Estudio sobre la Estructura de la propiedad de tierras en España

Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia son las CC AA que han sufrido un mayor abandono de explotaciones. Se reduce significativamente la Superficie Agraria Útil (SAU), provocando que en 10 años se hayan perdido más de 650 hectáreas diarias, en total 2,4 millones. Pervive la propiedad latifundista (más de 500 ha): el 0,44% de las explotaciones acaparan el 17% de la superficie. A nivel europeo, la propiedad de la tierra se ha vuelto tan desigual que en algunas regiones alcanza niveles parecidos a los de Brasil y Colombia.

Las organizaciones Plataforma Rural, Fundación Mundubat, Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), Sindicato Lábrego Galego (SLG), EHNE Bizkaia, la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (CERES) y Sindicato de Obreros del Campo (SOC) junto a la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, presentaron en el Congreso de los Diputados la campaña ‘Por una política de tierras justa y sostenible en España y Europa’. Una campaña que parte de las conclusiones del estudio sobre la propiedad de la tierra en todo el territorio comunitario. Entre las mismas, destacan que “la propiedad de la tierra en Europa se ha vuelto tan desigual que en algunas regiones alcanza niveles parecidos a los de Brasil o Colombia, países conocidos por su inequidad en la distribución de las mismas. Según datos oficiales, el 3% de las fincas controlan el 50% de la superficie agraria útil en la UE”. Además, destaca que “en el Estado español, la evolución de número y dimensión física de las explotaciones sigue las tendencias observadas a nivel europeo" y, en concreto, el estudio recoge tres elementos sucecidos en la primera década del siglo XXI.

En primer lugar, el número de exportaciones agrarias se ha reducido un 23,2% entre los años 1999-2009. En tan solo diez años se ha pasado de 1.289.451 a 989.796, es decir, lo equivalente a 82 explotaciones diarias. En valores absolutos, las comunidades autónomas que han sufrido un mayor abandono de explotaciones agrícolas han sido la Comunitat Valenciana (con 49.460 explotaciones), Andalucía (48.200) y Galicia (37.350). En cuanto a porcentajes, en los últimos diez años, la Comunidad de Madrid ha perdido el 33,5%, el País Vasco el 33,1%, Galicia el 31,5%, Asturias el 31,1% y Cantabria el 30,2%. Sin embargo, las razones y explicaciones que hay detrás de cada uno de los casos son diferentes y tienen que ver con la estructura agraria, la estructura de la tierra tradicional, la orografía o el desarrollo territorial que en cada comunidad autónoma se ha producido.

En segundo lugar, la pérdida de Superficie Agraria Utilizada (SAU). En el periodo 1999-2099 esta superficie ha disminuido un 9,2% lo que equivale a una disminución de 2,4 millones de hectáreas (de 26,15 a 23,75 millones de hectáreas). Ello quiere decir que trasladado el dato a una media, hay una pérdida de 659 ha por día. En términos generales, las comunidades autónomas con las mayores reducciones en el número de explotaciones coinciden con aquellas que experimentan una mayor reducción de superficie agraria útil, salvo en los casos de Comunitat Valenciana y Galicia. Esta evolución negativa de la SAU es un hecho territorial generalizado que se explica por diversos factores: el abandono de las explotaciones agrícolas y la relación entre la transformación de la SAU y la de otras ocupaciones del suelo (superficie artificializada y superficie forestal).

En tercer lugar, el tamaño de las explotaciones. Este se ha incrementado un 18%, concentrándose entre las explotaciones de tamaño medio-grande. De la pequeña explotación, vemos que representa más del 52% del total pero solo el 4,35% de la superficie. Le sigue la catalogada mediana explotación, que aglutina las unidades productivas con una dimensión entre 5 y 70 ha, y “donde el equilibrio es mayor que en el resto de tramos”. De hecho, este tramo representa el 40,18% del total de las explotaciones, con el 32% de la tierra. Dentro de este grupo, se encontraría la pequeño-mediana explotación, que abarcaría aquellos terrenos con una dimensión de hasta 30 ha, que representan el 30,9 % de las explotaciones y disponen del 16,18% de la tierra disponible; y las explotaciones medianas de entre 30 y 70 ha que representan el 8,10% del total y acumulan el 16,23% de la SAU. Otra más es la gran explotación, ubicada en el tramo entre 70 a 500 ha, y que representa la mayor parte de la superficie cultivada (46 %). Por último, la propiedad latifundista (> 500 ha), que acapara el 17,62% de la superficie pero tan solo suponen el 0,44% de las explotaciones.

