La vivienda debe ser acuerdo, no disputa ideológica

Comprar una casa resulta inalcanzable para muchos jóvenes, alquilar se ha convertido en una odisea y la inseguridad jurídica afecta tanto a propietarios como a inquilinos. El principal problema para la ciudadanía según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), del que CNC llevaba años alertando, aparece ahora en todas los debates y no hay semana en que no pidamos soluciones urgentes ante semejante problema.

Sin embargo, en lugar de actuar con visión de Estado, hemos caído durante décadas en la improvisación y la disputa partidista. El resultado está a la vista: una demanda creciente, una oferta bloqueada y un mercado incapaz de dar respuestas. Pero lo peor está en la parte política: la piedra angular de este rompecabezas, la Ley del Suelo sigue atascada, frustrando las posibilidades de planificar un crecimiento ordenado y suficiente.

Esto es muy grave porque existen coincidencias básicas entre las propuestas de Gobierno y oposición en torno a la reforma de la Ley del Suelo, pero por intereses que desconocemos, o nos resultan ajenos, la clase política parece incapaz de materializar un acuerdo que permita desbloquear la oferta de suelo urbanizable y, por tanto, poner en marcha miles de proyectos de vivienda.

Pongamos números a este problema: España necesita edificar las 220.000 viviendas anuales que se estiman necesarias para aliviar la presión del mercado. Con un ritmo sostenido de 150.000 viviendas nuevas al año se empezaría a rebajar la tensión y se daría una respuesta tangible a las familias que hoy viven atrapadas entre alquileres prohibitivos e hipotecas inalcanzables. El problema no radica en la capacidad técnica ni en la falta de interés empresarial, sino en los obstáculos administrativos y en la escasez de incentivos adecuados. Si pusiésemos inmediatamente en el mercado las 700.000 viviendas que faltan según el Banco de España, nadie duda de que el precio se moderaría y la tensión se relajaría.

En este punto, la política fiscal también puede desempeñar un papel clave. Programas de avales a jóvenes para garantizar el acceso a hipotecas, actualización de los módulos de los planes de vivienda o bonificaciones del IBI y del ITP para quienes se establezcan en entornos rurales son ejemplos de medidas realistas que pueden contribuir a ampliar la oferta y diversificarla territorialmente. No se trata de subvencionar indiscriminadamente, sino de diseñar estímulos que canalicen inversión hacia donde más se necesita.

No por nada, recientemente en CNC estimamos que cerca del 30% del precio final depende de impuestos y tasas. La importancia de un cambio fiscal es muy relevante. Antes mencionábamos el IBI y el ITP, pero también está la opción de aplicar un IVA superreducido del 4% o de clarificar la base imponible de un tributo local como el Impuesto local sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) son un primer paso necesario para aliviar la carga fiscal sobre las viviendas.

Hay más desafíos mayúsculos. La falta de mano de obra en la construcción. El sector necesita alrededor de 700.000 trabajadores para cumplir con los compromisos que España ha asumido, tanto en materia de vivienda como de transición energética e infraestructuras. Este déficit responde a tres factores principales: la escasez de personal cualificado, el envejecimiento de las plantillas y la ausencia de relevo generacional. Sin mano de obra suficiente, cualquier plan de choque quedará a medio camino.

Para revertir esta tendencia se impone un esfuerzo decidido en varios frentes: reforma de la Formación Profesional vinculada al sector, planes de contratación que incorporen a jóvenes y mujeres y una política migratoria realista que permita regularizar la situación de quienes ya trabajan en España por arraigo. La construcción no es un sector precario ni marginal, como a menudo se pretende hacer creer. Muy al contrario: ofrece empleo estable, salarios superiores a la media y oportunidades de desarrollo profesional. Lo que falta es información y prestigio social, dos aspectos en los que instituciones, empresas y administraciones deberían trabajar conjuntamente.

Recuperar la confianza en la construcción como principal impulso económico es también recuperar la capacidad del país para dar respuesta a la emergencia habitacional. Porque la vivienda debería ser terreno de acuerdos, no de disputa ideológica.