolución imprevisible de los costes, no sólo sufre una empresa, sino que se resiente la ejecución de una infraestructura que presta un servicio a toda la sociedad. Contratar mejor también significa planificar mejor y repartir los riesgos de forma razonable.

Ahora bien, sería injusto hablar de los retos del sector sin reconocer cuánto ha cambiado. La construcción de hoy poco tiene que ver con la de hace dos décadas. La industrialización, los nuevos materiales, la digitalización, la maquinaria avanzada y la inteligencia artificial están transformando los procesos, elevando la eficiencia y mejorando el control y la calidad de los proyectos. Las empresas están invirtiendo, innovando y profesionalizándose para responder a exigencias cada vez mayores en productividad y sostenibilidad. Y prueba de ello son, precisamente, los premios Potencia.

El reto es conseguir que esa transformación encuentre una Administración igualmente preparada. No podemos aspirar a construir de forma más rápida, eficiente y sostenible si los procedimientos siguen anclados en dinámicas que ralentizan las decisiones y frenan la innovación. La modernización debe alcanzar tanto a las obras como a las normas que permiten hacerlas realidad.

La construcción no pide atajos ni privilegios. Pide un marco estable, reglas claras y una colaboración público-privada que permita aprovechar la capacidad de sus empresas.

Porque construir no consiste únicamente en levantar edificios o ejecutar infraestructuras. Consiste en crear las condiciones para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida, para que las empresas compitan y para que el país avance. España debe construir su futuro. Pero detrás de cada puente, cada hospital, cada carretera y cada vivienda hay una historia que casi nunca se cuenta: la de quienes siempre están manos a la obra. Por eso las empresas del sector merecen este justo homenaje que le brindan los Premios Potencia.

Enhorabuena a todos.