Agricultores y ganaderos, una especie en peligro de extinción

Los productores han dicho basta. No están dispuestos a permanecer callados más tiempo. La situación para muchos es límite y observan temerosos el futuro de su actividad. Diariamente deben afrontar subidas incesantes de los insumos (gasóleo, semillas, fertilizantes, piensos, seguros, etc.), mientras los precios que perciben por sus producciones se mantienen en niveles de hace décadas.

Ante este escenario, las tres organizaciones agrarias mayoritarias —ASAJA, COAG y UPA— elaboraron un calendario de movilizaciones en algunas ciudades españolas para sacar a la calle sus reivindicaciones y trasladar a la sociedad urbana su problemática. Pero, ¿realmente el ciudadano de las grandes urbes, que vive alejado del medio rural, es conocedor de la situación? Y, lo que puede ser más sangrante: ¿le interesa, en tanto en cuanto puede llenar la despensa sin dificultad y a precios asequibles?

“Seguramente que a muchas personas de las ciudades les dé igual lo que reclamamos y lo observan con cierta distancia, pero si realmente supieran lo que comen, de dónde procede y los procesos de producción, podrían comenzar a interesarse por nosotros”, lamentaba un agricultor durante una de las concentraciones de estas semanas.

Pero no solo lo hacen en España, también han salido a la calle en otros países europeos, como Francia, Alemania o Países Bajos. Un empresario agrícola afirmaba a las puertas del Ministerio que “deben establecerse en la UE barreras comerciales, cupos, aranceles, ventanas… con relación a los países que introducen sus productos aquí. Europa tiene que proteger a sus agricultores, respetando el principio de prioridad europea. Que esos productos tengan el mismo tratamiento fitosanitario y poder comparar para que haya una competencia leal en el mercado libre”.

En la situación actual, “el negocio es ruinoso”. En el olivar, en esta última campaña —con una producción que ha sufrido una caída importante respecto al año anterior— el precio ronda los 32 céntimos/kg, la ciruela oscila entre los 20-25 cts/kg o la patata en los 17 cts/kg. Son solo algunos ejemplos, se podrían citar más. ¿Cuál es el resultado de estos niveles de precios? Cosechas que se quedan sin recoger o, en casos más extremos, arranque del cultivo y fin de la actividad.

Sin embargo, los precios que pagan los consumidores distan mucho de los expuestos anteriormente. “Quizá por ello nuestro mensaje no ha calado hasta ahora en la sociedad”, señala un fruticultor andaluz, “porque la gente paga unos precios lógicos, que incluso aumentan en función de la fruta o la verdura. Pero desconocen que ellos, por ejemplo, están pagando 2,50 euros por un kilo de pepinos y al agricultor solo le llegan 20 céntimos”. “Y percibiendo 20 céntimos, no es rentable la recolección”, puntualiza.

La situación ha llegado a tal extremo que a agricultoras como Mary Luz, de Guadalajara, no les merece la pena sembrar. “El kg de cebada se ha cobrado este año a 28 pesetas, no se cubren gastos, estamos hablando de precios de hace 30 años. Suben abono, semillas, herbicidas, maquinaria. El agricultor está embargado toda su vida. No corresponden los costes con el precio que tienen los productos”.

Junto a ella, Belén, una joven ganadera de Aranjuez (Madrid) añadía que “la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha sido la gota que ha colmado el vaso”, aunque coincide en que “el problema ya venía de antes”. “Por desgracia, no hay unidad. Cada uno pelea por lo suyo y el problema lo sufrimos todos”.

Belén detalla que, en el contexto actual, la continuidad es muy difícil. “A este sector se llega generalmente por herencia familiar. Yo, por ejemplo, me crié en él, es un vicio, pero no es rentable económicamente. Yo tengo otro trabajo y ayudo en casa. Ahora mismo yo no podría tener una familia viviendo de esto (cebada, maíz, olivar). En mi casa todos somos unos pringados”.

“Llega un momento que esto es insostenible”, añade Mary Luz. “Llevamos años y años que no compensa económicamente. Todo sube y nuestros precios cada vez bajan más. Tenemos que luchar por los precios, unirse los agricultores y ganaderos de toda España, porque la unión es la fuerza y hace reaccionar a los políticos. Estamos arruinando al agricultor español”.

La realidad es que, si esos alimentos con origen en cualquier otro continente más allá del europeo están disponibles en los lineales de los supermercados o en la tienda del barrio, es porque llegan con unos precios competitivos. Tan competitivos que ni siquiera algunos productos cultivados a apenas unos kilómetros del punto de venta son capaces de ofrecer, debido a los menores costes de producción, especialmente en términos de mano de obra. Y al ser este un factor determinante, pero, al mismo tiempo, incontrolable para las autoridades, lo que sí demandan los agricultores y ganaderos es un mayor control de la calidad de las importaciones.

