Los SCRAP alertan: la inseguridad jurídica frena el cumplimiento de la normativa de envases

Los principales SCRAP que operan en España debatieron el 13 de mayo, en las oficinas de la delegación en Madrid de Interempresas Media, sobre si el modelo actual de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) está preparado para adaptarse a la próxima década. Lo hicieron en un desayuno de trabajo moderado por el vocal del Patronato de la Fundación Conama, Vicente Galván, estructurado en tres bloques y con una duración aproximada de noventa minutos. La conclusión fue unánime: la acumulación de cambios normativos —el Reglamento Europeo de Envases o la futura Ley de Economía Circular, entre otras— está generando una incertidumbre que los SCRAP no pueden resolver solos porque, en demasiadas ocasiones, la Administración tampoco sabe cómo interpretar las normas que ella misma debe hacer cumplir.

Agradecimiento especial a Marina Ballesteros Arróniz.

La mesa de debate '¿Está el modelo actual de Responsabilidad Ampliada del Productor preparado para la próxima década?' reunió a representantes de varios de los principales SCRAP que operan en España. La cita, con una duración aproximada de noventa minutos efectivos de debate y estructurada en tres bloques, corroboró que los cambios normativos obligan a los SCRAP, por un lado, a adaptarse de forma continua a un entorno legislativo que en demasiadas ocasiones no es claro, propiciando interpretaciones divergentes, y, por otro, a un entorno empresarial que o bien no es del todo consciente de las implicaciones organizativas, administrativas y de diversa índole que genera ese nuevo entorno normativo, o bien mira hacia otro lado (en algunos casos mientras silba disimulando) para evitar hacer frente a cambios que ya afectan a todos los productos que se fabrican, se distribuyen y se comercializan envasados o transportados en envases, así como a los residuos de esos envases. En otras palabras, las consecuencias de este corpus legislativo afectan a todos los sectores económicos en los que se fabrican, distribuyen y comercializan productos físicos envasados o que se envasan para su transporte.

Foto de familia de los participantes en el desayuno, que tuvo lugar en las oficinas de la delegación en Madrid de Interempresas Media.

La jornada fue moderada por el vocal del Patronato de la Fundación Conama, Vicente Galván, quien advirtió desde el inicio que su intención era intervenir lo mínimo posible para facilitar la conversación entre los participantes. La presentación corrió a cargo de la responsable del Área de Tecnología y Medio Ambiente (TMA) de Interempresas Media, Mar Cañas, quien destacó el impacto logrado por la primera edición de este desayuno, celebrada el 30 de octubre del año anterior, cuyas tres crónicas sumaron más de dieciséis mil visualizaciones en la página web de FuturEnviro, a las que habría que añadir las menciones, comentarios y recomendaciones en redes sociales, principalmente en Linkedin. Cañas también puso en valor la potencia mediática de Interempresas Media, “la plataforma de comunicación B2B más grande en español, con varias delegaciones en España y una filial en Portugal. Con 81 cabeceras en papel, otros tantos canales temáticos en internet, así como boletines digitales sectoriales, la transversalidad de Grupo Interempresas no la puede ofrecer ningún otro grupo comunicativo en España en el ámbito empresarial”, remarcó Cañas.

El primero de los tres bloques se centró en la capacidad de los SCRAP para adaptarse a la próxima fase de la RAP, marcada ya no tanto por la aplicación del Real Decreto 1055/2022, sino por la entrada en vigor, en el muy cercano 12 de agosto, del Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR, siglas de Packaging and Packaging Waste Regulation). También en este primer tramo se debatió sobre la transformación que provocará la puesta en marcha del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). La idea que quedó en el ambiente tras esta primera charla fue que Europa, y particularmente España, afronta mucho más que un ajuste técnico: está dando forma a una profunda transformación del modelo de gestión de envases y de sus residuos, con el objetivo de avanzar hacia una economía circular que en cada sobresalto geopolítico cobra mayor relevancia.

