Proponen una reforma que mantenga la diferenciación de cuerpos cuando exista disparidad de responsabilidad y formación

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), incluyendo el Consejo de la Ingeniería de España (CIE) y las Asociaciones Profesionales de los Cuerpos de Ingenieros Superiores y Arquitectos del Estado, solicitan la paralización de la proposición de ley en tramitación en el Congreso de los Diputados que plantea suprimir los subgrupos A1 y A2 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y sustituirlos por un único grupo A.

Los Consejos y Colegios de Ingenieros y de Arquitectos de España, incluyendo el Consejo de la Ingeniería de España (CIE) y las Asociaciones Profesionales de los Cuerpos de Ingenieros Superiores y Arquitectos del Estado, han solicitado la paralización de la proposición de ley actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, que plantea la supresión de los subgrupos A1 y A2 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y su sustitución por un único grupo A.

Según los firmantes, la iniciativa elimina una diferenciación esencial que debe seguir basándose en criterios de responsabilidad, excelencia formativa y exigencia de acceso, tal como se ha establecido hasta la fecha.

El presidente del CIE, César Franco, ha destacado que “la clasificación A1 y A2 no es una cuestión corporativa ni retributiva: es una herramienta de organización del Estado para asignar responsabilidades técnicas de distinto nivel. Diluirla supone debilitar la calidad y la seguridad del servicio público”. Además, subraya que “no se trata solo de títulos, sino de responsabilidades y de cómo se accede a ellas. Equiparar cuerpos con exigencias formativas y procesos selectivos distintos rompe el principio de mérito y capacidad sobre el que se construye la función pública”.

La organización recuerda que la estructura actual de los cuerpos de ingeniería en la administración pública se fundamenta en un modelo consolidado por normativa española y europea. Como añade César: “Equiparar artificialmente niveles que responden a exigencias distintas desvirtúa el sistema de clasificación profesional y envía un mensaje equivocado a los estudiantes, a los profesionales y a la ciudadanía sobre el valor de la preparación técnica y del servicio público”.

Por su parte, la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, ha expresado el firme rechazo del Consejo a la medida, al considerar que vulnera los principios de mérito, capacidad y especialización reconocidos en la Constitución y compromete la coherencia del sistema de titulaciones, que otorga competencias diferenciadas con impacto directo sobre el interés general. Vall-llossera advierte que “en el caso de la Arquitectura y del entorno construido, eliminar la diferenciación de los subgrupos A1 y A2 afectaría de forma negativa a la protección de intereses generales, como la seguridad de las personas, la protección del medioambiente y el urbanismo”.

Los firmantes, que representan conjuntamente a más de 275.000 profesionales, han expresado su preocupación por la proposición de ley tal como ha sido planteada, al considerar que genera un impacto negativo directo sobre la ordenación de los Cuerpos Superiores del Estado. La alerta se centra especialmente en sectores profesionales estratégicos para la sociedad, incluyendo la ingeniería pública, la arquitectura, las infraestructuras, la energía, la industria, la edificación, el transporte, el agua, las telecomunicaciones y el medio ambiente.

La proposición de ley, tal como ha sido presentada, no incluye un desarrollo suficiente sobre su impacto real en la definición de funciones y requisitos de los puestos, la carrera profesional y la promoción interna, los sistemas selectivos, ni la ordenación de cuerpos con alta responsabilidad técnica. En ausencia de un encaje normativo detallado, la medida conlleva el riesgo de generar una reforma que aumente la litigiosidad, complique la gestión de los recursos humanos y reduzca la capacidad de la Administración para atraer y retener talento técnico altamente cualificado.

Las instituciones firmantes condicionan cualquier modificación en este ámbito al reconocimiento adecuado de la formación técnica, reforzando así la profesionalización, la eficacia, la atracción de talento, el reconocimiento de la formación y la responsabilidad, así como la movilidad interna con garantías.

Todo cambio legislativo debe implementarse sin suprimir la diferenciación que responde a criterios objetivos de responsabilidad y exigencia de acceso, contribuyendo de manera efectiva al interés general. Asimismo, cualquier reforma debe mantener cuerpos diferenciados cuando existan diferencias reales de responsabilidad y formación, evitar automatismos o equiparaciones indiscriminadas y preservar el valor de la formación universitaria superior (grado + máster) y de los procesos selectivos estrictos.

El Consejo de la Ingeniería de España (CIE), el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y las Asociaciones Profesionales de los Cuerpos de Ingenieros Superiores y Arquitectos del Estado se ponen a disposición de los grupos parlamentarios y del Gobierno para aportar propuestas técnicas que posibiliten una reforma rigurosa, constitucionalmente sólida y alineada con el interés general, asegurando la calidad y la seguridad del servicio público.

La clasificación de cuerpos y escalas en la Administración Pública constituye un instrumento esencial de organización, no meramente retributivo, que debe mantenerse en consonancia con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como con criterios de eficacia, responsabilidad y seguridad jurídica. El artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) justifica la existencia de los subgrupos A1 y A2 en función del nivel de responsabilidad de las tareas a desempeñar y de las características y exigencias de los procesos selectivos de acceso.

La eliminación de esta diferenciación, sin un modelo alternativo que mantenga estos criterios, implica una desestructuración de los cuerpos superiores de la Administración, generando un alto riesgo de confusión funcional, pérdida de coherencia organizativa y aumento de la litigiosidad.

