Asagua alerta del bajo cumplimiento de las inversiones en agua y reclama un pacto nacional para garantizar el ciclo urbano
La Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua) celebró en Madrid el 8 de septiembre de 2025 su Asamblea Anual, en la que advirtió de que “poco o nada se ha avanzado” en la resolución de los principales problemas que afectan al sector. Según la asociación, el ciclo urbano del agua acumula un déficit de inversión de 35.000 millones de euros desde 2007, situación agravada por fenómenos climatológicos extremos como sequías o danas, y que pone en riesgo el servicio público que representa.
Asagua denunció que “la inversión en agua es insuficiente, no es sostenida ni sostenible; resulta errática y no se ejecuta en su totalidad”. El grado de cumplimiento de las inversiones programadas nunca alcanza el 100% de ejecución y, en numerosos ejercicios, ni siquiera supera el 50%.
Una parte significativa de las actuaciones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado se repite año tras año sin llegar a licitarse. Según la asociación, esta práctica refleja “la dejadez del Ejecutivo a la hora de establecerlas y la de los políticos a la de aprobarlas”, lo que demuestra que, pese a los discursos elogiosos, “el agua sigue abandonada”.
Los planes hidrológicos de cuenca tampoco se ejecutan íntegramente. En los de segundo ciclo, la propia administración reconoció que la ejecución no superó el 50%, lo que Asagua considera inadmisible en el actual escenario de déficit inversor y crisis climática.
Asagua remarca que resulta imprescindible alcanzar un pacto nacional por el agua que desemboque en un plan hidrológico nacional.
Exigencia de un pacto nacional por el agua
La patronal subrayó que resulta imprescindible alcanzar un pacto nacional por el agua que desemboque en un plan hidrológico nacional. Dicho plan debe contemplar con objetividad el empleo de todos los recursos disponibles y estar diseñado y ejecutado por técnicos especializados, al margen de intereses políticos.
Asagua reclamó que la planificación futura se fundamente en criterios científicos y técnicos, y que las inversiones sean vinculantes, reales y “generosas, acordes a las necesidades”. Asimismo, advirtió de que la contratación pública se ve lastrada por una normativa anticuada, por la falta de revisión de precios y por la falsa idea de que lo más barato es siempre lo mejor, en lugar de apostar por la mejor relación calidad-precio.
Con un déficit de inversión de 35.000 millones de euros, los presupuestos, los planes hidrológicos de cuenca y los fondos de recuperación, transformación y resiliencia no alcanzan las cuantías necesarias para cubrir las carencias actuales. Ante esta situación, Asagua reiteró la necesidad de desarrollar la colaboración público-privada, estableciendo una regulación completa y modificando la Ley de Desindexación y su reglamento.
Transparencia y programación de actuaciones
La asociación reclamó también mayor transparencia. Recordó que, en el primer trimestre de cada año, las administraciones deberían publicar el programa de actuaciones para que las empresas dispongan de información fiable que les permita planificar su actividad. “Solo así se podrá dar al agua el impulso que tanto necesita”, señaló.
Más de 8.000 ayuntamientos con competencias en el ciclo urbano
Asagua recordó que, desde la entrada en vigor de la Ley 24/2014, de 20 de abril, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, las competencias del ciclo urbano del agua corresponden a los entes locales. En España, más de 8.000 ayuntamientos son responsables directos de este servicio, aunque solo las grandes ciudades cuentan con medios suficientes para gestionarlo.
La asociación advirtió de que no es extraño encontrar depuradoras sin funcionamiento por la falta de recursos de los municipios, lo que agrava la precariedad del sistema y confirma la urgencia de reforzar las inversiones y modernizar la gestión del agua en el país.
El Plan Hidrológico Nacional reclamado por Asagua “debe contemplar con objetividad el empleo de todos los recursos disponibles y estar diseñado y ejecutado por técnicos especializados, al margen de intereses políticos”