En su primera intervención, Galván recordó a los asistentes que entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre se celebrará el Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama), animando a los presentes a participar en sus grupos de trabajo, lanzados hacía apenas un par de semanas. El vocal del Patronato de la Fundación Conama anunció que apenas iba a intervenir en la charla para que de esa manera el debate fluyera de forma más ágil y dinámica, lo que sin duda fue un acierto, porque la conversación se desarrolló con una naturalidad poco frecuente en este tipo de eventos, en los que en demasiadas ocasiones da la impresión de que cada participante habla de su libro sin prestar demasiada atención a las intervenciones de sus compañeros de debate.

El primero en tomar la palabra fue el director general de la Asociación Española para la Valorización de Envases (AEVAE), José Vicente Ronda, quien situó el foco en la dificultad de identificar al productor de producto en el nuevo marco. "Lo que estoy viendo es que los SCRAP tenemos las herramientas para que nuestros asociados puedan cumplir con los requisitos que se han establecido, pero lo complicado del reglamento es identificar quién es realmente el productor de producto. La principal duda que genera el reglamento es ésa, ya que establece unas nuevas categorías, unas nuevas definiciones de productor de producto. Hasta ahora las teníamos muy claras o pensábamos que las teníamos muy claras, pero son muy complicadas”.

Ronda añadió un aspecto de especial relevancia para una economía como la española, en la que las exportaciones del sector primario crecen. “Nuestros asociados venden en otros países de Europa y nos preguntan qué sucederá, ya que hasta ahora el criterio era sencillo: una empresa española vende en Francia, y si esa venta se realiza a través de distribuidor, el distribuidor es el productor del productor. Pero si esa empresa vende al consumidor final, el productor de producto es ella, por lo que debe encontrar un representante autorizado. No obstante, eso está cambiando; es decir, la cuestión ya no es si vendo, si distribuyo: ahora hay que dilucidar quién pone el producto envasado en el mercado”. El director general de AEVAE concluyó que, aunque salgan normas interpretativas, ”nosotros —como sistemas colectivos— tenemos que ser capaces de tener un criterio propio. Lo ideal sería que ese criterio propio estuviera consensuado entre todos nosotros para poder asesorar correctamente a nuestros asociados".

La directora Comercial y de Asuntos Públicos de Procircular, Esther Colino, apuntó que el contexto legislativo que afecta a los SCRAP no ha dejado de cambiar desde 2022. "Y lo realmente complicado es navegar este contexto. Nosotros, los SCRAP, tenemos que ser los mecanismos para hacer cumplir toda esta legislación a las empresas y muchas veces va todo tan rápido que las cosas no están claras. Y lo cierto, lamentablemente, es que las reglas del juego no están claras, o al menos no están todo claras que nos gustaría para poder transmitírselo a las empresas”.

Colino reconoció que el hecho de que se trate de un reglamento europeo tiene una ventaja: la interpretación debe ser homogénea en toda Europa. Sin embargo, se mostró convencida de que cuando el texto aterrice en los distintos Estados miembros “en cada país van a pasar cosas diferentes, por lo que nos costará un tiempo encajar todo este cuerpo legislativo”.

El riesgo, advirtió, es que las discrepancias generen incumplimiento y, con él, competencia desleal, algo que ya se está produciendo en España con el registro de productores de envases comerciales e industriales. Colino también alertó de que muchas empresas perciben la RAP “como una pérdida de competitividad. Porque va todo tan rápido, son tantas las exigencias, y algunas cambian en tan poco tiempo, que algunas empresas piensan que esto es tan complejo que es muy difícil cumplirlo”. Ante esa realidad, la directora Comercial y de Asuntos Públicos de Procircular admitió que hablar de la Ley de Economía Circular le resulta aún muy lejano: "Primero tenemos que ver cómo conseguimos aterrizar el reglamento europeo, que las empresas lo entiendan, que lo lleven a término, que sepan qué tienen que hacer y cómo en cada uno de los mercados donde operan”.