Los cambios en el uso del suelo son evidentes; los procesos de urbanización, la expansión de las áreas industriales, la construcción de grandes infraestructuras, y el destino de áreas territoriales a la explotación energética van presionando progresivamente sobre la tierra agraria. Pero en la pérdida de tierra agraria inciden otros factores como el precio de la tierra, la falta de relevo generacional, o los mecanismos de cese en la actividad.

Los datos del estudio muestran una estructura de la tierra que además es “injusta” desde el punto de vista de sexo y edad. Si nos centramos en la titularidad de la tierra a nivel estatal, vemos que las mujeres tan solo son propietarias del 23,02% de la tierra agraria útil. Este porcentaje varia sensiblemente entre comunidades autónomas; mientras que en Galicia las mujeres poseen el 47,01% de la tierra, en La Rioja tan solo son titulares el 14,10% y en Aragón el 16,1%. Otro dato relevante es que el 58,8% de las explotaciones propiedad de las mujeres tienen una superficie menor de 5 ha. Este porcentaje alcanza el 82% en el caso de la Comunitat Valenciana. En estas explotaciones pequeñas es donde destaca la presencia de mujeres titulares: un 25% de las mujeres titulares lo son de explotaciones de menos de 2 ha, y casi un 60% de explotaciones con titulares femeninas tienen dimensiones menores a las 5 ha. En el otro extremo, en los terrenos con más de 50 ha, las mujeres titulares apenas representan el 5% del total.

En cuanto a la edad, a escala estatal más del 25 % de las explotaciones pertenecen a titulares con una edad superior de 65 años y más del 61 % tiene más de 55 años. Además, estas personas poseen el 51,5 % de la tierra agraria. Estos porcentajes trasladados a la titularidad de la tierra, muestran como el 35 % de las personas titulares de explotaciones tienen más de 65 años y poseen el 25,10 % de la superficie agrícola. Pero más significativo es el hecho de que el 61 % de las personas titulares tienen más de 55 años y poseen el 51 % de la superficie y, por otro lado, solo el 4,56 % son explotaciones de titulares con menos de 35 años y solo disponen del 6,64 % de la tierra.

Las organizaciones promotoras del estudio consideran necesario el abordaje global de una política de tierras pública, activa, justa, social y sostenible acorde con los retos de futuro a los que se enfrenta la sociedad en general, y el medio rural y el sector primario en particular. Desarrollar y aplicar cada una de las medidas propuestas exige un análisis pormenorizado y un debate intenso que proponemos desarrollar en diálogo con las organizaciones sociales representativas.

Los principales objetivos de esta política de tierras deberían ser definidos de manera concreta, pero las organizaciones citadas consideran que deben girar en torno a: frenar el proceso especulativo sobre la tierra agrícola, garantizar un acceso más igualitario y democrático a la tierra por parte de los sectores sociales y económicos en activo que promueven una dinamización económica del medio rural, favorecer en especial el acceso de mujeres y jóvenes a la tierra, evitar la concentración de la tierra y el acaparamiento por determinados sectores económicos, proteger el suelo agrario y la calidad del suelo agrario, es decir, su fertilidad y capacidad de conservar biodiversidad, y asegurar su uso de manera que garantice el equilibrio territorial.

Para conseguir estos objetivos, deben desarrollar a nivel institucional y político las siguientes actuaciones:

• La creación de una institucionalidad concreta como puede ser una Agencia Pública de Gestión y Gobernanza de la Tierra que deberían asumir los objetivos de las políticas de tierra e impulsar y coordinar los diversos instrumentos puestos en marcha.
• Desarrollar, mejorar y consolidar los Bancos de Tierras y darles profundidad en el marco político definido para que dejen de ser únicamente meros gestores e intermediarios en el mercado de la tierra.
• Iniciativas encaminadas a la aprobación de Leyes de Protección del Patrimonio Agrario Público; dada la dispersión en la titularidad, reclaman mecanismos de cesión de la gestión, el uso e incluso la titularidad de estas tierras entre las diversas administraciones para que su gestión sea más coherente y eficaz.
• Recuperar el contenido de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural porque en su contenido se planteaban figuras interesantes al tema como 'la agricultura con contrato territorial' que nunca fueron exploradas con seriedad.
• Transparencia en la información y que repercute en la acción política, lo que se refiere al tratamiento estadístico del factor tierra.
• Reactivar y revitalizar los espacios de titularidad comunitaria y pública de la tierra exigen la derogación de la Ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración local. Sin embargo la derogación de la ley aunque es un primer paso necesario, no es suficiente para apoyar y fortalecer la particularidad de la gestión comunal que existe en amplias zonas del estado.