Expertos reivindican la necesidad de nuevas infraestructuras para cumplir los requerimientos del nuevo Real Decreto del Agua de consumo

Diversos expertos participantes en la jornada ‘Garantizando la sostenibilidad en el abastecimiento de agua’, organizada por Facsa se mostraron partidarios de construir nuevas infraestructuras que permitan cumplir los requisitos fijados por el Real Decreto 3/2023 de agua de consumo humano.

La cita, celebrada el 2 de marzo en Castellón, contó con la asistencia de más de 200 profesionales relacionados con el ciclo integral del agua procedentes de once comunidades autónomas. Entre ellos, técnicos tanto de administraciones competentes como del Ministerio de Sanidad, la Confederación Hidrográfica del Júcar o la Diputación de Castellón, así como por técnicos de operadoras del sector del ciclo integral del agua como el Consorci d'Aigües de Tarragona, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, la propia Facsa y representantes de asociaciones, como la International Water Association (IWA), enumeraron fuentes de la empresa castellonense en una nota de prensa.

Los ponentes coincidieron en destacar que el nuevo marco legislativo “no es solo una simple revisión del ya existente, sino que plantea una regulación más estricta de la calidad de agua. Por un lado, se amplía la protección de las personas con un enfoque basado en el riesgo y en los planes sanitarios del agua, que pasarán a ser obligatorios en todos los abastecimientos.

Asimismo, el citado real decreto incluye cuestiones novedosas, tales como el aseguramiento del acceso al agua “de toda la población, el refuerzo de la transparencia a los ciudadanos de la información relacionada con el agua de consumo y la obligatoriedad del reporte de información sobre la eficiencia de redes de abastecimiento y el futuro establecimiento de un umbral para esta cuestión”, añaden desde Facsa.

En cuanto a las inversiones necesarias, ponentes y asistentes pusieron de manifiesto, “de manera reiterada, la necesidad de planificarlas a medio y largo plazo para responder a las nuevas exigencias del Real Decreto”. Esas inversiones “deberán revertir en nuevas infraestructuras, la renovación de las plantas de tratamiento y las redes hidráulicas actuales o la innovación en los sistemas tecnológicos, entre otros”.

El Real Decreto incrementa los parámetros que deben ser medidos para valorar la calidad del agua de consumo, como en el caso de los antibióticos o antiinflamatorios presentes en las aguas. Asimismo, es más restrictivo en relación a otros parámetros, como es el caso de los plaguicidas o la turbidez. Estas últimas mediciones pueden ser especialmente significativas en la provincia de Castellón o Baleares, al ser el agua suministrada de origen subterráneo, por lo que para cumplir el nuevo Real Decreto será necesaria la implantación de nuevos tratamientos para el ajuste a los nuevos valores paramétricos”. Además, también será relevante en aquellos abastecimientos en los que el agua es de origen superficial, tal y como suele suceder en Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León o Navarra, “pues el agua puede presentar en determinadas épocas del año valores más elevados de turbidez que hagan necesario implementar los tratamientos de filtración existentes para poder cumplir con los nuevos límites establecidos”.

La transparencia en torno al agua es uno de los ejes más diferenciales de la nueva normativa ya que regula, por primera vez, los criterios que deben regir por parte de operadoras del agua y las distintas administraciones para dotar de un contenido relevante y accesible a la ciudadanía, quienes deberán poder obtener información relativa a su consumo, a las tarifas actualizadas a las que se acoge y a la calidad del agua de su red de distribución desde diferentes canales. Los expertos y expertas se mostraron partidarios de esta medida, que incrementará la confianza de la ciudadanía en torno a los servicios de abastecimiento de agua, relataron fuentes de Facsa.

Con el objetivo de “incrementar el consumo consciente del agua del grifo, el ministerio obliga a difundir comparativas del precio en euros-litro y euros-m³ para que se adquiera conciencia de la diferencia en el precio entre el agua envasada y la del grifo y, así, tomar decisiones informadas”.

El Real Decreto eleva a Derecho Humano el acceso al agua de consumo, por lo que la Administración “debe garantizar el acceso al agua de los ciudadanos y colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión, según establece la norma”.

Para enmarcar al consumidor vulnerable, el decreto hace referencia a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y se establecen requerimientos para el acceso a Bonos Sociales entre otras ayudas. No están identificados los motivos por los que estos colectivos no tienen en la actualidad acceso al agua potable, dibujándose diferentes realidades y problemáticas —económicas, carencia de infraestructura hidráulica, etcétera— que “deberían identificarse de manera pormenorizada para entender qué retos habrá que afrontar y qué vías de financiación habrá disponibles”.

Por su parte, los representantes de municipios de menos de 5.000 habitantes participantes en la jornada manifestaron su preocupación sobre las nuevas restricciones que establece el Real Decreto puesto que estimaron que “no tienen medios para afrontar las nuevas exigencias”.