El director general de Ecolec, Luis Moreno, denunció que "la inestabilidad legislativa que sufrimos en este momento es tan grande que decir si estamos preparados o no para todos estos cambios es difícil, pero yo creo que, sinceramente, no lo estamos”. Moreno también apuntó que el Miteco ya ha anunciado que la Ley de Economía Circular se concretará en un decreto que previsiblemente añadirá nuevos requisitos.

En ese punto intervino el director general de Envalora, Joan Ros, para matizar la posición de Moreno. “Estamos haciendo un gran esfuerzo por preparar a las empresas, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Pero claro, surgen estas indefiniciones y como SCRAP, con la responsabilidad que tenemos, no quieres ofrecer una información equivocada o parcial a las empresas. En mi opinión, eso es lo peor que puedes hacer, sobre todo a las empresas que quieren cumplir”. Ros fue tajante al describir lo que no es aceptable: ”Lo que no podemos es ver pasar normativas que vienen a una velocidad de vértigo con unos objetivos de vértigo y decir, 'pasamos, tiramos para adelante y ya veremos qué sucede cuando venga el real decreto o cuando venga el reglamento’”. Ros también reveló que la propia Administración, en muchas de las reuniones que mantienen con los SCRAP, les pide orientación sobre cómo están interpretando la norma. “Pero a ver, si eres el órgano que tienes que velar por el cumplimiento de esta normativa, ¿cómo me preguntas esto?”, comentó en un tono que mezclaba la indignación y la sorpresa.

La directora general de IMPLICA, Laura Sanz de Siria, consideró que los SCRAP “tenemos que pasar de ser un mero instrumento financiero para convertirnos en una figura que va a incidir en las empresas, en la reciclabilidad. Se espera tanto de nosotros que no podemos quedarnos en quién tiene que financiar, sino cómo podemos incidir en esas empresas. Creo que ése es el futuro de un SCRAP eficiente: jugar un papel relevante en el diseño de la economía circular y lo que venga después”. Sanz de Siria anticipó que los próximos años serán difíciles: ”Entendemos la legislación, hacemos cumplirla y, además, nos convertiremos, como yo digo, en SCRAP 2.0, cuando nos convertiremos en una parte importante de las empresas, que —en mi opinión— es el objetivo que tiene la RAP, no es únicamente un objetivo financiero".

El coordinador del Sector Bebidas y Lácteos en Ecoembes, Germán Casado, remarcó que lo que necesitan los clientes es seguridad jurídica. “Al final dentro de este tsunami normativo de reglamento europeo, del nuevo real decreto, de la Ley de Economía Circular… para que las empresas se muevan, lo que necesitan es seguridad jurídica y hacer fácil el cumplimiento de todas estas normas”. Para Casado, los SCRAP deben ser ”una palanca para ayudar, no solo a los clientes, sino también a la Administración", un “motor del cambio para toda la cadena de valor“que, dentro de la sobrerregulación existente, logre aterrizar las obligaciones dando facilidad a todos los jugadores del mercado.”Por tanto, es fundamental contar con unas mismas reglas de juego para que nosotros, como SCRAP, podamos dar respuesta a los clientes sin dudas”, concluyó.

Ros tomó el relevo para añadir que los SCRAP no deben ser vistos como un organismo de financiación y que su papel va mucho más allá de ofrecer a la Administración una tabla resumida con datos de cumplimiento.

La directora general de Cartón Circular, Pilar Arrayás, demandó a los legisladores que “nos terminen de enseñar todas las reglas del juego, porque no podemos caer en que cada SCRAP haga una interpretación diferente de la misma norma”. Arrayás reconoció que la Administración “está muy perdida, al menos a nivel local y autonómico”, aunque quiso ver el lado positivo: haber tenido que operar bajo el real decreto previo ha ayudado a las empresas a entender sus obligaciones. La directora general de Cartón Circular también se mostró partidaria de algo que todos los participantes defendieron en algún momento: “hay que involucrar a toda la cadena de valor, porque están todos involucrados, aunque sea uno el que tenga que presentar cierta información, si no se lo ha pasado el proveedor, poco podemos hacer para que se cumpla la norma”.

