Todos contra el nuevo acuerdo UE-Marruecos

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se instó ayer a la huerta almeriense a salir a la calle, a decir en público lo que piensa sobre este acuerdo que abre las puertas y liberaliza prácticamente a la mayoría de los hortícolas del país norteafricano. La organización agraria convocó, como protesta, un paro de cinco minutos en todas las grandes comercializadoras de la provincia de Almería. “El acuerdo entre la UE y Marruecos es un atentado contra la economía almeriense”, aseguran. Y especifican que cuando hablan de economía, no se refieren a intereses especulativos o fríos números: “Hablamos de las familias que viven de su trabajo en las explotaciones agrícolas, hablamos de los trabajadores que desarrollan su actividad en el campo almeriense, hablamos de las personas que se ganan su sueldo en la industria auxiliar o en las empresas comercializadoras. Hablamos de hombres y mujeres que dependen de un sector agroalimentario con futuro para vivir. Y eso es lo que hoy ha puesto en riesgo el Parlamento Europeo”, argumentan desde UPA.

Además, insisten en que el acuerdo agravará la crisis económica del sector, aumentará el paro y generará una ruptura de la cohesión social que, aunque frágil, “aún disfrutamos”. “Estamos ante uno de esos hechos que cambian completamente la forma de vivir de una región o provincia, que modifica sus relaciones sociales y económicas para provocar una trasformación radical, que con seguridad será dolorosa y, si no ponemos soluciones encima de la mesa, trágica”.

La aprobación del acuerdo “es pasado” para UPA, que ya mira hacia el futuro: “Hemos de trabajar unidos con las nuevas reglas de juego y hacer que éstas se cumplan, sin excepciones ni engaños”. Además, UPA llama a la unidad del sector hortofrutícola, a fin de analizar lo ocurrido y plantear una estrategia conjunta y única: “Nuestro futuro pasa por el trabajo, la unidad y el desarrollo de respuestas serias e imaginativas ante los retos que nos toca enfrentar. Pero sobre todo, por conseguir una voz única para el sector y un sector que piense y actúe movido por su interés colectivo”.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias, y en relación al nuevo acuerdo, ya esperaban algo así aunque lamentan la aprobación del mismo por parte del Parlamento Europeo porque supone un paso más del proceso de liberalización del comercio agrario entre ambos territorios. Según fuentes de la organización agraria, los argumentos del sector han calado hondo en el Parlamento donde ha habido un profundo debate, aunque una mayoría suficiente de eurodiputados ha desoído a quienes se oponían al Acuerdo criticándolo por desequilibrado, por los perjuicios que conllevaría para el sector hortofrutícola comunitario y que pusieron en cuestión los supuestos beneficios para el desarrollo del país vecino. “Cooperativas Agro-alimentarias, al frente de las organizaciones representativas del sector en España y en Europa, ha llamado en los últimos meses la atención sobre la falta de reciprocidad, el debilitamiento de la competitividad de las exportaciones españolas, la falta de garantías del mecanismo de precios de entrada o los efectos negativos sobre el empleo, en regiones con escasas alternativas de desarrollo económico y elevada tasa de paro”, explican. Aun así, critican que en la toma de decisión han pesado más el miedo a mancillar las relaciones políticas de la UE con el Magreb y el interés económico de la agricultura continental, los sectores de los alimentos transformados, los inversores y exportadores extranjeros en Marruecos, y los Estados miembros que los defienden.

Una vez adoptada dicha decisión política, sólo queda minimizar sus efectos negativos sobre el sector hortofrutícola, en opinión de la asociación. Por ello, teniendo en cuenta la resolución no legislativa, aprobada por la Eurocámara, en la que constan las preocupaciones expresadas por el sector agrario europeo en los últimos meses y de sus razones para rechazar el proceso, junto a los informes de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF), Cooperativas Agro-alimentarias reclama ahora una serie de exigencias a las autoridades comunitarias. En primer lugar, que se reforme de forma urgente el régimen de precios de entrada, los cambios de los Reglamentos de aplicación de la Comisión no deben esperar a la reforma de la PAC 2014-2020, para impedir cuanto antes que los operadores eludan pagar las tasas aduaneras. En segundo lugar, solicitan a la Comisión que se implique en los procedimientos aduaneros para que los controles sobre los productos hortofrutícolas procedentes de Marruecos sean rigurosos y eficaces, independientemente de que el puesto de inspección fronteriza se encuentre en uno u otro Estado miembro, y que se aplique el principio de reciprocidad –en materia fitosanitaria, medioambiental y laboral– en todas las relaciones comerciales. Y por último, que se potencie la competitividad de las exportaciones hortofrutícolas españolas y su posicionamiento en los mercados.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) presentará dicho recurso, ya que consideran la ratificación del acuerdo un “duro mazazo” para el campo español. Según fuentes de la organización agraria, éste hipoteca el futuro de 250.000 explotaciones hortofrutícolas y amenaza 450.000 puestos de trabajo y más de 8.500 millones de euros en exportaciones al año. Ante el sí del PE, los Servicios Técnicos de COAG ultiman un informe jurídico que recoge, en su opinión, la vulneración de la normativa comunitaria, en materia de derechos fundamentales de los consumidores, y atenta contra la legalidad internacional, en lo referente a la inclusión de los territorios del Sáhara Occidental. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo como la UE abandona a su suerte a los productores de frutas y hortalizas españoles, facilitando la entrada sin control de productos marroquíes cultivados con sueldos de miseria (cinco euros/día frente a los 50 euros en España), con nulas garantías sociales para los trabajadores y con la utilización de fitosanitarios para el tratamiento de plagas prohibidos hace décadas en la UE por su agresividad”, ha afirmado Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG.