La CNC advierte de que la renuncia a la Ley del Suelo compromete la capacidad de impulsar nueva vivienda
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) sostiene que la renuncia del Gobierno a desbloquear la reforma de la Ley del Suelo puede intensificar la falta de vivienda, generar dudas en materia de seguridad jurídica y limitar la capacidad de desplegar iniciativas vinculadas al PERTE para la industrialización del sector. Según la organización, esta decisión también condiciona el uso de los fondos europeos NextGeneration en el tramo final de su ejecución, prevista hasta agosto de 2026.
La renuncia se ha articulado mediante una adenda aprobada por el Consejo de Ministros en el marco de la revisión de los hitos asociados al Plan de Recuperación y Resiliencia, y se acompaña de la puesta en marcha de la empresa pública Casa 47, concebida como un parque de alquiler asequible. La CNC considera que este planteamiento permite activar suelo público, pero no aborda el objetivo central de la reforma urbanística, orientada a corregir la escasez y el encarecimiento del suelo y de la vivienda. La patronal argumenta que, sin un marco normativo actualizado, será difícil avanzar hacia las cerca de 220.000 viviendas anuales que estima necesarias para aliviar las tensiones del mercado.
En su análisis, la CNC sostiene que la creación de una gran entidad estatal no resolverá los factores estructurales que condicionan la producción de vivienda, especialmente la limitada oferta y la inseguridad jurídica. La organización señala que la atribución de estas funciones a una empresa pública puede generar efectos secundarios, ya que el tejido productivo dispone de mecanismos más ágiles a través de la colaboración público-privada. A ello se suma la complejidad administrativa y de recursos que implica la puesta en marcha de una entidad que, para ser eficaz en el corto plazo, debería asumir una dimensión considerable, con el riesgo de perder agilidad en el medio plazo.
Desde hace dos años, la CNC ha señalado la paralización parlamentaria de la reforma, remitida por el Senado, pero detenida en el Congreso de los Diputados, a pesar de que el diagnóstico es compartido y que existe un amplio respaldo político a la búsqueda de soluciones. En este contexto, la organización plantea la necesidad de un Pacto de Estado que permita abordar de manera coordinada la situación del mercado residencial.
La CNC advierte de que la falta de suelo urbanizable compromete la capacidad de aplicar medidas que faciliten la construcción y rehabilitación de viviendas y limita el impacto de los fondos europeos, así como del PERTE para la industrialización, que en países como Alemania o los Países Bajos representa alrededor del 20% del sector, frente al 2% en España. Para su presidente, Pedro Fernández Alén, resulta “contradictorio renunciar a la Ley del Suelo para salvar los fondos europeos en un momento en el que Europa pide justamente seguridad jurídica, planificación rigurosa y capacidad de ejecución”, y defiende la necesidad de recuperar la reforma para garantizar el cumplimiento de los compromisos asociados a la financiación comunitaria.