Las movilizaciones están convocadas conjuntamente por ASAJA, COAG y UPA.

Pero la pregunta parece obvia: si la diferencia es tan grande entre el precio que percibe el productor y el que paga el consumidor, ¿dónde se queda el dinero? En ese tránsito se realizan diversas operaciones y, con ellas, aparecen otros actores en escena que añaden eslabones a la cadena alimentaria.

Recogido el alimento, surge una primera labor de transporte, generalmente hasta un punto de acopio, que bien puede realizarse a nivel particular, bien a través de mecanismos cooperativos que comienzan a incrementar los costes. En función del producto, puede pasar a requerir una transformación antes de su envío a la distribución, paso previo antes de llegar al consumidor.

Por tanto, son varios los pasos y los intermediarios que juegan su papel en el proceso. Cierto que algunos de ellos pueden suprimirse y, de hecho, existen ya grupos de productores que se ocupan directamente de la comercialización, precisamente para reducir los costes y ganar competitividad.

Hace unos días, mientras se sucedían las movilizaciones reclamando precios justos, el presidente del Gobierno instó a las grandes distribuidoras a “hacer un examen, una autocrítica, y tenemos lógicamente que introducir mucha más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero, que ahora mismo están viendo desgraciadamente cómo los precios bajan y bajan”.

La respuesta de la distribución fue inmediata y, a través de distintos medios, advirtió de que "se está trasladando al consumidor una imagen negativa del sector que no se corresponde con la realidad”. Desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), a la que pertenecen importantes cadenas de supermercados, recuerdan que el sector agroalimentario genera en España 2,5 millones de empleos, de los que unos 700.000 corresponden a la agricultura, y los demás al resto de actividades de la cadena, desde el transporte a la distribución.

Cerca de él, de forma más vehemente, Manuel, de 64 años, era rotundo: “¿Y luego no queréis una España Vacía? Así es imposible continuar, los pueblos continuarán abandonándose cada vez más y quedarán como espacios para el turismo de fin de semana. Pero, ojo, que si nos vamos todos del campo no habrá ni quien gestione esas casas rurales que ahora proliferan tanto”.

Según este productor, “las reconversiones industriales que se hacen en España las paga la agricultura”. Y cita un ejemplo: “si hay que vender 20.000 coches a uno de estos países que no son de la UE es a cambio de la entrada de sus productos alimenticios, que no tienen ningún control sanitario”.

También entra en liza la imagen de los productores en la sociedad urbana, una parte de la cual les cuestiona por ser receptores de ayudas comunitarias. “Pero si nosotros no queremos subvenciones”, exclamaban algunos, “queremos precios justos de los que poder vivir con nuestro trabajo. No tenemos que mendigar por una p… subvención. Nuestro trabajo tiene que tener un valor para que nuestras familias y nosotros podamos vivir bien”.

“El pan sube, y el trigo no. Este año ha sido malísimo en cuanto a producción y, como nos marcan los precios, se quedan muchas cosechas en el campo sin recoger (naranjas, mandarinas, nueces, chirimoyas, cereal, etc.) porque con la globalización los únicos que ganan son los que están ahí dentro”, agregaba mientras señalaba al edificio del MAPA.

A pocos metros de ella, María de los Ángeles ‘Geles’ Rosado, agricultora profesional, Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública y ex diputada nacional, señalaba que “ningún partido político hasta ahora se ha sentado para proteger o garantizar unos precios que haga viable la producción agraria en España”. “De todas formas, la desafección política está en toda la sociedad, independientemente de su sector, no solo en el agrario. Es una corriente europea”.

“Hay que hacer una campaña de mejorar la imagen del productor y enseñar a la gente lo que hacemos”, prosigue. “Nosotros tenemos la PAC, que no son subvenciones sino compensaciones a la renta porque trabajamos muy por debajo de los costes. Si no, no se producirían alimentos en España. Y producimos con los estándares más altos del mundo en términos de calidad, de cuidado del medio ambiente, laborales y uso de fitosanitarios. Si no fuera por las ayudas de la PAC, sería inviable. Hay que trasladar a la sociedad que las ayudas de la PAC es una inversión que hace para tener alimentos de la mejor calidad en su mesa, con la mejor garantía alimentaria y a un buen precio. Porque, aunque hay mucha diferencia con lo que nosotros percibimos, lo cierto es que el consumidor los adquiere a unos precios razonables”.

Rosado valora positivamente el hecho de haberse sentado el MAPA con las OPAs, pero tiene claro que “hay que ampliar las líneas de trabajo y profundizar en ellas. Vamos a esperar el devenir de los acontecimientos. Hay que cuidar al sector primario, como se hace en otros países”.