Ros introdujo entonces otro factor de riesgo: el paquete ómnibus y la adaptación de las normativas a las microempresas. “Abrimos otro riesgo dentro del proceso de adaptación: no son solo los 'free riders' que quedan fuera, sino que los cumplidores ahora mismo están en indefensión manifiesta frente a empresas que no se han registrado. Creo que este es un proceso que ya vivisteis en su momento en los aparatos eléctricos y electrónicos. Todo esto hace necesario poner en marcha mecanismos. Y hay que actuar ya”. Casado cerró este hilo con una reflexión directa: ”Lo que no puede ser es que, ante esta situación, lo que es una herramienta para no perder competitividad permita sacar ventaja a aquellos que no hacen las cosas bien”.

En este sentido, Sanz de Siria, ejemplificó cómo el intento de las autoridades europeas de transitar hacia una economía circular genera reacciones contrarias. La directora general de IMPLICA hizo referencia a una carta firmada por alrededor de doscientos consejeros delegados de empresas europeas en la que solicitan a la Comisión Europea que relaje la aplicación de determinadas normas, ante la que se está preparando otra impulsada por asociaciones empresariales nacionales y continentales para que se respeten los plazos, dado que modificarlos generaría más indeterminación.

La gerente de Asuntos Públicos de Ecovidrio, Paula Cinto, defendió que los SCRAP sí están preparados para realizar su labor con solvencia, pero subrayó la dificultad de trabajar cuando la Administración no es ágil y, además, sus criterios cambian con una frecuencia que trastoca las acciones de los SCRAP. Cinto reclamó después unas reglas claras y un organismo supervisor que oriente a los SCRAP: "Ahora mismo todos trabajamos con normas que no terminamos de entender y con criterios que no están bien definidos. El escenario ha cambiado de forma sustancial: hay muchos más SCRAP, el alcance se ha ampliado enormemente, los envases afectados son más y las responsabilidades ya no son solo financieras, sino también operativas”.

Colino retomó la palabra para insistir en la corresponsabilidad. En su opinión, las empresas, en su gran mayoría, quieren cumplir, pero necesitan certidumbre. "Desde los SCRAP les ayudamos, pero si nosotros mismos carecemos de una guía clara, poco podemos orientarles. Y esa corresponsabilidad también implica a las administraciones que —en ocasiones por desconocimiento o por falta de recursos— no están en condiciones de dar las respuestas necesarias, ni a las empresas ni a los ciudadanos”.

La directora Comercial y de Asuntos Públicos de Procircular también denunció que la guía interpretativa elaborada por la Comisión Europea se queda corta: “Ojalá hubiera tenido 300 páginas, porque hay muchísimos elementos que no se han abordado y que siguen generando una gran incertidumbre”. La consecuencia práctica, describió, es que los SCRAP deben tomar decisiones que en ocasiones exceden sus obligaciones para dar respuesta a sus clientes: ”Tienes la responsabilidad de dar soporte a tu cliente para que llegue a la fecha en las mejores condiciones posibles, así que acabas diciéndole que lo haga de una forma concreta porque te parece la más razonable. Pero puede ocurrir que el ministerio publique después una nota interpretativa que diga exactamente lo contrario”.

Ante esa situación, Colino reclamó que la Administración proporcione "un soporte real: un ejercicio serio de análisis y de traslado de esa legislación a la práctica que nos permita a los operadores, que estamos cerca del mercado y sujetos a sus tiempos, ofrecer pautas claras y mensajes homogéneos a las empresas. No debería ser tarea nuestra interpretar determinados ámbitos de la norma; eso le corresponde a la Administración. Hay un problema de ritmos y de velocidades que nos coloca en una situación muy compleja”.

Moreno, por su parte, corroboró esas dificultades desde la perspectiva de los productores, ya que “algunos tienen recursos para adaptarse; otros, sencillamente, no pueden. Y cuando se ofrece una interpretación que parece la más lógica, no faltan quienes la cuestionan con una lectura completamente distinta. Al final acabas diciéndole que haga lo que crea que debe hacer y que, si más adelante hay una interpretación diferente, ya se le notificará y se le dirá cómo proceder. Vivimos una situación muy complicada, ya que acompañar a los productores en este proceso es una labor realmente difícil, precisamente por esas diferencias de ritmo y de capacidad entre unos y otros”.

