Cinco asociaciones empresariales presentan alegaciones al Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público

Las organizaciones empresariales CONAIF, ANECPLA, FEHR, FES y AFELIN, representativas de 5 sectores de servicios, presentan alegaciones al Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público por menoscabar los intereses de las PYMES.

Las asociaciones y federaciones citadas, que representan a sectores que agrupan 32.702 empresas y ocupan a 642.368 trabajadores, han presentado a la CEOE una relación de alegaciones relativas al Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público por menoscabar los intereses de la PYME y mermar la libre competencia en la contratación pública, en contra de las directrices previstas en las Directivas Europeas.

El Anteproyecto, al que ha dado luz verde el Gobierno, introduce una serie de medidas cuyo objetivo es “aparentemente” mejorar el acceso de la PYME a las licitaciones públicas. Si bien, las organizaciones firmantes denuncian que, las referencias que hace el texto dirigidas a mejorar el acceso de las pymes a la contratación pública son una mera “declaración de intenciones” que trata de enmascarar un ataque frontal a las PYME – que representan cerca del 95% del tejido empresarial a nivel nacional - en beneficio de un número reducido de operadores o multinacionales.

Las referidas organizaciones empresariales muestran un firme rechazo a la regulación contenida en el artículo 18 del Anteproyecto, en lo que respecta a los contratos mixtos, ya que dicha regulación obedece a los intereses y presiones ejercidas por los grandes grupos multinacionales. En este sentido, las patronales consideran absolutamente necesario modificar su contenido de forma que “se garantice una regulación que impida integrar indiscriminadamente prestaciones de servicios y suministros que no estén vinculados entre sí, ni mantengan relaciones de complementariedad”. El objetivo no es otro que evitar el exceso de concentración de la mayor parte de los contratos en un reducido número de operadores, lo que perjudica gravemente a la PYME y reduce la libre competencia. Lo recogido en el Anteproyecto es la puerta de entrada para consagrar la proliferación de contratos mixtos que incluyan diferentes prestaciones solamente accesibles para grandes operadores, recortándose de forma significativa la competencia.

Las organizaciones firmantes denuncian que es una práctica habitual de las Administraciones Públicas el reunir en un mismo contrato servicios de lo más variopinto, forzando a las empresas a acudir a recursos administrativos y contencioso-administrativos de incierto resultado y prolongada duración para tratar de hacer valer sus derechos.

También apuntan que dicha centralización no supone ningún ahorro para la Administración Pública, ya que en sectores, donde existe la subrogación de los trabajadores en las contratas, no resultan de aplicación economías de escala. La reducción de los costes sólo puede deberse a una reducción del servicio basado en una reducción de horas de trabajo y, por tanto, a una reducción del empleo y de los puestos de trabajo.

También debe regularse y fomentarse, tal como anima la Directiva, la división de los contratos en lotes, para facilitar el acceso de la PYME a este tipo de concursos tanto en términos cuantitativos como cualitativos. En particular, el artículo 99 del Anteproyecto deja entrever que el verdadero propósito del Gobierno es la transposición de la Directiva “de forma aparente”, dejando en manos de los órganos licitadores la potestad de dividir los contratos en lotes o no, lo que supondrá su una barrera insalvable para el acceso de la PYME a la licitación pública. Por ello, las organizaciones empresariales consideran imprescindible una enmienda a la totalidad del artículo 99.

Actualmente, los elevados importes de los contratos son ya de por sí una barrera de entrada que discrimina a la PYME vulnerando el principio de igualdad de trato establecido en las Directivas Comunitarias.

Las asociaciones y federaciones citadas reclaman en líneas generales una contratación pública que facilite el acceso de la PYME a la contratación pública, en consonancia con su representación en el tejido empresarial español, frente a los grandes operadores. Reivindicación que, además de salvaguardar la libre competencia, cobra especial valor en la coyuntura económica actual, en la que las PYME constituyen el motor económico y de generación de empleo en España.

Estas federaciones y organizaciones empresariales consideran que se trata de una ocasión inmejorable para alentar a los poderes adjudicadores a utilizar el "Código europeo de buenas prácticas” para facilitar el acceso de las PYME a los contratos públicos, y adaptar la legislación española a la normativa comunitaria y a los principios que la inspiran, que, fundamentalmente, van dirigidos a favorecer la transparencia y el acceso de las PYMES a la licitación pública, favoreciendo la competencia en este ámbito.