La Fundación Renovables reclama la planificación, la ordenación y la diversificación de la implantación de energías renovables en el territorio
La Fundación Renovables ha publicado un informe en el que se resumen las reflexiones expuestas en la reunión de su Consejo Asesor, 'Territorio y renovables. El desarrollo de las grandes plantas bajo criterios de inclusión territorial', sobre la problemática situación actual de la expansión de las instalaciones de generación renovable en el territorio español.
La primera de estas reflexiones es básica: crear pautas claras para obtener un modelo de ordenación del territorio. Con el probable aumento del abandono de las actividades agraria y ganadera en las zonas de amplio desarrollo de las renovables, con tamaños de plantas muy grandes, es necesario diversificar los agentes energéticos, con una mayor implantación de generación distribuida que potenciaría el empleo local y las economías familiares y mantendría el desarrollo de estas actividades. Para obtener estos beneficios, es absolutamente necesario la inclusión de objetivos sectorizados y cuantificables de autoconsumo y comunidades energéticas tanto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) como en la futura Estrategia Nacional de Autoconsumo. Así mismo, es imprescindible crear una zonificación socioeconómica como una herramienta para mejorar la percepción de las renovables y evitar conflictos de oposición a los grandes proyectos.
Por otro lado, hay que dotar a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de características participativas y transparentes, con una amplia base social, que determinen el desarrollo y los elementos de control a revisar por una administración potenciada. Así, deben incluir todo tipo de variables, analizando los impactos económicos, sociales y culturales y proponiendo alternativas que mejoren las consecuencias de la implantación. Conjuntamente, dentro del marco de la economía circular, se debe obligar a reciclar y recuperar todos los materiales al finalizar su vida útil, devolviendo el terreno a su estado original con medidas de restauración y conservación.
Muchos de los criterios ya vienen determinados por las Directivas Europeas, por lo que su transposición al reglamento español debe ser inmediato. La incorporación de las figuras de las comunidades de energía puede vencer las resistencias, al distribuir sus beneficios de manera local a la ciudadanía implicada. Respecto a la legislación nacional, las modificaciones regulatorias deberían incorporar las externalidades no incluidas en el precio de las grandes plantas, como es el caso de la red de transporte. A nivel regional y local, es fundamental reforzar las capacidades técnicas de las entidades locales para mejorar su estrategia energética, conociendo los beneficios y los perjuicios de cada tecnología.
Uno de los puntos a destacar es que las redes de transporte no son infinitas, tienen una capacidad limitada y, por la metodología de retribución, son de todos y todas, por lo que allí donde se instale masivamente podría provocarse la exclusión al acceso de pequeñas iniciativas locales, distribuidas y con valor social. Por tanto, es recomendable trabajar para incrementar el factor de capacidad en redes de media y alta tensión, priorizando la hibridación (fotovoltaica con eólica, hidroeléctrica fluyente, etc.) y el almacenamiento. Además, hay que modificar la normativa del cálculo de acceso para dar prioridad a instalaciones de pequeña generación y avanzar en la digitalización para dotarla de mayor flexibilidad ante el aumento de la interacción entre los consumidores con la red de baja y media tensión.
