Reforma de la PAC y principio de reciprocidad con terceros países

Las explotaciones familiares agrarias se juegan mucho con la reforma de la Política Agraria Común que se decide en estos momentos en Bruselas. Tras conocer la propuesta de reforma de la Comisión Europea, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos consideramos que, de no modificarse, supondría un perjuicio irreparable para la agricultura y la ganadería productivas. Es necesario un presupuesto suficiente, que defina correctamente la figura del agricultor en activo, que se establezca un techo de ayudas por explotación para que el reparto sea justo y equitativo y que se tengan en cuenta criterios productivos en la determinación de las ayudas directas.

Desde UPA fuimos los primeros en reclamar “precios justos para nuestros productos”, ante la terrible situación que vivimos todos los productores españoles. Y es que recibimos un precio en origen que en muchas ocasiones no cubre los costes de producción mientras observamos como el consumidor paga un precio en destino totalmente injustificado. Es necesario que el Gobierno dé el empujón definitivo a la Ley de Mejora de la Cadena Agroalimentaria. El futuro del mundo rural español depende de ello. Es preciso establecer medidas concretas que ayuden a vertebrar el sector productor español sobre la base de la concentración cooperativa.

Es imprescindible un profundo cambio en la política comercial de la Unión Europea, que se debe impulsar desde nuestro país. Debemos garantizar la protección del mercado europeo para permitir su regulación y estabilización. El principio de reciprocidad debe estar presente a la hora de definir las relaciones comerciales con terceros países. Es absolutamente necesario definir y fijar mecanismos de control que garanticen las condiciones de los acuerdos alcanzados con terceros países.

Se debe acometer con decisión un plan que reduzca y racionalice el uso de insumos en la agricultura y ganadería española, como único camino para garantizar la sostenibilidad de nuestra actividad. Los costes de producción que debemos afrontar son insoportables para nuestras explotaciones. En el año 2011 se han encarecido un 10,2% de media, destacando el encarecimiento de las partidas de energía y lubricantes (18,1% más), la de fertilizantes y enmiendas (15% más) y la de los piensos (13,6% más). Hay que seguir con mucha atención la propuesta de la Comisión de la UE de revisar la Directiva de la Imposición energética, basada en las emisiones de CO₂ y en el contenido de energía, así como la posible retirada de las exenciones impositivas actuales sobre el combustible utilizado para fines agrícolas. En materia de regadíos se deben aprobar los contratos de temporada de modo que los regantes paguen por la energía en función del tiempo que la consuman.

Hay que poner en marcha un plan de choque que alivie la situación tan dramática que atraviesa el sector ganadero español. Es imprescindible la elaboración de un plan estratégico de la ganadería, que garantice su viabilidad a medio-largo plazo y haga más rentables las explotaciones. Un plan que contribuya también a generar beneficios medioambientales y sociales.

Desde UPA exigimos valorizar la agricultura territorial en las políticas de desarrollo rural, tanto a través de la Ley de Desarrollo Sostenible para el medio rural como del incremento de medidas horizontales en los Programas de Desarrollo Rural. También demandamos la aplicación del Real Decreto que regula las dos figuras de contratos territoriales como instrumento de apoyo al desarrollo rural. Por último, reclamamos la aplicación y desarrollo de la Ley de Titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que acaba de entrar en vigor el pasado 5 de enero.