El director general de Envalora señaló que “cuando llegan cambios normativos con este nivel de impacto, tanto sobre la industria como sobre el medio ambiente, la propia legislación debería anticipar algo que resulta imprescindible: que los Estados miembros y las comunidades autónomas, que son las competentes, refuercen obligatoriamente sus equipos. Con los recursos actuales es sencillamente imposible llevar a término todo lo que se les exige”. Joan Ros subrayó además que el impacto de esta legislación sobre la industria es enorme y que los departamentos responsables ”deben crecer a la altura de ese reto, porque van a ser actores principales en las decisiones que afectan a la economía circular y, sobre todo, a la competitividad de las empresas".

El penúltimo en intervenir en este primer tramo fue el director general de Genci y Sigaus, Eduardo de Lecea, quien cambió la dirección del debate. “Poco más voy a añadir a lo que ya se ha dicho, porque entre todos hemos identificado los problemas con bastante claridad. Pero me planteo una pregunta que creo que es la más importante de esta mesa: ¿y ahora qué vamos a hacer?”.

De Lecea reconoció que entre los SCRAP existen problemas sectoriales que dificultan el consenso. "Cada uno defendemos que nuestro residuo es distinto, que nuestra casuística no es comparable a la del resto. Y con dicinueve SCRAP, cada uno con sus particularidades, llegar a un consenso es enormemente difícil”. De Lecea propuso “definir un mínimo común, presentárselo a la Administración y actuar de forma uniforme. Luego iremos aprendiendo, daremos pasos y nos iremos ajustando, porque el reglamento no exige que todo esté resuelto desde el primer día; el horizonte llega hasta 2030”.

De Lecea también alertó de un riesgo inmediato: si entre los SCRAP circulan interpretaciones divergentes, el productor “que reciba el mensaje más cómodo se irá con quien le ponga las cosas más fáciles. Eso es algo que he vivido ya muchas veces. Eso es el corto plazo, y el corto plazo importa. Primero tenemos que ser capaces de sobrevivir todos en el corto plazo, porque si mañana alguien decide que determinadas obligaciones no aplican y se lleva a una parte del mercado con esa interpretación, el daño es inmediato. Y no quiero mirar hacia otro lado: eso puede pasar y, de hecho, ya está pasando”.

Cerró el bloque el director de Relaciones Institucionales de Signus Ecovalor, Román Martín, quien comenzó aclarando que el caso de Signus es diferente al del resto de los presentes, ya que opera bajo un nuevo real decreto aprobado el pasado mes de agosto que adapta su flujo de residuos a la Ley 7/22. “Eso no significa que dejemos de seguir el debate y las negociaciones sobre los reglamentos de envases; al contrario, ese marco es la referencia para el desarrollo de los flujos en diferentes residuos”, precisó Martín, quien admitió que cuando tiene una duda sobre el real decreto de neumáticos, consulta el de envases porque es mucho más extenso y suele tener la respuesta. La adaptación del marco normativo ha llevado a Signus a definir un nuevo marco jurídico e institucional y a evolucionar su modelo hacia un sistema colectivo más participativo y orientado a la economía circular, tal y como establece la Ley de Residuos, señaló Martín quien también se mostró expectante ante la futura Ley de Economía Circular. En su opinión, puede ser “un instrumento importante para complementar la legislación nacional”, dado que la normativa actual, a su juicio, está muy centrada en la gestión correcta del residuo, pero deja un vacío relevante en materia de economía circular.

“Hoy avanzamos en economía circular fundamentalmente porque tenemos objetivos muy ambiciosos que cumplir, lo que nos obliga a actuar, pero la norma no desarrolla después los instrumentos necesarios para lograrlo”, afirmó el director de Relaciones Institucionales de Signus Ecovalor. Por último, Martín remarcó que "la prevención es fundamental, pero la norma establece con claridad que se trata de una decisión individual de cada productor. El sistema colectivo únicamente puede elaborar el plan de prevención, ponerlo a disposición de los productores de neumáticos y repercutirles los gastos que haya generado su elaboración. La decisión de adoptarlo, en todo caso, corresponde a ellos”.