En el ámbito de la Ingeniería y la Arquitectura, la diferenciación vigente entre los cuerpos A1 y A2 se fundamenta en realidades objetivas y contrastadas:

• Los Cuerpos Superiores de Ingenieros y Arquitectos (A1) se encuentran vinculados a titulaciones habilitantes de nivel máster, que requieren una formación universitaria acumulada de al menos cinco o seis años, equivalente a 300–360 créditos ECTS (grado + máster).
• Los Cuerpos de Ingenieros Técnicos y Arquitectos Técnicos (A2) se asocian, por lo general, a titulaciones de nivel grado, con una carga formativa de 240 créditos ECTS.

Esta diferencia en la formación se refleja directamente en la amplitud competencial, la capacidad de dirección y supervisión, el nivel de responsabilidad técnica y jurídica, así como en la exigencia de los procesos selectivos.

Por tanto, la diferenciación A1/A2 no responde a criterios arbitrarios ni históricos, sino que tiene un carácter funcional y resulta imprescindible para el correcto desempeño de la Administración. Constituye un elemento esencial para garantizar la asignación adecuada de funciones y responsabilidades dentro del ejercicio de la función pública.

En el debate parlamentario se ha planteado la creación de un grupo A único, incorporando un 'plus' o complemento destinado a reconocer titulaciones universitarias de mayor duración. Esta propuesta desplaza el énfasis desde la responsabilidad y la cualificación profesional hacia una mera compensación interna dentro del grupo.

No obstante, este enfoque presenta una carencia estructural significativa: si bien reconoce grados de mayor duración, elimina toda referencia específica a las profesiones reguladas que requieren obligatoriamente un itinerario de grado y máster habilitante, con una carga formativa y competencial claramente superior.

Este planteamiento desdibuja la singularidad de las profesiones reguladas de nivel máster, reduce la formación superior a un mero factor retributivo e ignora que el acceso a determinados cuerpos A1 se basa no solo en créditos, sino en formación avanzada, atribuciones profesionales y procesos selectivos especialmente exigentes. En caso de existir la necesidad de reconocer diferencias formativas dentro del grupo A, estas deben abordarse mediante un marco normativo claro, estable y coherente, y no mediante soluciones accesorias que, en la práctica, vacían de contenido la distinción entre cuerpos.

Las titulaciones habilitantes de Ingeniería y Arquitectura se sitúan, conforme a la normativa europea y nacional, en el máximo nivel universitario y de cualificación profesional para el acceso al ejercicio profesional:

• Desde la perspectiva académica, corresponden al Nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).
• Desde la perspectiva profesional europea, se encuadran en el Nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).

Esta doble adscripción, tanto académica como profesional, se encuentra plenamente alineada con la Directiva 2005/36/CE y su transposición al ordenamiento jurídico español, que reconoce estas titulaciones como habilitantes para el ejercicio de profesiones reguladas de alta responsabilidad.

La supresión de la diferenciación entre cuerpos vinculados a los niveles EQF 6 y EQF 7 representa un alejamiento del modelo europeo, compromete la comparabilidad internacional y debilita la posición de España en el reconocimiento y la movilidad de sus profesionales técnicos superiores. Esta medida tendría un efecto negativo directo sobre la competitividad, la movilidad profesional y la capacidad del país para atraer y retener talento técnico altamente cualificado.

• Consejo de la Ingeniería de España

El Consejo de la Ingeniería de España (CIE) aglutina colegios y consejos de colegios de ingeniería con el objetivo de coordinar, a nivel nacional, actuaciones en asuntos de interés común de las profesiones reguladas de ingeniería, defendiendo sus valores y promoviendo el perfeccionamiento profesional.

Forman parte del CIE las siguientes corporaciones: el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales; el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes; el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos; el Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI; el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos; el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas; el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación; y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos. En conjunto, estas instituciones representan aproximadamente a 200.000 ingenieros e ingenieras en España.

• CSCAE

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) constituye el órgano de representación estatal de los Colegios Oficiales de Arquitectos, actuando como interlocutor de la profesión de Arquitecto a nivel nacional e internacional. Su labor se centra en impulsar la calidad de la arquitectura, la edificación y la promoción del interés general vinculado al entorno construido.

En conjunto, los Colegios integrados en el CSCAE representan aproximadamente a 75.000 arquitectos y arquitectas en España.

• Asociaciones Profesionales de los de Ingenieros Superiores y Arquitectos del Estado

Asociación de Ingenieros Industriales del Estado (ASIINDUS), la Asociación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (AICAPE), la Asociación de Ingenieros de Minas de las Administraciones Públicas (AIMAP), la Asociación de Técnicos Superiores de Informática de la Administración del Estado (ASTIC), la Asociación de Ingenieros Agrónomos de la Administración General del Estado (ANIADE), la Asociación de Ingenieros Navales del Estado (AINAVAL), la Asociación del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Estado (ACIAE), la Asociación Sindical de Ingenieros Agrónomos de Hacienda (ASIAH) y la Asociación Profesional de Arquitectos Superiores de Hacienda (APASH).

En su conjunto representan aproximadamente a 4.000 ingenieros y arquitectos en la Administración General del Estado.