El Agua No Registrada y la gestión de infraestructuras

Cuando se habla de Agua No Registrada (ANR) en España, la conversación suele derivar rápidamente hacia lo hidráulico: presión en la red, materiales de las tuberías, antigüedad de las conducciones. Y con razón: según el presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Daquas), el agua no registrada supone actualmente un 23,5% del agua suministrada en España, de la cual un 14,4% son pérdidas reales —fugas y roturas— y el resto se reparte entre imprecisión de los instrumentos de medida, consumos municipales no medidos y consumos no autorizados.

Son cifras que, multiplicadas por los más de 248.000 kilómetros de red de distribución que hay en el país, representan un volumen de agua perdida comparable al contenido de varios grandes embalses. Pero reducir el debate a la ingeniería hidráulica es quedarse a mitad de camino. Detrás de cada fuga hay un activo: un tramo de tubería con una fecha de instalación, un material concreto, un historial de intervenciones (o la ausencia de él) y un nivel de criticidad que depende de a qué otras infraestructuras alimenta. El ANR no es solo un fenómeno físico que ocurre en la red; es, sobre todo, el síntoma visible de cómo se gestiona —o no se gestiona— el ciclo de vida de miles de activos dispersos bajo el asfalto.

El diagnóstico estructural es conocido por cualquier gestor del sector: un 26% de las tuberías en España tiene más de 40 años, y el ritmo de renovación de las redes apenas alcanza el 0,2% anual, muy por debajo del 2% que se considera necesario para mantener las infraestructuras en condiciones de sostenibilidad a largo plazo. La comparación europea no ayuda: España es, según datos de SEOPAN, el país que menos invierte en renovación de redes de todo el continente en el periodo 2014-2027, con un 0,14% frente a una media europea del 0,32%. El sector estima que se necesitarían unos 400 millones de euros anuales de inversión constante solo para cubrir las necesidades de renovación de las redes de abastecimiento.

Esta combinación —redes envejecidas, inversión insuficiente y un porcentaje de pérdidas que se resiste a bajar de forma sostenida— no se resuelve solo cavando más zanjas. Se resuelve, en gran medida, sabiendo mejor dónde cavar, cuándo hacerlo y con qué prioridad. Y ahí es donde el problema del ANR deja de ser exclusivamente hidráulico para convertirse en un problema de información y de gestión de activos.

La mayoría de operadores de agua en España —especialmente en municipios medianos y pequeños— gestionan un volumen de activos que supera con creces su capacidad de inventariarlos con detalle: válvulas, arquetas, tramos de tubería de materiales y antigüedades distintas, estaciones de bombeo, contadores. Sin un inventario preciso y actualizado, cualquier estrategia de reducción de pérdidas se construye sobre arena: no se puede priorizar la renovación de lo que no se sabe con certeza dónde está, de qué material es o cuántas incidencias ha tenido.

Esto conecta directamente con la lógica de la gestión de activos (Asset Management) tal y como se aplica en otros sectores de infraestructura crítica: primero inventariar, después clasificar por criticidad y probabilidad de fallo, y finalmente programar intervenciones basadas en datos y no en la simple antigüedad o en la reacción ante la avería. Un tramo de tubería de 50 años en una calle secundaria con bajo consumo no tiene la misma prioridad que uno de 30 años que alimenta un hospital o un polígono industrial, por mucho que el segundo sea “más joven” en papel.

Los operadores que mejor están conteniendo su ANR no son necesariamente los que más zanjas abren, sino los que mejor cruzan información: sectorización de la red con caudalímetros, detección acústica de fugas, correlación entre presión y roturas históricas, y un sistema que centraliza todo ese conocimiento en un inventario de activos vivo, no en un plano estático o una hoja de cálculo que nadie actualiza. Aqualia, por ejemplo, ha situado la digitalización como palanca central de su plan estratégico de sostenibilidad para reducir los volúmenes de agua no registrada en los municipios donde presta servicio, una tendencia que se repite en otros operadores del sector.

Esta lógica —gestionar el ciclo de vida completo del activo, no solo reaccionar ante el fallo— es exactamente el terreno de las plataformas GMAO/EAM, y es aquí donde herramientas como las de Rosmiman resultan relevantes para el sector del agua: no como sustituto de los sistemas de telelectura o sectorización hidráulica, sino como la capa de gestión que convierte esos datos en decisiones de mantenimiento. Un inventario centralizado de activos de red, con historial de intervenciones, nivel de criticidad y programación de revisiones preventivas, permite a un operador de agua pasar de “reparar donde ha reventado“a”intervenir donde el riesgo de fuga es mayor antes de que ocurra” —el mismo salto que ya se está dando en sectores como el mantenimiento industrial o la gestión hospitalaria de equipos críticos.

Quizás la forma más útil de mirar el ANR no sea solo como un porcentaje a reducir, sino como un indicador indirecto de la madurez en la gestión de activos de un operador. Un ANR elevado y estancado en el tiempo suele señalar, además de una red envejecida, una gestión de activos poco sistematizada: sin inventario fiable, sin priorización basada en criticidad y sin trazabilidad de las intervenciones realizadas.

La buena noticia es que, a diferencia de la renovación física de redes —que exige inversiones plurianuales de cientos de millones de euros y años de obra civil—, la digitalización de la gestión de activos es una palanca de mejora que puede empezar a dar resultados en plazos mucho más cortos, con una inversión sensiblemente menor. No sustituye la necesidad de renovar tuberías centenarias, pero sí permite que cada euro destinado a esa renovación se invierta donde realmente reduce más pérdidas, en lugar de repartirse según criterios de antigüedad o urgencia política. En un sector donde cada punto porcentual de ANR representa millones de metros cúbicos de agua potable perdidos, esa diferencia en la toma de decisiones no es un matiz técnico: es, sencillamente, la diferencia entre gestionar el ciclo del agua y simplemente reaccionar a sus fallos.

El diagnóstico estructural es conocido por cualquier gestor del sector: un 26% de las tuberías en España tiene más de 40 años, y el ritmo de renovación de las redes apenas alcanza el 0,2% anual, muy por debajo del 2% que se considera necesario para mantener las infraestructuras en condiciones de sostenibilidad a largo plazo