Luz verde a la Ley de Mejora de la Cadena Agroalimentaria y reducción del impacto de los costes de producción

La Ley debe abordar asuntos como las prácticas comerciales abusivas prohibidas, la negociación colectiva de los contratos agrarios en el seno de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. También ha de contemplar la incorporación de cláusulas de aplicación de la normativa de competencia al sector agrario, permitiendo una interpretación de ésta similar a la que se hace en otros Estados Miembros (Francia) con los que debemos competir. Ello con el objetivo de reequilibrar el poder negociador de los agentes de la cadena y garantizar la competencia leal entre ellos, la máxima eficiencia de las operaciones y la libertad de elección del consumidor a la hora de adquirir sus productos. Dentro de dicha normativa será imprescindible fortalecer el poder negociador de los agricultores y fomentar la vertebración económica del sector productor, en particular mediante la integración cooperativa.

Este propósito se lograría a través de la puesta en marcha de:

-Medidas Fiscales. Mediante el incremento del IVA de compensación al sector ganadero equiparándolo a la agricultura; el mantenimiento de las deducciones del rendimiento neto previo por adquisiciones de gasóleo (35%), plásticos o fertilizantes (15%) y la reducción general del 2%. Así como el 10% por gastos de difícil justificación en el régimen de estimación directa simplificada; y finalmente, la aplicación del tipo reducido del IVA a los consumos energéticos de los agricultores profesionales (electricidad y gasóleo).

-Tarifas eléctricas. Soluciones para el incremento exponencial de la factura eléctrica en los últimos años. Es decir, la implantación de un contrato adaptado a las características específicas del consumo en el sector agrario.

-Desarrollo de las energías renovables en el sector agrario y de la figura de la Explotación Agraria Productora de Energías Renovables.

- Seguros Agrarios. Se trata de trabajar en la implantación de líneas de seguros que vayan más allá de los daños y que garanticen el mantenimiento de un nivel renta para afrontar las fluctuaciones de los precios y de los costes.

Básicamente, para los agricultores/as y los ganaderos/as, dado el carácter penoso, duro y de gran exigencia física de la actividad agraria, imposible de corregir o resolver a través de cambios en las condiciones y puestos de trabajo.

En este ámbito, especificamos varios puntos a trabajar:

-Medidas de gestión del mercado. Ante la ausencia de propuestas en este ámbito, la UE debe cambiar su política de desregulación de los mercados e instaurar los mecanismos que eviten por un lado, la volatilidad de los precios y la fluctuación de los mercados agrícolas y por el otro, que garanticen unos precios a los agricultores por encima de sus costes de producción (gestión y regulación pública, intervención, control de la producción, mantenimiento de cuotas lácteas, cupos de azúcar y derechos de replantación de viñedo, cláusula de medidas excepcionales, reservas estratégicas, etc.). Se exige pues, la aplicación del principio de preferencia comunitaria y replanteamiento del actual marco de liberalización comercial a través de las negociaciones con la OMC y los acuerdos de libre comercio de la UE con países terceros, dado sus efectos perversos tanto para los agricultores del Norte como del Sur.

- Importaciones de países terceros, así como control y exigencia en cuanto a normas ambientales, sociales, laborales y de calidad y seguridad alimentaria que la Unión Europea impone a sus propios agricultores. Por el grave riesgo que suponen para el sector, rechazamos los Acuerdos con Marruecos y Mercosur.

-Ayudas directas. Exigimos la aplicación del concepto de agricultor activo, como destinatario de las ayudas públicas y establecimiento de límites de ayuda a las explotaciones en función del nivel de autoempleo y empleo generados. COAG propone a nivel estatal que se defina como agricultor activo al agricultor profesional que realiza la actividad agraria de forma directa, a tiempo completo o parcial, cuya renta proveniente de la actividad agraria sea especialmente significativa y que como consecuencia de esta actividad cotiza obligatoriamente en el Régimen Agrario de la Seguridad Social.

Desde COAG, consideramos imprescindible la derogación de las autorizaciones de cultivo de las variedades OMG en España, así como la puesta en marcha del registro de parcelas de cultivos modificados genéticamente.