Joan Ros señaló que la parte financiera es muy importante, "especialmente en los momentos de arranque de los SCRAP. Cómo se han gestionado los recursos económicos, cuáles han sido los resultados y cómo se ha llevado a cabo ese proceso son cuestiones que a veces se pasan por alto. Si nos obsesionamos con llegar a una cifra final, estamos cayendo exactamente en la contradicción de lo que defendemos. Por eso es tan relevante el cómo: cuando se pone algo en marcha, debe existir un mecanismo de coordinación que deje muy claro a todos de qué manera se hacen las cosas y que garantice que eso se cumple".

"También es importante", prosiguió el director general de Envalora, "enfocar bien la prevención, tener claro quién es el productor del residuo y qué ocurre después con ese residuo. Y no olvidemos el ámbito en el que nos movemos: estamos hablando de envases, de productos, de bienes que circulan por el mercado, que se compran y se venden, y que solo en algunos casos acaban convirtiéndose en residuos. Perder de vista esa realidad es lo que a veces distorsiona nuestra actividad".

Esta intervención del director general de Envalora propició un intercambio de opiniones muy vivo, en el que varios participantes fueron solapando sus opiniones, generando un momento muy enriquecedor. Esas declaraciones cortas, matizadas con naturalidad (tanta, que las interrupciones entre unos y otros ponentes son frecuentes) convierten estos desayunos en un lujo. Eso sí, son una auténtica pesadilla para quien debe transcribir la jornada. Allá vamos.

Eduardo de Lecea mostró su incredulidad sobre las autorizaciones que establecen obligaciones adicionales. “No puede ser que tú, porque estés en Toledo, tengas unas obligaciones adicionales a las que tengo yo en Madrid”. Laura Sanz de Siria, apuntó que en IMPLICA han tenido acceso a autorizaciones autonómicas “y había requisitos extra de marcaje de envases reutilizables. A lo mejor, cuando a un SCRAP le imponen un requisito adicional, la reacción inicial es de rechazo: parece una carga injusta. Pero ese requisito extra puede hacer que un envase se gestione de una manera determinada y que, cuando el productor quiera cambiar de SCRAP, ese cambio se vea dificultado. Lo que en principio parece perjudicial para uno puede acabar siéndolo para todos en el futuro. Ese es el problema de la autorregulación de las comunidades autónomas”, lamentó la directora general de IMPLICA: “A veces actúan con la mejor intención y aun así se equivocan, generando barreras que afectan al conjunto del sector”.

Pilar Arrayás declaró que “estamos pidiendo transparencia hacia fuera, pero cabe preguntarse si todos estamos siendo realmente transparentes. Lo que más transparente sería que explicáramos nuestros propios procesos: cómo hacemos las cosas, cómo calculamos nuestros costes y nuestras tarifas, qué paga el poseedor, quién acepta qué. Todo eso es lo que deberíamos publicar, en aras de la transparencia y para que los productores dispongan de toda la información necesaria. Esto es un requisito importante de cara al libre mercado, a la competencia, a que los productores tengan libertad para elegir, porque así saben qué hace este, qué no hace, a dónde va mi dinero y cómo vamos a asegurar los objetivos”.

El director general de Ecolec, Luis Moreno, remarcó que su SCRAP realiza ese ejercicio de transparencia total hacia los productores con los que trabajan, “pero no hacia afuera, porque si se hace tal y como dices, Pilar, se rompe la competitividad del mercado. Cada uno de nosotros tiene su modelo de negocio y eso es algo que no podemos compartir. Yo entiendo que hay determinadas cuestiones que son internas y propias de la estrategia de cada SCRAP. Por eso hay que respetar unas normas de competencia. Dicho esto, en nuestro caso, todo lo que ha de ser transparente, es transparente”.

La voz de Eduardo de Lecea se elevó sobre las demás para señalar que “los datos de cada SCRAP serán auditados. Y en esas auditorías que pasaremos todos tendremos que certificar que las toneladas que hemos puesto en los documentos y las que hemos recogido”. En ese momento fue la directora general de IMPLICA, Laura Sanz de Siria, quien se abrió paso apuntar que en el “procedimiento de trazabilidad y en el procedimiento de procedimiento de fijación de tarifas se debe especificar cómo has calculado tus costes. Y piden tanto detalle que lo hemos puesto entero, ¿por qué? Porque estamos en arenas movedizas y como puede que no lo estemos haciendo bien, yo prefiero tener un documento entregado y validado”.

El director general de Genci y Sigaus respondió a Sanz de Siria que “si todos operamos en la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid me pide lo mismo que a ti, y tú respondes muy bien y yo muy mal, me dirán que amplíe la información. En ese sentido, debemos presentar los informes y, además, nos tienen que auditar, aunque no sabemos todavía cómo lo harán”.

“Lo que no será posible auditar”, continuó De Lecea, “serán los criterios que tú aplicas de qué se queda afuera y qué se queda adentro, ya que eso no podrán evaluarlo, porque nadie, por ejemplo, irá a la base de datos comercial de Repsol. Si yo le digo a Repsol que, según mi interpretación, no me declare los IBC porque no son envases (nota del redactor: IBC —en español, GRG o Gran Recipiente para Mercancías a Granel— hace referencia a los contenedores cúbicos industriales de mil litros utilizados por Repsol para el transporte y almacenamiento eficiente de sus productos químicos, betunes y asfaltos), el auditor no va a acudir a la base de datos comercial de esa empresa para comprobar cuántos IBC ha vendido a sus clientes”.

“Cuando hago una interpretación de qué está dentro y qué no, de qué me tienen que declarar y qué no, puedo presentar mis tarifas y mis criterios, y el auditor puede preguntar qué me han declarado y cómo he fijado esas tarifas. Pero eso es solo la forma. Si el numerador está mal, todo lo demás también lo está. Y luego”, concluyó De Lecea, “está la cuestión de fondo: ¿cómo negocio?, ¿cómo mido?, ¿cómo valido las toneladas que estoy declarando? En definitiva, ¿cómo se da validez a esas cifras?”

Joan Ros intervino de nuevo para complementar este hilo y apuntó que “hay que dar más luz y transparencia para demostrar que a todos se nos están aplicando las mismas reglas. Como decía Laura, en las memorias de actividades debe quedar claramente identificado cómo se han calculado las tarifas, cuáles han sido los retornos, cómo se han establecido todos los acuerdos y qué mecanismos se han utilizado. También debe explicarse si existe desigualdad de precios, porque quizá sea necesario generar algún procedimiento para realizar contrataciones diferenciadas, ya sea por su impacto económico o porque se esté financiando de manera distinta a los mismos actores en una determinada zona geográfica. Por tanto, el primer paso es que todo esto quede incorporado en la memoria de actividades”.

Esther Colino abrió otro frente que elevó la temperatura del debate: las autorizaciones provisionales. “Estamos en una situación en la que nosotros ya contamos con la autorización definitiva desde hace dos años. Sin embargo, todavía hay muchos que no la tienen; es decir, han pasado ya dos años y aún no está claro si forman parte de la red. ¿Cómo podemos hablar de incremento cuando todavía existen estas situaciones y, además, con las implicaciones que tiene disponer de una autorización provisional o definitiva? Algo que no es, ni mucho menos, un tema menor. Todo este contexto no ayuda a que todo el mundo esté sentado en la mesa asumiendo las mismas responsabilidades al mismo tiempo, porque es precisamente ahí donde empiezan a surgir discrepancias”.

“Llega un nuevo real decreto y una aplicación del reglamento que todos empezamos a entender, aunque todavía le falten muchas cuestiones por concretar”, señaló Ros, quien propuso que todos los “actores que estamos poniendo esto en marcha nos sentemos para terminar de definirlo, porque ya sabemos qué apartados hacen falta”.